Editorial

A pesar de contar con una Política Nacional que establece metas concretas al 2030 y leyes pertinentes para procesar la trata de personas, las cifras oficiales muestran un escenario marcado por la descoordinación, la precariedad institucional y la indiferencia política.

Durante los últimos cinco años, y a raíz de la pandemia, el uso de internet se ha masificado a comunidades alejadas del Perú en las que antes era improbable que llegara.

Este año se han aprobado normas muy cuestionadas, como la Ley 32108 y sus modificatorias, que debilita la lucha contra el crimen organizado.

El Congreso promulgó la Ley 32165, que baja de nivel y encasilla la rendición de cuentas del Ejecutivo en únicamente dos comisiones del Congreso (Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia), ignorando así la práctica de acudir al Pleno para tal fin.

En el Perú, algunas autoridades olvidan que somos descendientes de migrantes, tanto internos como externos, y que no solo somos receptores. Hoy, más de cuatro millones de peruanos/as que son migrantes y residentes en diferentes países del mundo.

La trata de personas es un delito repudiable y subterráneo que cada día crece más en el Perú. La información del Ministerio Público refiere que se han registrado más de 30,000 casos en los últimos seis años y, aunque la cifra ya es de por sí espeluznante, no considera el gran subregistro de casos que existe. Ello porque el Estado no cuenta con un sistema único de registro de casos; por el contrario, cada sector maneja su propio registro con criterios y características particulares.

La violencia de género es una problemática grave que está en aumento en el Perú. La evidencia lo confirma: cifras oficiales del MIMP registran cada año un promedio de 140 mil denuncias por casos de violencia. Y aunque esas cifras ya suenan abrumadoras, no son las únicas. La trata de personas, y en particular, la trata con fines de explotación sexual, considerada como una de las peores formas de violencia de género, también tiene como principales víctimas a las mujeres.

La población migrante venezolana en el Perú, además de contar con los mismos obstáculos que encuentra la gran mayoría de los peruanos para desarrollarse íntegramente (informalidad laboral, inadecuado acceso a servicios básicos, discriminación interna, entre otros), tiene el añadido de vivir día a día con voces que le recuerdan que este no es su país y que no son bienvenidos.

La aparición de más canales de comunicación y los nuevos usos de los dispositivos tecnológicos han facilitado el intercambio de información y el acceso a recursos antes inimaginados. Sin embargo, también han abierto una puerta para la comisión de delitos que inicialmente podrían no ser catalogados de esa manera. Por ejemplo, ¿quién podría considerar peligroso navegar en Facebook o jugar un par de horas en Free Fire?