Las denuncias y casos de personas desaparecidas continúan siendo una situación alarmante en el Perú. Lejos de reducirse, este fenómeno se mantiene sostenido en el tiempo y evidencia profundas limitaciones en la respuesta estatal, afectando de manera particular a niñas, niños y adolescentes. Este fenómeno no puede analizarse de forma aislada, ya que en muchos casos está vinculado a delitos como la trata de personas, el trabajo infantil y la explotación sexual, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED), entre 2023 y 2025 se registraron 55,275 desapariciones. Solo en 2025 se reportaron 19,346 casos, lo que representa un incremento del 9,1 % respecto al 2024, superando incluso los niveles de 2023. Del total, el 58 % corresponde a mujeres y el 53,5 % a menores de edad, lo que confirma la alta exposición de niñas y adolescentes a este riesgo.
La mayor concentración de casos se registra en Lima, con más de 22 mil denuncias acumuladas, seguida por regiones como Cusco, Arequipa y Junín, territorios donde confluyen dinámicas de migración, economías informales e ilegales y mayores riesgos de captación. Este escenario refleja una especial vulnerabilidad para la niñez y adolescencia.
Diversos patrones muestran que la desaparición de menores está estrechamente vinculada a redes de trata y explotación. Las falsas ofertas laborales y el uso de redes sociales se han consolidado como mecanismos de captación cada vez más frecuentes, permitiendo a las organizaciones criminales llegar a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Mientras las niñas y adolescentes son principalmente víctimas de explotación sexual, los niños y adolescentes varones suelen ser captados para trabajos forzados en sectores informales o ilegales. Esta conexión refuerza la necesidad de abordar la desaparición como parte de un problema más amplio de violencia y criminalidad organizada.
El Protocolo de Atención de Personas Desaparecidas establece que la respuesta frente a una desaparición debe ser inmediata. Desde la recepción de la denuncia, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene la obligación de recopilar información y posibles indicios sobre un eventual responsable. Sin embargo, en la práctica, esta respuesta no siempre se cumple de manera oportuna ni eficaz. Una de las principales limitaciones del Estado radica en el débil trabajo conjunto entre las instituciones involucradas, la insuficiente asignación presupuestal y las falencias en la gestión de la información. Si bien el RENIPED es una herramienta central, aún presenta problemas de integración con otras bases de datos, mientras que servicios como la Línea 114 siguen siendo poco conocidos por la ciudadanía.
En este contexto, resulta imprescindible fortalecer la respuesta estatal mediante una estrategia integral que articule la búsqueda con la prevención. Esto implica mejorar la calidad y actualización de los registros, garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información y asegurar una coordinación efectiva entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y las demás entidades competentes. La fragmentación de la información y la falta de precisión en los datos continúan limitando la formulación de políticas públicas adecuadas y la implementación de respuestas oportunas.
En esa línea, es urgente avanzar en la aprobación de una estrategia nacional de prevención, acompañada de una asignación presupuestal específica que fortalezca las capacidades de búsqueda e investigación. Esto debe ir de la mano con la implementación efectiva de mecanismos como la Alerta AMBER a nivel nacional y la ampliación de la difusión de la Línea 114, incluyendo su disponibilidad en lenguas indígenas u originarias, para garantizar que más personas puedan acceder de manera oportuna a estos canales de ayuda.
De igual forma, se debe reforzar la capacitación de los operadores, no solo en capacidades técnicas, sino también desde un enfoque de derechos que elimine prejuicios y garantice una atención adecuada a las familias. Esto supone fortalecer la integración con programas como Warmi Ñan y los Centros de Emergencia Mujer, así como desarrollar servicios de protección y sistemas de alerta temprana que permitan prevenir nuevas desapariciones. En paralelo, resulta clave avanzar en la elaboración y aprobación de un protocolo de actuación fiscal para los casos en que la desaparición esté vinculada a la comisión de un delito, asegurando una respuesta especializada y eficaz.
A ello se suma la necesidad de fortalecer la difusión de los casos mediante un plan que involucre a medios de comunicación, canales oficiales del Estado, empresas de transporte y gobiernos regionales y locales. Asimismo, es prioritario avanzar en la interoperabilidad entre sistemas como SIDPOL, los registros de morgues, hospitales, migraciones y la Policía de Carreteras, con el fin de garantizar una respuesta más rápida y efectiva.
Garantizar el regreso a casa de cada niña, niño y adolescente desaparecido es una obligación del Estado y un imperativo ético. Sus familias no pueden ni deben vivir en la incertidumbre ni en el dolor prolongado por la falta de respuestas. La desaparición de menores no es un fenómeno aislado, sino una puerta de entrada a otras formas graves de violencia. Enfrentarla exige una respuesta urgente, sostenida y centrada en la protección integral de sus derechos.
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