La trata de personas no es un hecho fortuito ni un delito aislado; representa la fase final de una cadena sistemática de violencias, privación de derechos y desprotección estatal que vulnera de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Perú. Con un registro oficial del Ministerio Público que contabiliza más de 2,288 denuncias por trata de personas durante el año 2025 —lo que mantiene un promedio constante de 189 denuncias por mes a nivel nacional—, la explotación humana evidencia fallas estructurales que las herramientas normativas del nivel central, como la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 (Decreto Supremo N° 009-2021-IN), no han logrado subsanar en el territorio. En este escenario, los gobiernos regionales y municipales se mantienen como un frente relegado, desaprovechando las competencias de fiscalización administrativa e inversión social que les otorga la ley. Las futuras autoridades enfrentan el reto de dejar de ver este delito como un tema netamente policial para asumirlo como un eje transversal de desarrollo.
Como advierte el sociólogo y docente de la URM José Koechlin, las políticas de desarrollo local suelen ignorar las determinantes de vulnerabilidad que alimentan el accionar de las redes criminales. La pobreza persistente, la falta de oportunidades educativas y laborales para la juventud, la deserción escolar, la violencia familiar, la precarización del trabajo y la informalidad comercial crean las condiciones propicias para la captación mediante el engaño y el abuso de necesidad. A ello se suma la expansión descontrolada de economías ilícitas como la minería ilegal, la tala no autorizada y el narcotráfico en regiones como Loreto y Madre de Dios, donde la explotación humana se invisibiliza y normaliza como un componente accesorio al crimen organizado.
A las vulnerabilidades del espacio físico se añade la acelerada expansión de los riesgos en el entorno virtual. Las redes sociales y las plataformas de videojuegos se han consolidado como la principal vía de captación para la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en línea. Frente a esta urgencia, en diciembre de 2022 se aprobó la Ley N° 31664 —iniciativa promovida con el soporte técnico de CHS Alternativo— para incorporar la prevención de la ESNNA en línea en las funciones obligatorias de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y exigir filtros de seguridad en establecimientos de acceso a internet. Sin embargo, la omisión del Poder Ejecutivo, que acumula más de dos años sin expedir el reglamento de la Ley, mantiene en un estado de indefensión a cerca de 10 millones de niñas, niños y adolescentes peruanos, privando a las municipalidades de los protocolos operativos necesarios para intervenir.
En un contexto de impunidad estructural donde apenas el 2 % de las denuncias por trata llegan a una sentencia condenatoria en segunda instancia, las autoridades subnacionales no pueden permanecer indolentes. Las herramientas de gestión municipal —tales como los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), la asignación de recursos dentro del Programa Presupuestal 0030 y el uso riguroso de la fiscalización administrativa y clausura de locales infractores— constituyen potentes mecanismos de prevención disuasiva. Asimismo, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de regular los puntos de embarque en el transporte interprovincial y fluvial, integrando a las DEMUNA, los Centros Emergencia Mujer y los servicios locales de salud como redes articuladas de alerta temprana. Sin embargo, una prevención efectiva y sostenible resulta inviable sin el involucramiento activo de las organizaciones sociales y la ciudadanía organizada.
En este terreno, las Veedurías “Mirada Ciudadana” —iniciativa promovida por CHS Alternativo en alianza con el Instituto Bicentenario, la AECID y la Embajada de Canadá— se han consolidado como un modelo referente de control social y democracia participativa en Cusco, Loreto y Madre de Dios. Esta fiscalización desde las bases demuestra el impacto de la vigilancia comunitaria cuando se abren espacios reales de concertación: en Cusco, la articulación ciudadana logró la suscripción del “Memorial de Respaldo y Exigibilidad Ciudadana”, fiscalizando la Inversión Pública y exigiendo al Gobierno Regional garantizar la continuidad presupuestal y ampliar la cobertura del proyecto preventivo de 7 a las 13 provincias. Asimismo, en Loreto, las mesas de trabajo entre la población organizada y regidores distritales permiten fiscalizar directamente la respuesta estatal frente al avance de las economías delictivas.
De cara a las prioridades de gobernabilidad territorial, CHS Alternativo plantea a los candidatos y próximas autoridades una Agenda Mínima innegociable para el periodo 2027-2030: primero, institucionalizar la prevención y la fiscalización territorial (Art. 46 y 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972), clausurando definitivamente giros comerciales fachada y garantizando partidas presupuestales; segundo, aprobar ordenanzas municipales de protección digital mientras se exige la inmediata reglamentación de la Ley N° 31664; y tercero, asegurar presupuestos blindados frente a recortes e institucionalizar el control social de las veedurías ciudadanas en la vigilancia de los programas públicos. Abordar la trata de personas exige articular el mandato de las autoridades con el poder fiscalizador de la comunidad — “porque fortalecer la vigilancia ciudadana y la fiscalización local es también cerrar la puerta a la trata”.
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