Sandra Ramos Flores, adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, advierte en esta entrevista sobre el incremento de los casos de desapariciones, la feminización de la problemática y su creciente vinculación con redes de trata y la captación digital.
¿Cuál es la situación actual de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el Perú y qué tendencias se han identificado en los últimos años?
La situación de las personas desaparecidas en el Perú, y en particular de nuestras niñas, niños y adolescentes, es crítica. Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED), el 2025 cerró con 20,947 denuncias por desaparición. Esta cifra, en comparación con las 17,737 denuncias del 2024, representa un incremento de 3,210 casos, equivalente al 15.32%. En cuanto a niñas, niños y adolescentes, de las 12,374 desapariciones reportadas entre enero y julio de 2025, el 52.02% correspondieron a este grupo. Estas cifras revelan la feminización del fenómeno, pues aproximadamente el 80% de los menores desaparecidos son niñas y adolescentes mujeres, y en lo que va de este año, los porcentajes se mantienen similares: hasta marzo, 523 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos, de los cuales 355 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, el 70%. Esta situación, sin duda, evidencia la relación entre el género y la edad como factores de vulnerabilidad.
¿Existen patrones que evidencian la vinculación entre la desaparición de menores de edad y delitos como la trata de personas o la explotación sexual y laboral?
Sí. La desaparición funciona en muchos casos como un acto instrumental previo a la comisión de delitos de explotación. Si se revisan cifras de 2020 y 2021, se observa que el 29% de las víctimas de trata fueron captadas mediante falsas ofertas de trabajo y un 19% con fines de explotación sexual. Para el año 2025, los porcentajes han mostrado una evolución significativa y preocupante. Las falsas ofertas laborales se han consolidado como el método hegemónico de captación, alcanzando niveles entre el 85% y 90% de las denuncias registradas por la Policía y el Ministerio Público. Este aumento se explica por la sofisticación del reclutamiento a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que permite a las redes criminales llegar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema.
Por otro lado, la explotación sexual continúa siendo la principal finalidad de la trata, representando aproximadamente el 63.2% de las denuncias totales, aunque las cifras de víctimas han crecido, pasando de 1,430 en 2021 a más de 2,000 proyectadas para el cierre del 2025. En tanto, la explotación laboral se ubica entre el 25% y 30%, dependiendo de la zona geográfica.
Aunque Lima concentra la mayor cantidad de notas de alerta de desaparición, por su densidad poblacional, existen zonas críticas de tránsito y destino vinculadas a economías ilegales, como La Libertad, Piura, Cusco y Madre de Dios, donde la minería ilegal y la tala facilitan la explotación laboral y sexual. Entonces sí, estaríamos hablando de un patrón.
¿Cómo evalúa la respuesta del Estado frente a la desaparición de menores y qué brechas persisten en los protocolos de búsqueda inmediata?
La respuesta estatal frente a la desaparición de niñas, niños y adolescentes está enmarcada en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1428, que establece medidas para la atención de estos casos. Sin embargo, pese a este marco legal, la proporción entre denuncias y personas ubicadas solo llega al 54% en el mismo año de la denuncia. Entre 2021 y 2025, un total de 47,196 personas continúan desaparecidas, lo que representa un promedio anual superior a 9,000 personas no ubicadas. Esto implica una efectividad en la búsqueda muy inferior a la de otros países como España o Ecuador, que superan el 90%.
Asimismo, al finalizar el 2025, el porcentaje de mujeres ubicadas pasó de 59% a 58%M en menores de hasta 5 años, solo el 31% es ubicado y en adolescentes el porcentaje alcanza el 48%, es decir menos del 40% de casos. Otro dato preocupante es que el número de personas ubicadas sin vida ha aumentado de 168 a 235 en el último año.
Todo esto evidencia que una de las principales brechas está en la aplicación de los protocolos de búsqueda inmediata, especialmente en las primeras horas. Aunque el Decreto Legislativo 1428 establece la obligatoriedad de la atención inmediata sin esperar 24 horas, en la práctica aún se reportan casos en los que los agentes policiales se niegan a recibir la denuncia.
¿Por qué persisten estas fallas en la atención inmediata?
Principalmente por prejuicios en las autoridades. Se minimizan los casos de adolescentes, asumiendo que regresarán, cuando las primeras horas son cruciales. Algo que sí podemos destacar es que la Defensoría del Pueblo ya cuenta con un correo para la alerta AMBER. Este es un sistema del Ministerio del Interior que permite activar la búsqueda inmediata de un menor de edad desaparecido mediante comunicación interinstitucional, para recibir información de entidades aliadas o colaboradoras. Eso permite que la información circule rápidamente y que se active el protocolo de búsqueda.
¿Qué otras deficiencias se han encontrado en la atención de estos casos?
En cuanto a la investigación penal, existen deficiencias estructurales. Aunque el Ministerio Público ha fortalecido las fiscalías especializadas en trata de personas, solo una fracción de las denuncias culmina en sentencias. Durante el 2025 se observó un incremento en el número de víctimas identificadas. Según reportes del Ministerio Público y el monitoreo de organizaciones, como CHS Alternativo, se proyecta que el número de víctimas supere las 2,600 personas al cierre del año. De ellas, aproximadamente el 40% son menores de edad. Sin embargo, entre 2020 y junio de 2025 se lograron solo 630 sentencias condenatorias a nivel nacional, sancionando a 889 personas. Esto representa menos del 10% de las denuncias, lo que evidencia una baja efectividad y dificultades en la investigación, incluyendo debilidades en el uso de pruebas para vincular la desaparición con la criminalidad organizada.
¿Cómo debería el Estado garantizar la protección integral de las víctimas, tanto en la búsqueda como en la recuperación y reintegración?
El Estado debe garantizar la protección integral de las víctimas bajo el principio del interés superior del niño. Esto implica actuar en tres niveles: búsqueda, recuperación y reintegración. En la fase de búsqueda, es fundamental corregir las deficiencias en las primeras horas y aplicar de manera estricta los protocolos existentes. En la recuperación, las Unidades de Protección Especial deben asegurar el acogimiento inmediato de los menores ubicados. En la reintegración, no basta con hallarlos, es indispensable brindar acompañamiento psicológico y social para evitar la revictimización y prevenir nuevas situaciones de riesgo. Sin embargo, estas etapas enfrentan limitaciones, ya que muchos casos no logran siquiera la ubicación de la víctima, y las UPE presentan problemas como el hacinamiento.
¿Qué acciones son clave para prevenir la desaparición de menores, especialmente en contextos de pobreza, migración o violencia familiar?
Es imperativo aplicar un enfoque de protección integral basado en la Ley 30466, estructurado en varios niveles. Primero, fortalecer el entorno familiar y comunitario como prevención primaria, mediante el rol de las DEMUNA, programas de crianza positiva y redes de vigilancia que detecten situaciones de riesgo. Segundo, implementar estrategias específicas para población migrante, garantizando la identificación, regularización y acceso a servicios para reducir la vulnerabilidad frente a la trata. Tercero, reforzar la seguridad digital y prevenir el engaño laboral a través de alfabetización digital y fiscalización de agencias informales.
A ello se suman los protocolos de alerta temprana en el sistema educativo, que permitan detectar la ausencia prolongada de un estudiante y activar rápidamente mecanismos de respuesta; el fortalecimiento de servicios de atención frente a la violencia familiar, como la Línea 100 y el Chat 100; y el desarrollo de programas de articulación como “Rompiendo Cadenas”, que identifican a menores en situación de alta vulnerabilidad y facilitan su acceso a servicios del Estado, contribuyendo a romper los ciclos de riesgo.
¿Qué recomendaciones ha dado la Defensoría del Pueblo al Estado y qué nivel de cumplimiento han observado?
La Defensoría ha recomendado mejorar la calidad de los registros para evitar duplicidades, publicar estadísticas de manera oportuna, capacitar al personal policial con enfoque de género, asignar presupuesto a las unidades de búsqueda, fortalecer los protocolos interinstitucionales, mejorar los mecanismos de geolocalización y ampliar la difusión de alertas en zonas rurales. Al respecto, sentimos que (las autoridades) nos están escuchando, aunque están avanzando paso a paso
¿Cómo puede la sociedad civil contribuir de manera efectiva a la prevención y respuesta frente a la desaparición de niñas, niños y adolescentes?
La sociedad civil es un aliado estratégico y puede contribuir mediante capacitación, difusión y trabajo articulado. La problemática de la desaparición de niñas, niños y adolescentes es compleja y profundamente dolorosa, y requiere una respuesta urgente y sostenida por parte del Estado y de toda la sociedad. En estos casos, las acciones de las familias y la ciudadanía son clave. Denunciar de inmediato sin esperar, proporcionar información detallada como fotografías y redes sociales, y ejercer vigilancia ciudadana reportando cualquier sospecha.
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