CHS Alternativo, junto a organizaciones de seis países de América Latina, pidió que se implementen nuevos lineamientos para mejorar la prevención y sanción del delito, así como la atención de las víctimas..

Ante el notable incremento de los grupos criminales dedicados a la trata de personas en la región, organizaciones de la sociedad civil de siete países de América Latina –entre las que se encuentra CHS Alternativo– exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implemente nuevos lineamientos para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones a fin de prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata de personas, así como reparar integralmente a sus víctimas.

En la audiencia «Acceso a la justicia para víctimas de trata de personas en las Américas”, en el 187º periodo ordinario de sesiones de la CIDH, realizada este 12 de julio en Washington, Estados Unidos, las organizaciones integrantes de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres en América Latina y el Caribe (GAATW), dieron a conocer la situación de la trata de personas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú y cómo, en estos países, las bandas criminales recurren a diferentes medios para captar a sus víctimas con el propósito es explotarlas y obtener grandes ganancias económicas.

Durante el último año, diversos reportes periodísticos han revelado el incremento de los grupos criminales organizados que operan en el Perú y cometen delitos relacionados a la trata de personas con la finalidad de explotación sexual. Entre ellos está el Tren de Aragua y Los Tiguerones de Guayaquil, con sus distintas facciones, los cuales mantienen disputas por el control de las zonas donde realizan sus actividades delictivas, las cuales han dejado varias personas muertas.

Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo –-y quién presentó la situación de la trata de personas en el Perú-– aseveró que, aunque el Perú es uno de los países que más ha avanzado en la penalización y la institucionalización del delito de trata de personas (con fiscalías, juzgados y policía especializada), aún mantiene una debilidad en la aplicación del marco jurídico. “No existen políticas públicas diseñadas para que los operadores de justicia puedan actuar en cada caso específico; tenemos las normas, pero no su aplicación en la práctica. Hace falta una mejor capacitación para la aplicación de los estándares internacionales, y esta es una situación que se repite en todos los países de Latinoamérica”, dijo.

Ante los nuevos escenarios de los delitos de trata de personas, las organizaciones pidieron a la CIDH que desarrolle nuevos lineamientos internacionales que tomen en cuenta la realidad latinoamericana, a fin de que se redefinan los conceptos de explotación humana para que los Estados los adecúen a sus normativas internas y los conviertan en obligaciones a tomarse en cuenta al momento de aplicar sanciones a los responsables de la trata de personas y al buscar justicia para las víctimas.

Por otro lado, las organizaciones solicitaron implementar un espacio de diálogo entre la CIDH y la sociedad civil para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el organismo a los Estados y que este incluya un cronograma y compromisos definidos. Asimismo, se pidió la elaboración de un informe anual que distinga y clasifique a los países según el cumplimiento de las recomendaciones recibidas, el mismo que debe contemplar algún tipo de responsabilidad en caso contrario.

Contexto peruano

En el año 2022, las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas (FISTRAP), del Ministerio Público, registraron un total de 1430 víctimas de este delito, de las cuales el 72% (1031) son mujeres y el 18.9% son extranjeras (85% de nacionalidad venezolana).

Por otro lado, el VIII Informe Alternativo, realizado por CHS Alternativo, revela que en los últimos ocho años, el presupuesto destinado por el Estado para la lucha contra este crimen se ha ido disminuyendo y actualmente solo invierte en 0.12 céntimos de sol por persona al año para la prevención, sanción y reparación del delito.