En el Perú, los videojuegos han dejado de ser simples espacios de recreación para convertirse en complejos entornos de socialización donde la línea entre el juego y el riesgo es cada vez más delgada. Con más de 10 millones de peruanos accediendo a juegos en línea, este ecosistema se ha transformado en una de las principales fronteras para la captación y explotación de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Los datos son reveladores y preocupantes. Plataformas de «mundo abierto» como Roblox (utilizada por el 46% de NNA)[1], Minecraft (33%) y Free Fire (30%) funcionan como redes sociales híbridas donde el anonimato facilita interacciones asimétricas de poder. En estos espacios, adultos depredadores utilizan los chats globales y privados para iniciar vínculos de «amistad» con el fin de obtener material de abuso sexual, aprovechando la confianza generada a través de dinámicas de juego.
Una de las tácticas más insidiosas identificadas es el uso de microtransacciones. Los agresores utilizan la compra de «skins», mascotas virtuales u otros artículos digitales como una estrategia de grooming para ganar la voluntad de los menores. A esto se suma la ineficacia de las plataformas, donde los controles de edad son fácilmente evadidos mediante la falsificación de datos, considerando, además, que el 66% de los niños inicia su vida digital a los 9 años. También persisten vacíos en los filtros de lenguaje, pues se permite el uso de términos clave vinculados a la explotación, como «vestirse para impresionar» o «juego del calamar», para atraer víctimas.
Frente a esta realidad, el marco normativo peruano enfrenta retos estructurales. Si bien se han dado avances como el Decreto Legislativo N.° 1591, que permite la actuación de agentes encubiertos digitales, y se han actualizado las penas por pornografía infantil mediante la Ley N° 32314, persiste una fragmentación legal que separa los delitos informáticos de la trata de personas. En este contexto, resulta imperativo avanzar en la reglamentación de la Ley N.° 31664, norma fundamental para garantizar el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por parte de NNA. Sin una regulación sólida que obligue a las plataformas a asumir responsabilidades preventivas, los esfuerzos estatales seguirán siendo insuficientes.
La situación es crítica: el 49% de los menores de edad reconoce conversar con desconocidos en internet y un 18% ha llegado a concretar encuentros presenciales, trasladando el riesgo virtual al plano físico. Además, la dificultad para obtener evidencia digital en los videojuegos, donde los registros de chat suelen desaparecer al finalizar la sesión, genera un manto de impunidad que solo puede combatirse con mayor inversión en software forense y capacidades técnicas policiales, hoy limitadas por brechas presupuestales.
Es momento de que el Estado, las familias y las empresas tecnológicas reconozcan que el juego no es un espacio aislado de la realidad criminal. Iniciativas educativas como el videojuego «No caigas en su cuento» son pasos valiosos para fomentar la autoprotección, pero no sustituyen la necesidad de una protección estructural. La seguridad de nuestra niñez en el entorno digital no puede ser un «game over» anunciado; requiere la implementación plena de la Ley 31664 y una vigilancia activa para que los videojuegos vuelvan a ser, exclusivamente, un lugar para jugar.
En ese sentido, CHS Alternativo tiene en marcha un proyecto para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, con énfasis en las comunidades de Loreto, el cual se realiza con el apoyo de Safe Online. Asimismo, ejecuta otro proyecto, con el apoyo de Brot Für Die Welt, para que las empresas privadas relacionadas al turismo y tecnologías de la información y comunicaciones realicen acciones de prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y fortalezcan la seguridad de sus plataformas.
La protección de la niñez en entornos digitales no puede seguir dependiendo de respuestas fragmentadas. Requiere decisión política, corresponsabilidad efectiva y una acción coordinada que cierre, de una vez, las brechas que hoy siguen dejando a los niños expuestos en los espacios donde deberían estar más seguros.
[1] Resultados de la encuesta Percepciones de niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos de explotación sexual en el entorno virtual 2026
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