Editorial Alternativo
Los cambios significativos que ha experimentado el país en la última década, en lo político, económico y social, también han impactado la dinámica de la trata de personas, que ahora es afectada dos fenómenos de trascendencia global: la migración y el crimen organizado.
Por un lado, mientras que en el año 2014 el Ministerio Público registraba tan sólo 48 víctimas extranjeras de trata de personas a nivel nacional; en 2022 la cifra llegó a 271 personas, un incremento de más del 500%, siendo las personas migrantes venezolanas las principales afectadas, pues se pasó de 0% de víctimas de esa nacionalidad en 2014 a un abrumador 85% en 2022. El referido incremento se ha visto reflejado también en otros fenómenos vinculados, como la desaparición de personas. En el primer semestre del 2023 la Policía Nacional registró 4,779 niñas, niños y adolescentes desaparecidos (53.4% total de personas desaparecidas), siendo 221 de nacionalidad extranjera (193 de Venezuela).
Por otro lado, la criminalidad organizada es otro fenómeno transversal que ha impactado el accionar de la trata de personas en el país. Ello porque las conductas que configuran el delito pasaron de ser cometidas por una persona o núcleo familiar a ser dirigidas por organizaciones criminales que, en la actualidad, son mayoritariamente internacionales. Tal es así que en junio de 2023, en el marco de la V Reunión Técnica de Operadores de Justicia (realizada por CHS Alternativo), la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas dio a conocer que en el país tienen presencia permanente organizaciones criminales de Ecuador, como “Los Tiguerones de Guayaquil” y sus facciones (“Los Chulos Ecuatorianos”; “Los Ecuatorianos”; etc.), así como de Venezuela, entre ellas el “Tren de Aragua” y sus facciones (“Los Chamos de Santa Rosa”; “La dinastía Alayón”; etc.). Lo más preocupantes es que estas organizaciones han tomado Lima como su principal centro de operaciones.
Ambos fenómenos crean un nuevo panorama en la trata de personas y, especialmente, en la respuesta que el Estado ofrece. Las víctimas extranjeras representan nuevos perfiles, necesidades, preocupaciones e intereses distintos a las víctimas nacionales y, por consiguiente, requieren de una atención igualmente diferenciada. Precisamente, desde el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial (CALP) de CHS Alternativo se han detectado cuatro nudos críticos en el actual abordaje de los casos.
Primero, la dificultad de las personas migrantes en el acceso a servicios básicos en la atención (salud, educación, trabajo, entre otros), debido principalmente a requisitos documentarios o formales. Segundo, los desafíos en la articulación interinstitucional, ya que se han sumado a la ruta de atención nuevos actores nacionales (Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.) e internacionales (Consulados, Embajadas, etc.). Tercero, las nuevas dinámicas delictivas que complejizan la identificación de los casos (rotación de las víctimas de distintas plazas de explotación manejadas por la misma organización criminal); la salvaguarda de las víctimas (coaccionan y asesinan a quienes no pagan cupo); la persecución del delito y de las economías criminales (transacciones por debajo de la fiscalización) y la sanción de los culpables (alta tasa de impunidad[1]). Y, cuarto, la existencia de prejuicios y percepciones erróneas que aumentan la tolerancia social frente a las víctimas extranjeras, especialmente mujeres venezolanas víctimas de explotación sexual.
Frente a todo lo descrito, el Estado ha trabajado arduamente para responder eficientemente. Hay un grueso marco normativo y político que considera los enfoques y principios necesarios para enfrentar este nuevo panorama delictivo. Sin embargo, los recursos humanos, logísticos y financieros designados para tal fin no permiten una adecuada implementación.
En ese sentido, CHS Alternativo, vigilante de la coyuntura frente a la trata de personas, el 06 y 07 de octubre de 2023, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior, realizó el “VII Encuentro Nacional: Diálogo sobre los avances y desafíos en la lucha contra la explotación humana”, espacio que acogió a 162 tomadores de decisiones (alcaldes, presidentes de cortes superiores de justicia, presidente de juntas de fiscales superiores, entre otros) de las regiones Arequipa, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios y Puno.
Como resultado del evento, se dialogó y se asumieron compromisos sobre la necesidad de contar con un presupuesto específico orientado a resultados, elaborar una estrategia nacional de prevención, así como componer una respuesta integral de parte del Estado, evitando segmentar los esfuerzos en actividades desarticuladas. Además, se reconoció la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos y darle mayor difusión a la Política Nacional frente a la trata de personas, a fin de que se conozca a detalle cada servicio y se pueda articular con todos los sectores involucrados. Esperamos que este diálogo y los acuerdos ayuden a impulsar la lucha integral contra la trata de personas.
[1] Según el Sistema de gestión fiscal y bandeja fiscal de las 14 Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, hasta abril de 2023 hubo 1,934 casos en trámite por trata de personas y delitos conexos, consiguiendo 103 sentencias condenatorias (5.32%).
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