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Editorial


N°295: TRATA DE PERSONAS Y CRIMINALIDAD: SE NECESITAN ACCIONES URGENTES

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N°294: LOS DESAFÍOS EN MADRE DE DIOS

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N°293: LOS NUEVOS DESAFÍOS FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS

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La protección de víctimas de trata debe garantizar recuperación, restitución de derechos y condiciones para construir un proyecto de vida libre de violencia. ¿Los servicios de acogida del Estado están cumpliendo realmente ese propósito?

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Fiscalización, presupuesto y prevención son tareas que las nuevas autoridades locales y regionales no pueden dejar de lado. La ciudadanía también tiene un papel clave: informarse, vigilar la gestión pública y exigir resultados.

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La trata de personas no empieza con la captación. Comienza donde la violencia, la desigualdad y la falta de protección encuentran espacio para crecer. En esta edición reflexionamos sobre la urgencia de enfrentar sus causas y no solo sus consecuencias.

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La lucha contra la explotación humana y el crimen organizado exige mucho más que medidas punitivas; requiere fortalecer las instituciones, proteger los derechos humanos y colocar la dignidad de las personas en el centro de la acción del Estado.

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Los videojuegos se han convertido en peligrosos escenarios de captación y explotación sexual. Frente a ello, urge fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en el entorno digital.

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Las cifras de personas desaparecidas siguen en aumento y más de la mitad de los casos involucran a niñas, niños y adolescentes. La situación exige acciones urgentes del Estado.

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Tras un proceso electoral marcado por la incertidumbre, la agenda de derechos de las mujeres vuelve a quedar relegada. El reto es claro: sin voluntad real para enfrentar la desigualdad estructural, no hay democracia posible.

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A puertas de las elecciones, predominan entre los candidatos discursos de “mano dura”, pero sin las reformas legales de fondo que se necesitan para enfrentar el crimen y proteger los derechos humanos.

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En un contexto de creciente inseguridad y explotación, los planes de gobierno prometen respuestas drásticas y reformas profundas. Sin embargo, el análisis del presupuesto público revela una brecha crítica entre el discurso político y la capacidad real del Estado para proteger derechos y enfrentar el crimen organizado.

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El 2025 cierra en el Perú con una crisis política profunda, marcada por la inestabilidad en el Ejecutivo y el Legislativo, el debilitamiento de las instituciones y una creciente desconfianza ciudadana, en un contexto donde la crisis de seguridad ha dejado de ser solo un problema de orden público.

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