Acuerdo binacional para enfrentar el incremento de la trata de personas migrantes, que en los últimos ocho años creció en un 500%.

Ante la crisis migratoria que se presenta en las fronteras del país, el compromiso es unánime. Autoridades peruanas, organismos internacionales y la sociedad civil de Perú y de Ecuador se comprometieron a trabajar juntos en la prevención y atención de la trata de personas y otras formas de explotación en la población migrante. Fue durante el “Encuentro Binacional Movilidad y Derechos humanos: Avances y retos en la frontera Perú-Ecuador”, organizado por CHS Alternativo en la ciudad de Tumbes.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, recordó que la información oficial del Ministerio Público evidencia la delicada situación en que se encuentra la población migrante, pues durante los últimos ocho años la cifra de extranjeros afectados por el delito de trata de personas se incrementó en un 500%, pasando de 48 casos en 2014, a 271 en el 2022. Además, solo en el último año, del total de víctimas reportadas por la Fiscalía, el 18.9% fueron extranjeras y, de ellas, el 85% de nacionalidad venezolana, 6.27% colombiana y 4.43% ecuatoriana, entre otros.

Al respecto, Valdés acotó que el tratamiento político y mediático que se le está dando a la situación de los migrantes, y especialmente a la población venezolana, trae consigo prejuicios y estereotipos que los afectan y los exponen a ser víctimas de trata de personas. “Cuando se toman medidas excluyentes obligamos a las personas migrantes a recurrir a cualquier práctica que los lleve a subsistir y las hacemos vulnerables”, sostuvo.

En ese contexto, dio a conocer los principales hallazgos de una investigación realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), por encargo de CHS Alternativo, la cual revela que el 76% de la sociedad peruana no está preparada para recibir a la población migrante, “conducta que puede obedecer precisamente a la criminalización y estigma hacia esta población”.

El mismo estudio revela que el 83% de la población peruana considera que el Estado peruano tampoco está preparado para recibir a la población venezolana. “Esto quiere decir que perciben que los servicios estatales no pueden atender temas asociados a la educación, salud, trabajo y condiciones de vida digna a los migrantes”.

Principales acuerdos

Ante lo expuesto, las autoridades y organizaciones de Perú y Ecuador, presentes en el encuentro binacional, se comprometieron a firmar un acuerdo de trabajo conjunto para revisar las rutas de atención de casos de explotación y trata de personas, a fin de identificar posibles problemas y buscar soluciones que contribuyan a fortalecer los mecanismos de atención, protección y acceso a justicia de las víctimas. Asimismo, se acordó trabajar para integrar a la población migrante mediante el desarrollo de estrategias integrales por parte de los gobiernos regionales y locales.

Ello será posible incrementando el presupuesto para contar con acciones clave dirigidas a disminuir las vulnerabilidades y los riesgos frente a la violencia y explotación de la población, en particular de la población migrante en el eje fronterizo.

Sobre el evento

El encuentro binacional se realizó el 27 de abril en la ciudad de Tumbes en coordinación con el Subsector de Trata y Tráfico Ilícito de Personas Refugiadas y Migrantes del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú y contó con la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Corte Superior de Justicia de Tumbes y las municipalidades provinciales de Tumbes y Zarumilla. Por parte de Ecuador participaron autoridades de los gobiernos autónomos y descentralizados de El Oro y Huaquillas, el Ministerio Público y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros.

También asistieron al evento organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de Perú y de Ecuador, que forman parte del GTRM.

Este encuentro se realizó en el marco del proyecto “Protección y Prevención de la Explotación y Violencia que impactan en la población migrante”, el cual cuenta con la asistencia técnica de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del Programa de Apoyo a las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, del Ecuador y del Perú – SI Frontera, con el apoyo de la Unión Europea.