Leticia Silva Chávez es abogada, exmagistrada y gerente de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT). En esta entrevista explica cómo las redes criminales han trasladado la captación de víctimas al entorno digital, los desafíos de la atención integral y por qué fortalecer el presupuesto es clave para combatir este delito.
¿Cómo ha evolucionado el delito de trata de personas en los últimos años? ¿Ha cambiado el perfil de las víctimas?
La trata de personas ha cambiado porque también han cambiado las formas en que operan las organizaciones criminales. Antes se utilizaban métodos tradicionales para captar y trasladar a las víctimas; hoy utilizan TikTok, Instagram y otras redes sociales. Eso hace que este delito sea mucho más complejo y difícil de investigar.
También ha cambiado el perfil de las víctimas. Aunque niñas, niños y adolescentes siguen siendo quienes enfrentan mayor riesgo, hoy identificamos cada vez más personas adultas, mujeres y hombres, afectadas por explotación sexual, laboral, mendicidad y otras formas de explotación, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, como ocurre con personas migrantes o con discapacidad.
Aunque se cree que la trata de personas comienza cuando la víctima es captada, antes suele existir un contexto de violencia y vulnerabilidad. ¿Por qué es importante entender que la trata no ocurre de manera aislada?
Efectivamente, la trata no es un delito aislado. Tiene antecedentes antes de que la víctima sea captada. Digo esto porque los tratantes no buscan a cualquier persona; buscan a quienes presentan factores de vulnerabilidad o están en una situación de mayor riesgo. Pienso en niñas, niños y adolescentes que pueden ser manipulados a través de las redes sociales; en personas adultas que atraviesan dificultades económicas; en personas migrantes que se encuentran en situación irregular o carecen de documentación; y también en quienes viven en zonas rurales alejadas, donde muchas veces existe poca información sobre este fenómeno. A todas ellas les ofrecen falsas oportunidades de trabajo, educación o una mejor calidad de vida, cuando en realidad buscan captarlas para explotarlas.
En los últimos años también hemos visto una modalidad cada vez más frecuente en los entornos digitales: el llamado Lover Boy. Se trata de personas que construyen relaciones afectivas mediante falsas promesas de noviazgo o matrimonio, pero lo único que buscan es ganarse la confianza de la víctima para captarla, aislarla y convertirla en objeto de explotación.
Además, la violencia está estrechamente vinculada a la trata de personas. Los contextos de violencia incrementan la vulnerabilidad y facilitan que este delito ocurra.
¿Qué señales de alerta deberían reconocer las familias y las comunidades para prevenir la trata de personas?
Existen factores de riesgo que pueden convertirse en señales de alerta para las familias y la comunidad. El primero es identificar cuándo una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o indefensión, ya sea por pobreza, falta de acceso a educación, salud o información, porque esas condiciones incrementan el riesgo de captación.
También hay señales concretas que no debemos pasar por alto. Una de ellas es la desaparición de una niña, niño o adolescente por horas o incluso días. Otra es cuando una persona manifiesta miedo o desconfianza hacia alguien con quien ha empezado a relacionarse, especialmente si percibe que las promesas que recibe no son reales o siente que su integridad o su libertad están en riesgo.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, es fundamental prestar atención al uso de internet y las redes sociales. Muchas veces los padres desconocen con quién interactúan sus hijos, especialmente cuando acceden desde espacios públicos, y es allí donde pueden establecer contacto con integrantes de organizaciones criminales.
La prevención requiere comunidades informadas y comprometidas. Por eso, es fundamental que las familias acompañen a niñas, niños y adolescentes y que las autoridades locales desarrollen acciones permanentes de sensibilización.
¿Cuáles son las cifras más recientes de atención que registra la UCAVIT y qué reflejan sobre la magnitud de este delito?
El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos cuenta con una unidad especializada, la UDAVIT-FISTRAP, integrada por equipos multidisciplinarios que atienden exclusivamente a víctimas y testigos involucrados en investigaciones por trata de personas derivadas por las fiscalías especializadas.
En términos generales, entre enero y diciembre de 2025 atendimos 22.212 usuarios, de los cuales 18.827 fueron víctimas y 2.106 testigos correspondientes a distintos delitos.
Si hablamos únicamente de trata de personas, durante el 2025 atendimos 459 víctimas, y entre enero y mayo de este año ya hemos registrado 264 víctimas, una cifra importante que probablemente aumente conforme las fiscalías especializadas identifiquen y deriven nuevos casos.
Espero que esa cifra no siga creciendo, pero también debo decir que el incremento responde, en parte, a una mayor identificación y recuperación de víctimas.
Detrás de cada una de esas cifras hay una persona que debe reconstruir su vida. ¿Cómo acompaña la UCAVIT ese proceso de recuperación?
Nuestra atención es integral porque entendemos que las víctimas de trata requieren un tratamiento diferenciado debido a la complejidad de este delito. Cuando recuperamos a una víctima, muchas veces encontramos a una persona que ha visto destruido su proyecto de vida. Ha perdido tiempo, oportunidades, ilusiones y expectativas de superación. Además, ha sido sometida a violencia, discriminación y tratos crueles que dejan profundas secuelas emocionales. Nuestro trabajo consiste precisamente en acompañarla para que pueda recuperar la confianza, ejercer plenamente sus derechos y reconstruir su vida.
Por eso, lo primero que hacemos es brindar contención psicológica inmediata. Sabemos que la recuperación emocional no es un proceso de corto plazo. En muchos casos requiere acompañamiento especializado y una articulación permanente con los centros de salud mental del Ministerio de Salud o con especialistas en psiquiatría del Instituto de Medicina Legal, cuando la víctima necesita una atención más especializada.
Al mismo tiempo, brindamos asistencia legal durante todo el proceso penal. No se trata solo de asesorar jurídicamente a la víctima, sino también de explicarle cada etapa del procedimiento, acompañarla en las diligencias y fortalecer su confianza para que pueda participar en el proceso con pleno conocimiento de sus derechos.
Nuestra intervención también comprende asistencia social. Evaluamos la situación familiar, económica y comunitaria de cada víctima y articulamos acciones con otras instituciones para facilitar su recuperación. Cuando se trata de personas extranjeras, gestionamos procesos de repatriación y, en los casos de mayor riesgo, de reasentamiento en coordinación con los consulados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
La recuperación no termina cuando una víctima es rescatada. El verdadero desafío es lograr que pueda reconstruir su proyecto de vida, recuperar su autonomía y contar con las condiciones necesarias para reintegrarse plenamente a la sociedad.
¿Cuáles considera que han sido los principales logros de la UCAVIT y qué dificultades enfrentan para brindar esta atención?
Nuestro mayor logro ha sido demostrar que una víctima de trata sí puede reconstruir su proyecto de vida cuando recibe una atención integral y un acompañamiento permanente. Para nosotros es muy satisfactorio ver cómo una persona recupera la confianza, vuelve a proyectarse hacia el futuro y comprende que existen instituciones y personas comprometidas con ayudarla.
Sin embargo, todavía enfrentamos muchas brechas. La principal es la presupuestal. Como institución atravesamos limitaciones económicas que afectan directamente la calidad del servicio que podemos brindar. Muchas veces quisiéramos contar con más equipos, más materiales y mejores condiciones para llegar a zonas de difícil acceso, como ocurre en regiones de la Amazonía, donde las distancias, el clima y las dificultades de transporte complican nuestra intervención.
También necesitamos intérpretes. El Perú es un país diverso, con múltiples lenguas y pueblos indígenas, y muchas veces no podemos brindar una atención tan eficiente como quisiéramos porque no contamos con ese recurso.
A estas limitaciones se suman brechas sociales y culturales. Considero que debemos seguir fortaleciendo una atención basada en los enfoques de derechos humanos, niñez, discapacidad, interculturalidad y género, porque son herramientas que nos permiten responder mejor a las necesidades de cada víctima.
En este esfuerzo, ¿qué papel cumplen la sociedad civil y las organizaciones que trabajan en la prevención y atención de la trata de personas?
Desde nuestra posición, consideramos que la participación de la sociedad civil y de las organizaciones es fundamental. La trata de personas no es un delito que pueda enfrentar únicamente el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía Nacional. Es una responsabilidad compartida que involucra a toda la sociedad. Cuando hablamos de prevención, hablamos también del compromiso de cada ciudadano. Cualquier persona que sospeche que alguien está siendo víctima de captación puede denunciar o dar una alerta. Las organizaciones de la sociedad civil también cumplen un papel muy importante porque fortalecen la prevención, acompañan a las víctimas y contribuyen a que la población esté mejor informada sobre este delito.
Mirando hacia adelante, ¿qué necesita el país para fortalecer la respuesta frente a la trata de personas?
Considero que lo primero es fortalecer el presupuesto destinado a esta lucha, porque eso nos permitiría contar con mejores herramientas para enfrentar un delito cada vez más complejo. Necesitamos fiscales y equipos multidisciplinarios altamente especializados, especialmente en materia tecnológica. Hoy la trata de personas está estrechamente vinculada con delitos como el lavado de activos, la criminalidad organizada y el uso de nuevas tecnologías. Incluso la inteligencia artificial representa un reto importante porque, si bien ofrece muchas oportunidades, también puede ser utilizada por las organizaciones criminales. Además, necesitamos mejores equipos para acceder a zonas alejadas y fortalecer la articulación entre todas las instituciones involucradas.
La recuperación de una víctima no depende únicamente del sistema de justicia. Requiere un trabajo coordinado con los sectores de salud, educación, trabajo y protección social, porque después del rescate debemos garantizar que esa persona pueda reconstruir su proyecto de vida, acceder a oportunidades educativas y laborales, y recuperarse emocional y psicológicamente. No basta con rescatar a una víctima; debemos asegurar que tenga las condiciones para reintegrarse plenamente a la sociedad y evitar que vuelva a ser captada por las redes de trata.
No hay comentarios aún