La violencia de género es una problemática grave que está en aumento en el Perú. La evidencia lo confirma: cifras oficiales del MIMP registran cada año un promedio de 140 mil denuncias por casos de violencia. Y aunque esas cifras ya suenan abrumadoras, no son las únicas. La trata de personas, y en particular, la trata con fines de explotación sexual, considerada como una de las peores formas de violencia de género, también tiene como principales víctimas a las mujeres.

La población migrante venezolana en el Perú, además de contar con los mismos obstáculos que encuentra la gran mayoría de los peruanos para desarrollarse íntegramente (informalidad laboral, inadecuado acceso a servicios básicos, discriminación interna, entre otros), tiene el añadido de vivir día a día con voces que le recuerdan que este no es su país y que no son bienvenidos.

La aparición de más canales de comunicación y los nuevos usos de los dispositivos tecnológicos han facilitado el intercambio de información y el acceso a recursos antes inimaginados. Sin embargo, también han abierto una puerta para la comisión de delitos que inicialmente podrían no ser catalogados de esa manera. Por ejemplo, ¿quién podría considerar peligroso navegar en Facebook o jugar un par de horas en Free Fire?

La modificación que plantea el Legislativo no es un problema menor. Significa retroceder en los mecanismos institucionales que ya existían para hacerle frente a este delito y ceder ante la explotación humana.

La trata de personas es una forma extrema de violencia hacia la mujer. En el Perú, la mayoría de víctimas de este delito son precisamente mujeres, las cuales son sometidas principalmente a la explotación sexual, aunque también son víctimas de explotación laboral, trabajo forzoso y otras formas de violencia doméstica y sexual.