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editorial


N°288: URGE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

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N° 287 LA EVIDENCIA, EL PUNTO DE PARTIDA PARA COMBATIR EL TRABAJO FORZOSO

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N° 286 MIGRANTES, ¿SOMOS TAN DIFERENTES? UNA MIRADA DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

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La deuda del Estado con las víctimas de violencia de género y trata de personas sigue creciendo. La evidencia sustenta la afirmación. El VIII Informe Alternativo reporta que al año 2021 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cumplió con la meta de garantizar el 100% de las medidas de protección que se debía otorgar a las víctimas y/o testigos de trata de personas.

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El trabajo forzoso es un delito grave que vulnera la libertad de trabajo y los derechos humanos de miles de personas en el Perú y el mundo.

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En el Perú, la población migrante es voluminosa. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones[3], hay 1 millón 347 mil 893 extranjeros viviendo en el país.

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Este año 2022, nuevas evidencias han demostrado la fragilidad social que existe frente a la explotación humana; la muestra de ello es la pasividad con que las personas enfrentamos nuestra propia situación y la de los demás.

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La congresista Susel Paredes, con el apoyo de Capital Humano y Social Alternativo, elaboró un proyecto de ley que pretende garantizar un acceso más libre y seguro a internet. La iniciativa se aprobó el 24 de noviembre en el pleno del Congreso, con 103 votos a favor y una abstención.

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Recursos, sostenibilidad y reinserción social son la clave para evitar que las víctimas de trata de personas rescatadas vuelvan a caer en la situación de sometimiento en la que estuvieron. Así lo revelaron los hallazgos y recomendaciones del VIII Informe Alternativo, un documento elaborado por CHS Alternativo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de las acciones realizadas por las instituciones públicas contra este delito durante el periodo 2020-2022.

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A lo largo del 2021 se registraron 535 denuncias por trata de personas en la Policía y 2,076 en el Ministerio Público, involucrando, por lo menos, a 2,611 víctimas. Como resultado, el número de personas investigadas ascendió a 1,844, pero solo 72 personas terminaron con sentencia condenatoria, dejando ver un altísimo grado de impunidad.

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Trabajar es un derecho y es vital para la independencia económica y emocional de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de las niñas y niños la situación cambia, pues, aunque hay actividades que pueden ser positivas para el desarrollo humano, también hay otras que son peligrosas y pueden resultar muy perjudiciales para el desarrollo y futuro de la niñez.

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En el Perú, la normalización de trabajos en condiciones deplorables y abusivas es más frecuente de lo que pensamos. La historia de Juan es un ejemplo de ello. Fue captado a los 17 años para trabajar en un taller de costura de Gamarra, pero laboraba sin descanso, con jornadas de más de 10 horas diarias, cobrando solo 150 soles mensuales y sin ningún beneficio ni alimentación.

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Cada día, 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual en el Perú. Casos como el de la pequeña Damaris, de 3 años, víctima de secuestro y violación sexual en Chiclayo, han indignado a todo el país. Historias como la de ‘Daysi’, de 13 años, víctima de trata de personas, rescatada y luego retornada con su familia, sin el seguimiento de las autoridades que debieron protegerla y cuyo cuerpo apareció sin vida con signos de violencia sexual, debe instarnos a repensar en los servicios que atienden a las sobrevivientes. Estos son solo dos casos conocidos de los cientos que quedan en la oscuridad.

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