Editorial Alternativo
Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, en el año 2022 se reportaron en el Perú 18,882 denuncias de desaparecidos; de ese total, el 61% fueron niñas, adolescentes o mujeres. En el 2023 la situación fue similar; solo entre enero y junio se han reportado 8,937 desapariciones, de las que 5,341 son niñas, adolescentes o mujeres, es decir, el 60% del total. Además, 4,779 son niñas, niños y adolescentes, que representan el 53.5%[1].
Durante el primer semestre del año las denuncias por desaparición se han presentado en todas las regiones del Perú, siendo Lima, Junín, Cusco, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Callao, Huánuco y Ayacucho las regiones con mayor número de denuncias. Este es un dato importante a tener en cuenta, pues si superponemos en un mapa las denuncias por desaparición con otros fenómenos que se dan en el Perú, encontraremos una aparente coincidencia con otras problemáticas y delitos como las economías ilícitas, la trata de personas, los feminicidios o la existencia del crimen organizado en cada una de esas regiones. Es decir, las desapariciones de personas se dan principalmente en contextos en los que la población se ve expuesta a situaciones de violencia. Y la violencia en el Perú tiene rostro principalmente de mujer, sobre todo de aquellas que están en el rango de edad entre los 12 y los 25 años.
Si vamos un poco más allá y analizamos las denuncias registradas por desapariciones, es fácil observar elementos comunes, los cuales permiten identificar un perfil más detallado de las víctimas: personas que desaparecieron al ir a una entrevista de trabajo, personas que desaparecieron al trasladarse a otra región para iniciar un trabajo, personas que fueron a reunirse con un amigo o personas con problemas de salud mental. También están aquellas mujeres jóvenes migrantes que llegaron a Perú en busca de oportunidades o para reencontrarse con su familia y desaparecieron en la ruta Zarumilla-Lima. Asimismo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, son los distritos de Lima donde se presenta el mayor número de denuncias.
Todos estos aspectos deberían ser señales suficientes para que el Estado, por un lado, comience a pensar qué está haciendo para reducir la vulnerabilidad de las personas desde sus diferentes políticas y si está destinando los recursos adecuados a las instancias correspondientes. Por otro lado, se debe reconocer la relación directa que hay entre desapariciones y contextos de violencia. La Política Nacional contra la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, al hablar del modelo de oportunidad delictiva, identifica tres factores: una víctima disponible, un agresor motivado y una vigilancia débil o ineficaz. Tres aspectos que quedan totalmente evidenciados en el análisis del perfil de las denuncias registradas por desapariciones en Perú.
Además, el Reporte de Seguimiento de la Política Nacional frente a la Trata de Personas correspondiente al 2022, elaborado por el Ministerio del Interior, reconoce la debilidad de la Policía Nacional del Perú –concretamente de las Direcciones especializadas en materia de trata de personas– para investigar y perseguir el delito, entre otras causas (…) por contar con un presupuesto asignado muy limitado que no permite cumplir con la implementación de los servicios de manera ágil y oportuna (…). Tal vez ello ayude a explicar por qué sólo el 50% del total de las denuncias por desaparición cuentan con notas de alerta, como lo advierte la Defensoría del Pueblo.
Anet, Martha, Dulce, Karin, Fernanda, Carmen Rosa, Katherin, son solo algunos de los nombres de las personas que un día desaparecieron sin dejar rastro y detrás de las cuales hay historias de vida, sueños, familiares y amigos que necesitan saber qué pasó con ellas para continuar con sus proyectos de vida. Porque con una desaparición, no solo se paraliza la vida de las personas que desaparecen, sino que se arrastra también la de aquellos que buscan y esperan encontrarse con sus seres queridos.
Reencontrarse o saber el destino de los mismos es un derecho humano al que el Estado debe dar respuesta. Solo así se podrán cerrar heridas y continuar con la cotidianidad de sus vidas. Nadie debe ni puede vivir con dolor y duelo eterno.
[1]https://desaparecidosenperu.policia.gob.pe/
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