N°295: TRATA DE PERSONAS Y CRIMINALIDAD: SE NECESITAN ACCIONES URGENTES


Editorial Alternativo

Las últimas intervenciones de la Policía Nacional han puesto en evidencia cómo la trata de personas ha avanzado en el Perú en los últimos años, afectando cada vez más a mujeres niñas y adolescentes, así como a personas extranjeras, que son captadas por redes internacionales de trata de personas y explotación sexual. Entre ellas, la peligrosa organización criminal ‘Los Hijos de Dios’, una facción sanguinaria del famoso ‘Tren de Aragua’, que se dedica a la trata de personas con elevados niveles de violencia, además del sicariato y la extorsión.

Las cifras oficiales lo corroboran. Según información de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (Fistrap), entre enero y diciembre del 2023, se contabilizaron 3,119 víctimas de este delito, más del doble respecto a las 1,430 víctimas registradas en 2022. Del total de personas afectadas, 753 eran niñas y adolescentes; es decir, que cada día un promedio de dos menores de edad cayeron en las manos de estas redes criminales. Y eso no es todo, se estima que el 40% del total de víctimas eran extranjeras o no identificadas, lo que demuestra cómo durante los últimos años este delito se ha ido internacionalizando.

Y es que, como bien lo señalan los periodistas de La República, Óscar Chumpitaz y de El Comercio, Abby Ardiles –quienes realizan la cobertura especializada de la temática de trata de personas–, desde el 2021 la migración ha dinamizado el delito y ha propiciado la incursión de redes criminales venezolanas, colombianas y ecuatorianas que se vienen disputando las plazas de explotación sexual; no solo en Lima, sino en 10 regiones del país. Estas redes de explotación se aprovechan de la pobreza y necesidad de las personas, peruanas y migrantes y, con engaños de falsas ofertas de trabajo, la promesa de un futuro mejor o hasta la seducción, captan a mujeres y jóvenes, que terminan atrapados en medio de la sanguinaria guerra por la hegemonía territorial.

Este delito no se da de manera aislada, es alentado por otras economías criminales que operan y prosperan en el Perú, como la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal de madera, el tráfico de tierras o la extorsión, entre otros. El delito crece también frente al escaso presupuesto del Estado para enfrentarlo y la falta de una estrategia integral y efectiva de seguridad ciudadana, así como operativos y acciones de inteligencia policial que enfrenten y pongan freno a la criminalidad.

En medio de ese escenario el Estado tiene un enorme desafío, que no solo pasa por asignar mayores recursos en la lucha contra esta problemática, sino que implica adoptar medidas urgentes para hacer cumplir la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030, un documento elaborado en 2022 que contiene los lineamientos para el óptimo funcionamiento de los 42 servicios públicos que deben garantizar la prevención, investigación y persecución del delito, así como la atención y reintegración de las víctimas. El Estado debe trabajar para optimizar los procesos y procedimientos y garantizar la protección de cada persona afectada, a fin de que pueda contar con un lugar de refugio, la asistencia legal y psicológica, una mayor información sobre sus derechos y las oportunidades para reintegrarse económica y socialmente.

A la par es necesario que las autoridades mejoren sus estrategias para desbaratar las redes criminales de trata de personas y lleven ante la justicia, con sanciones ejemplares, a todos aquellos que lucran con la explotación de las personas, mientras otorgan las medidas de protección necesarias a las víctimas rescatadas o a las que denuncian estos delitos.

También es un reto generar el conocimiento necesario en torno a la problemática de la trata de personas, con evidencias sustentadas y recogiendo la voz de las propias víctimas, para tomar decisiones que lleven a acciones eficaces. Asimismo, desde el Estado y la sociedad civil debemos insistir en las campañas preventivas, utilizando todos los medios posibles, para advertir a las personas, y sobre todo a las más jóvenes y a la población migrante, de los métodos que están utilizando los tratantes y la delincuencia organizada para atraer a sus víctimas.

Se necesitan acciones urgentes.

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