28/09/2016

Durante la presentación del “IV Informe Alternativo: Balance de la Sociedad Civil Sobre la Situación de la Trata de Personas en el Perú 2015-2016”, Andrea Querol, Presidenta de CHS Alternativo, destacó la necesidad de diseñar y ejecutar un Plan de Lucha Contra la Trata al 2021. Una propuesta que fue respaldada por la Ministra de Justicia Marisol Pérez Tello quien aseguró que “es imperativo rescatar y proteger a las víctimas (de trata) y liderar políticas en beneficio de este grupo de compatriotas.”

Uno de los hallazgos del IV Informe Alternativo señala que las víctimas de trata de personas son en un 93.5% mujeres y en un 56% menores de edad. Sin embargo, alertó que los sistemas de registro del delito como el RETA y el SISTRA presentan perfiles de víctimas contradictorios. Sobre estas contradicciones el Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía en lo Penal del Ministerio Público, Dr. Pedro Chávarri aseguró que su entidad aborda el tema de trata de personas usando la tipificación adecuada y comparte la información con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional a través del sistema INTERTRATA. Sin embargo, señala que en oportunidades “la policía no tipifica adecuadamente el delito y confunde muchas veces trata de personas con proxenetismo y prostitución, lo que hace que el número de ingresos que manejan sea mayora que el del Ministerio Público.”

Uno de los indicadores más preocupantes revelados en el informe fue la reducción del presupuesto general asignado para la lucha contra la trata del 2015 al 2016 en cerca del 54.21%, es decir, la inversión por persona equivale hoy a 20 centavos al año. Ante estas cifras el Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, aseguró que su despacho se compromete a invertir ocho millones de soles para financiar la elaboración del Plan de Acción Contra la Trata de Personas 2017 – 2021.

En su exposición la Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Vignolo Huamaní lamentó que, según el reporté de CHS Alternativo, solo tres de cada 100 imputados obtengan sentencias judiciales. “Hemos mostrado nuestra preocupación respecto a una sentencia (en la que) el trabajo de una dama de compañía, (menor de edad), por más de 12 horas al día y con ingesta de alcohol, no constituye un supuesto de explotación laboral debido a que esta actividad no agota la fuerza física de la víctima,” recuerda Vingolo. “Esto contraviene tratados internaciones y deja desprotegida a la víctima,” asegura.

Frente a sentencias como la descrita, Vignolo Haumaní enfatizó la urgencia de capacitar a los magistrados del Poder Judicial, habilitar refugios y contratar abogados especialistas en el tema que puedan ser de asistencia a las víctimas de trata. Además, consideró urgente la aprobación del Plan de Reinserción de Víctimas y la nueva Ley de Migraciones que especifique un protocolo de atención para casos internacionales.

Los datos que CHS Alternativo presenta en este informe provienen de la respuesta de 9 de 10 entidades públicas a su Solicitud de Acceso a la Información. El objetivo es que el informe completo sea presentado a la brevedad ante el Congreso de la República.