La trata de personas no empieza con una captación ni termina cuando una víctima es rescatada. Muchas veces comienza mucho antes: en un hogar donde existe violencia, en una escuela que una adolescente debe abandonar por falta de oportunidades o en una infancia marcada por la ausencia de protección. Cada una de estas situaciones no solo vulnera derechos; también puede abrir un camino que las redes criminales aprovechan para captar, manipular y explotar personas. La violencia de género y la trata suelen abordarse como problemas separados, pero forman parte de una misma cadena de desigualdad y vulneración que el Estado y la sociedad aún tienen el desafío de romper.
Las cifras muestran la dimensión de ese desafío. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), el 52 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia ejercida por su pareja. Durante el primer semestre de 2026, el programa Warmi Ñan atendió 88 813 casos de violencia a través de los Centros Emergencia Mujer, entre ellos 137 tentativas de feminicidio. Son datos que reflejan una violencia persistente y que no puede analizarse de manera aislada.
La propia legislación peruana reconoce esta relación. La Ley N.° 30364 establece que la trata de personas constituye una manifestación de violencia contra las mujeres, porque ambos fenómenos tienen un origen común: relaciones desiguales de poder, mecanismos de control y condiciones estructurales que incrementan la vulnerabilidad de determinadas personas.
La pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la violencia familiar, el abuso sexual, el abandono o la ausencia de redes de apoyo limitan la capacidad de muchas personas para identificar riesgos, pedir ayuda o escapar de situaciones de explotación. Estudios como Buscando Justicia, elaborado por CHS Alternativo, muestran que estos factores están presentes en la historia de vida de muchas víctimas de trata. La captación rara vez ocurre de manera espontánea; casi siempre encuentra un terreno previamente marcado por la violencia, la exclusión y la falta de protección.
Hoy ese escenario se ha trasladado también al entorno digital. Las redes sociales y otras plataformas han ampliado las posibilidades de contacto entre tratantes y potenciales víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes. Según una investigación nacional de CHS Alternativo, cerca de 1,8 millones de menores de edad conversan con personas desconocidas por internet y más de 280 000 han recibido propuestas de contenido o interacción sexual a través de plataformas digitales. Las tecnologías ofrecen enormes oportunidades, pero también han abierto nuevos espacios para que las redes criminales operen con mayor facilidad.
A pesar de la magnitud del problema, la respuesta institucional aún enfrenta importantes limitaciones. CHS Alternativo ha advertido, a partir de información del Poder Judicial y el Ministerio Público, que solo dos de cada cien denuncias por trata de personas llegan a una sentencia condenatoria en segunda instancia. A ello se suman las brechas identificadas en el X Informe Alternativo sobre la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas: recursos insuficientes, débil articulación entre instituciones, alta rotación de funcionarios y una prevención que todavía no alcanza la cobertura ni el impacto que el problema exige.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de cambiar ese escenario. Combatir la trata de personas no puede reducirse a perseguir a las organizaciones criminales; exige actuar sobre las condiciones de violencia, desigualdad y exclusión que hacen posible la captación de nuevas víctimas. Por ello, resulta indispensable fortalecer la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, garantizar un presupuesto suficiente, mejorar la coordinación entre las instituciones y asegurar servicios de prevención, protección, atención y recuperación que respondan a la magnitud del problema.
Pero el principal desafío no es únicamente cumplir metas o ejecutar actividades. Es lograr resultados concretos que reduzcan la violencia y la trata de personas. Ello implica ampliar la cobertura efectiva de los servicios, mejorar la calidad y consistencia de la información, fortalecer la investigación y sanción de los tratantes y orientar la acción pública hacia resultados que respondan a la verdadera dimensión de ambos problemas.
La sociedad civil también tiene un papel irrenunciable. Incidir, vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado, promover la prevención y exigir políticas públicas eficaces forman parte de una respuesta que debe involucrarnos a todos. Con ese propósito, CHS Alternativo impulsa la campaña «Cierra la puerta a la violencia y a la trata», una iniciativa que busca visibilizar que las primeras manifestaciones de violencia no son hechos aislados. Cuando no se detectan ni se enfrentan a tiempo, pueden convertirse en la antesala de una de las formas más graves de vulneración de derechos: la trata de personas.
Asumir este desafío con una mirada integral será una de las principales tareas del nuevo gobierno. Mientras la violencia de género y la trata de personas continúen abordándose como problemas aislados, las respuestas seguirán siendo fragmentadas. Reconocer su vínculo es el primer paso para diseñar políticas públicas más eficaces, capaces de generar cambios reales en la vida de las personas y no solo cumplir metas institucionales. Porque cerrar la puerta a la violencia es también cerrar la puerta a la trata.
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