Mujeres migrantes son las más vulnerables a caer en redes de trata de personas
Acoso sexual y diversos vejámenes figuran entre las modalidades de violencia que sufren las mujeres migrantes. Muchas víctimas se abstienen de denunciar por temor a represalias.
En la búsqueda de oportunidades para sobrevivir, las mujeres migrantes, especialmente las venezolanas, son las más vulnerables a ser víctimas de explotación y trata de personas. Así lo expresó Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo durante el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes realizado en México.
Aguilar expuso los principales hallazgos de la investigación ‘Inclusión Social y Económica de Mujeres Migrantes Venezolanas’, realizado por CHS Alternativo en articulación con la Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). Ente los resultados se destaca que las mujeres migrantes se encontraron con “empleadores poco flexibles, que les obligaban a trabajar más horas de las acordadas, gritaban, acosaban e, incluso, sufrían agresiones que podían llegar a vejámenes”, expresó Aguilar.
Lamentablemente la necesidad de empleo, la condición de vulnerabilidad en las que se encontraban y el temor a represalias hizo que muchas de ellas se abstengan de denunciar, sobre todo porque sus familias en Perú y en Venezuela dependían de esos ingresos.
“El acoso sexual por parte de los empleadores, compañeros de trabajo y también los clientes es una constante mencionada por las entrevistadas en el estudio. Esto ha llevado a que hayan tenido que hallar estrategias para sobrevivir a estas situaciones. Muchas endurecieron su forma de relacionarse con las personas, cambiaron su forma de ser”, refirió Aguilar.
La vulnerabilidad, un factor determinante
Por su parte, Pedro Córdova, miembro del consejo directivo y coordinador de proyecto de CHS Alternativo y el capítulo peruano de ObservaLaTrata, sostuvo que el delito de trata de personas afecta una serie de derechos humanos de un amplio conjunto de personas en América Latina, ya sea adolescentes, mujeres, mujeres migrantes y personas LGTBIQ. A ello agregó el factor de vulnerabilidad, que es determinante.
“Cuando las víctimas han pasado por una situación de afectación de derechos es porque las condiciones de vulnerabilidad en que vivían han hecho posible que delincuentes y tratantes las utilicen y sometan a condiciones de explotación”, sostuvo Córdova. Es por ello la importancia de empoderar a las víctimas, para que estos aspectos se recuperen y resuelvan de modo que no vuelvan a caer en la misma situación,
Ante este escenario, Mercedes Arce, directora de programas y proyectos de CHS Alternativo, aseveró que desde la sociedad civil hay una serie de retos y responsabilidades, como elaborar un informe situacional de la trata de personas en América Latina con un enfoque regional. Indicó que, para ello, se debe hacer un diagnóstico de la trata de personas con estadísticas que permitan la evaluación de cada país, además de un registro pre pandemia, del proceso de pandemia y de la etapa endémica.
Arce dijo además que se debe considerar la restitución de los derechos de las víctimas, el acceso a la justicia, la relación de este delito con el crimen organizado y la dificultad de los recursos públicos para hacerle frente.
Sobre el Congreso
El ‘VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre trata de personas y tráfico de migrantes: Capitalismo y patriarcado. Acciones institucionales y comunitarias para la erradicación. Reflexiones en la era del COVID-19’ es organizado por la Cámara de Diputados de México LXV Legislatura, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas: ObservaLaTrata.
La actividad se realizará este 6, 7 y 8 de julio en México y contará con la asistencia de autoridades mexicanas y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de la región.
Por parte de CHS Alternativo también participaron en las jornadas del miércoles y jueves la presidenta de la institución, Andrea Querol; el director ejecutivo, Ricardo Valdés, la coordinadora de proyecto, Karina Dianderas; y la especialista Donella Villegas.
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