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• Norma excluye 59 delitos de la Ley contra el Crimen Organizado que ya no podrán ser procesados bajo alcances de la norma, entre ellos los delitos de corrupción y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
• También obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado, lo que afectará la efectividad de la medida legal.

Alerta. Capital Humano y Social Alternativo expresa su preocupación por la decisión de la Comisión Permanente del Congreso, que el último jueves aprobó, en segunda y definitiva votación, la iniciativa que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, favoreciendo a las redes criminales. La norma no solo excluye de los alcances de la ley a 59 tipos penales que ya no podrán ser procesados bajo dicha normatividad, sino que obliga a que los allanamientos se realicen en presencia del involucrado y su abogado.

“Esto significa impunidad total en favor de las organizaciones criminales”, subrayó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, quien explicó que la iniciativa aprobada fija criterios más altos para calificar el delito de organización criminal, pues ahora se considerarán solo delitos con penas superiores a seis años de cárcel.

Valdés refirió que, con la modificación de la ley, ya no serán considerados como crimen organizado los delitos informáticos, estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, marcaje no agravado, tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes, y tráfico ilegal de datos personales, entre otros. Pero no solo eso, también se excluyen todos los delitos relacionados a la corrupción, como concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo simple, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito básico, tráfico de influencias, falsificación de documentos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

“El Congreso sigue legislando en favor de la criminalidad; no solo con esta iniciativa, hay un conjunto de normas que convergen entre sí y favorecen a aquellos que han cometido delitos de corrupción en el marco de una organización criminal”, aseveró.

En ese sentido, Valdés recordó que el Parlamento también aprobó en marzo pasado cambios a la Ley de colaboración eficaz, las cuales, con las nuevas modificaciones, significan en la práctica que la Fiscalía solo tendrá 8 meses de plazo para acreditar pruebas en casos de crimen organizado. “Sin duda esto favorecerá a una serie de personajes de partidos políticos o del gobierno anterior y el actual que han cometido delitos de corrupción y se verán aliviados con los cambios”, sostuvo.

El director ejecutivo de CHS Alternativo cuestionó, asimismo, que se haya aprobado que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado, pues dijo que ello desnaturaliza la figura legal. “Definitivamente en un allanamiento el espíritu es el factor sorpresa, sino sería imposible encontrar evidencias. Con la modificación se afectará la efectividad de esta medida legal”, puntualizó.

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