Editorial Alternativo
El Día Nacional contra la Trata de Personas llegó este año con una buena noticia: después de casi 6 años, el Consejo Directivo del Congreso anunció que convocará al primer ministro, Alberto Otárola, y al ministro del Interior, Vicente Romero, para que informen sobre las acciones realizadas respecto a la trata de personas en el país. Ello en cumplimiento a la Ley 29918, promulgada en el año 2012, que determina la obligatoriedad de que estas autoridades rindan cuentas, a nombre del Ejecutivo, sobre las acciones para combatir el delito. Lo preocupante es que, hasta la fecha, no se ha fijado una fecha para la presentación, generando la posibilidad de que nuevamente no se cumpla con el mandato.
Que se informe sobre la situación de la trata de personas y la respuesta del Estado es más urgente que nunca, pues desde hace un tiempo los grupos criminales organizados han tomado protagonismo en este delito. Estos grupos están incursionando, por ejemplo, en las ciudades y actúan cada vez con más violencia; no solo atacan y amenazan a sus víctimas, sino que se enfrentan a sangre y fuego con bandas rivales, contribuyendo a la aguda crisis de inseguridad ciudadana que vive el país. Esa es una de las causas por las que hay un incremento importante de denuncias por trata de personas. Según el reporte del Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, desde 2018 hasta abril del 2023 ya se contabilizaban casi 30 mil denuncias por este delito.
Y es que la explotación de seres humanos se ha convertido en un negocio altamente rentable para estas organizaciones criminales. El libro “Las Economías Criminales y su impacto en el Perú” revela que la trata de personas es la segunda economía ilícita más importante del país y mueve la acaudalada suma de 1,300 millones de dólares al año, es decir casi 27 mil soles por cada víctima que es explotada. La cifra contrasta enormemente con la inversión que hace el Estado para enfrentar este crimen, pues en 2022 el Ejecutivo apenas asignó un presupuesto específico de 5.2 millones de soles para prevenir y perseguir el delito, así como para atender y reintegrar a las víctimas.
Pero eso no es todo. Desde el año 2022 está vigente la Política Nacional contra la Trata de Personas al 2030, un documento que contiene 19 lineamientos que se deberían poner en práctica a través de 42 servicios del Estado, todos vinculados a la prevención, investigación y persecución del delito. Sin embargo, poco se sabe del avance de su implementación. Según el propio reporte del Ministerio del Interior, existe un retraso importante en el cumplimiento de metas, especialmente en lo referido a la atención y reintegración de las víctimas.
Al respecto, una investigación realizada por CHS Alternativo, a través de la taxonomía del gasto del Ministerio de Economía, determinó que para implementar adecuadamente los 42 servicios contemplados en la Política Nacional se requiere un presupuesto aproximado de 1,150 millones de soles. Frente a ello, los 5.2 millones que se invirtieron en 2022 contra la trata de personas representan apenas un ínfimo 0.004% del total que hace falta, lo cual resulta insuficiente.
Como si eso no fuera poco, hay también un cambio importante en el perfil de las víctimas de trata de personas. Ahora las personas afectadas no son solo mujeres jóvenes peruanas, sino que hay un grueso número de víctimas extranjeras y principalmente venezolanas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con las cifras del Ministerio Público, en 2017 no había ni una sola víctima venezolana, pero ahora son casi el 20% del total y podrían ser más, pues hay otro 20% de víctimas de trata de personas cuya nacionalidad no se ha identificado.
Frente a esta grave situación son necesarias medidas urgentes que puedan combatir este nuevo escenario del delito, donde las organizaciones criminales toman cada vez mayor relevancia y las víctimas llevan la peor parte. Y eso no se puede hacer sin recursos.
En los últimos años, hemos crecido en aspectos normativos, se cuenta con una política aprobada por el Gobierno que abarca muchos sectores, también hay una comisión multisectorial que se reúne de manera permanente y hay fiscalías, policía y centros especializados para atender los casos. Sin embargo, la falta de presupuesto impacta muchísimo en la eficiencia de las autoridades y en la atención de las personas afectadas por la trata de personas. Hacen falta recursos y hace falta también que se fije una fecha para que se rinda cuentas, así podremos saber dónde estamos, qué necesitamos y cuál será la estrategia del Estado para frenar el creciente avance de la explotación humana.
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