José Koechlin es sociólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta entrevista analiza el papel de los gobiernos regionales y municipales en la prevención de la violencia y la trata de personas.
De cara a las próximas elecciones, ¿qué lugar debería ocupar la prevención y atención de la violencia y la trata de personas en las propuestas y agendas de los futuros gobiernos regionales y municipales? ¿Por qué debería ser una prioridad?
Muchos estudios señalan que una de las principales causas de la trata, sobre todo en las regiones donde tiene mayor incidencia, es la pobreza y, en segundo lugar, la violencia. La pobreza obliga a muchos chicos, chicas y jóvenes a abandonar la escuela y buscar empleo. En el caso de las mujeres, suelen ser víctimas de trata para explotación laboral y, sobre todo, sexual; en el de los varones, principalmente para explotación laboral. También está la violencia de los padres hacia los hijos, especialmente en ámbitos andinos, donde en algunos casos está normalizada. Por eso, los municipios tienen un papel importante en prevenir la deserción escolar y evitar que esta profundice la vulnerabilidad.
En ese sentido, pueden desarrollar programas de sensibilización en las escuelas para advertir sobre las falsas ofertas de empleo y el llamado “dinero fácil”. La prevención también pasa por generar oportunidades para los jóvenes. Ahí los colegios pueden convertirse en espacios de formación en emprendimiento e iniciativas económicas locales. Los municipios no solo tienen funciones como la limpieza, los parques, jardines y mercados; también tienen una responsabilidad en el desarrollo económico local. Deben promover y facilitar, especialmente para los jóvenes, su inserción en el mercado laboral y el desarrollo de actividades económicas formales. Eso también es prevención.
Desde su experiencia trabajando con gobiernos locales, ¿qué factores de vulnerabilidad frente a la violencia y la trata podrían abordarse mediante políticas de desarrollo local? ¿Qué medidas concretas podrían implementar las municipalidades para prevenir estas situaciones?
Hay factores como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales, la informalidad y la violencia familiar que incrementan la vulnerabilidad frente a la trata. En el caso del embarazo adolescente, es importante entender que, en algunos contextos de pobreza y violencia, puede convertirse en una estrategia para abandonar la escuela, salir del hogar y empezar a trabajar. Sin embargo, esto suele generar nuevas situaciones de dependencia y violencia y profundizar las condiciones de pobreza.
Pero los gobiernos locales tienen también herramientas concretas para prevenir estas situaciones. Por ejemplo, en un estudio que realicé en Quispicanchi encontramos casos de niñas, niños y adolescentes trasladados con permisos notariales aparentemente legales. Por ello, sería importante contar con un registro en línea e interoperable de las autorizaciones notariales para el traslado o entrega de menores de edad, que permita verificar inmediatamente la identidad del niño, sus padres y la autenticidad de la autorización. Con herramientas de interoperabilidad entre notarías, RENIEC y las autoridades encargadas del control, se podría detectar documentación falsa y fortalecer la fiscalización.
Además de verificar las autorizaciones para el traslado de niñas, niños y adolescentes, ¿qué otras medidas de fiscalización pueden implementar los gobiernos locales para prevenir la violencia y la trata?
Los municipios tienen recursos y, sobre todo, conocen el territorio. El alcalde, los funcionarios, el Serenazgo y también la Policía saben dónde están los hospedajes clandestinos o que funcionan irregularmente, dónde están los bares y cuáles son los lugares que pueden presentar mayores riesgos. Por eso, deben realizarse acciones de fiscalización, incluidas visitas inopinadas, y actuar de manera articulada con la Policía y la Fiscalía. El problema es que también puede existir corrupción o tolerancia de las propias autoridades frente a estos establecimientos. Puede haber funcionarios o policías que reciben dinero, o negocios que tienen vínculos con autoridades y luego quedan fuera de la fiscalización. Por eso, además de fortalecer los controles, se necesita voluntad política.
Pero hay otro papel fundamental de los municipios: generar información. No basta con decir que en un distrito hay trata o niños en situación de vulnerabilidad; hay que saber cuántos casos existen, dónde se concentran y cuáles son sus características. Hay que cuantificar los problemas para poder presupuestar, tomar decisiones y exigir más policías, fiscales, personal y recursos. Los tomadores de decisiones necesitan datos para actuar; por eso, generar, organizar y compartir información debería ser también una estrategia de los gobiernos locales.
En zonas vinculadas a la minería ilegal, como La Pampa, donde puede existir explotación laboral y sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo podrían los municipios identificar estas situaciones y generar información?
Hay que tener en cuenta que la trata no siempre se manifiesta como explotación sexual. En un estudio que realicé en una zona de Cusco, camino a Madre de Dios, encontramos hasta siete niñas trabajando desde las cinco de la mañana en la cocina de un restaurante, lavando, cocinando y realizando otras tareas. Eran víctimas de explotación laboral.
Por eso es importante que los municipios conozcan qué ocurre en su territorio y generen información sobre los establecimientos y las personas que trabajan allí. La Gerencia de Desarrollo Social, junto con Sunafil, la Policía y otras instituciones, debería compartir información y realizar fiscalizaciones permanentes. Esto permitiría identificar situaciones de riesgo e intervenir oportunamente.
La captación de víctimas de trata también se ha trasladado al entorno digital. ¿Qué pueden hacer los municipios para prevenir y fiscalizar estos nuevos mecanismos de captación? ¿Considera que medidas como los filtros en servicios públicos de internet pueden contribuir a esta prevención?
Todo suma. Los problemas son complejos y requieren una respuesta articulada entre la Policía, la Fiscalía, los municipios, los colegios, los servicios de salud y también medidas frente al uso de las redes. En ese sentido, estoy de acuerdo con implementar filtros para bloquear páginas de riesgo en colegios, cafés, restaurantes y otros espacios públicos. En los hogares es diferente, porque hay que respetar la responsabilidad de los padres.
Hablando también de la población y de la comunidad preocupada por estos temas, ¿cómo podrían las organizaciones de la sociedad civil o las comunidades organizadas participar en la prevención, la vigilancia y la exigencia de respuestas frente a la violencia y la trata?
Hay un mecanismo que ya existe y que puede ser aprovechado: el presupuesto participativo, que es obligatorio y se realiza anualmente. Allí participan organizaciones sociales y de base, asociaciones de mujeres y jóvenes, vecinos, ollas comunes y otras organizaciones de la comunidad, que pueden presentar iniciativas y proyectos para que sean priorizados y financiados por el municipio.
Las organizaciones pueden presentar proyectos de prevención, capacitación, sensibilización y vigilancia frente a la trata. En las comunidades andinas y amazónicas existe, en muchos casos, una importante capacidad de organización, y estas iniciativas pueden articularse con los presupuestos ordinarios de las gerencias municipales.
Pero hay una condición fundamental: hay que dimensionar el problema con datos. No basta con decir que hay jóvenes que se van a Madre de Dios a trabajar. Hay que demostrar cuántos son, de dónde vienen, cuántos abandonaron el colegio y qué consecuencias enfrentaron. Cuando trabajé en Sicuani conocí casos de adolescentes que dejaban los estudios para ir a Madre de Dios y regresaban con graves problemas de salud, incluso con leishmaniasis, debido a las precarias condiciones en las que vivían y trabajaban. Algunos necesitaban tratamientos largos y costosos. Ese tipo de información permite demostrar que estamos frente a un problema real y dimensionar cuánto se necesita para enfrentarlo. Con datos y evidencias, las organizaciones pueden lograr que la prevención de la trata sea considerada una prioridad y conseguir recursos concretos para intervenir.
¿Actualmente las municipalidades tienen recursos para enfrentar estas problemáticas?
Tienen, pero es mínimo y en muchos casos los funcionarios lo desconocen, o como tienen una situación privilegiada y no están cerca de estos problemas, no dimensionan ni cuantifican bien cuánto dinero podría destinarse al tema.
Si tuviera que plantear una agenda mínima para las próximas autoridades regionales y municipales frente a la violencia y la trata de personas, ¿cuáles serían las tres prioridades que deberían asumir desde el inicio de su gestión?
Yo plantearía tres prioridades. La primera es fortalecer la coordinación institucional al más alto nivel. En cada región existen espacios donde participan autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, Defensoría y gobiernos regionales y municipales. Estos espacios pueden elaborar planes concretos frente a la trata, pero necesitan que alguien los impulse y convoque, que puede ser la sociedad civil.
La segunda es fortalecer la prevención y la vigilancia desde el territorio. Los municipios deben desarrollar programas permanentes de sensibilización sobre violencia y trata, pero también identificar los lugares de mayor riesgo: mercados, ferias, bares, hospedajes, rutas de transporte y otros espacios donde niñas, niños y adolescentes pueden ser captados o trasladados. Allí el Serenazgo y otros servicios municipales pueden cumplir una función preventiva y de vigilancia.
La tercera es crear mecanismos efectivos de identificación y control, como un registro en línea de los permisos notariales para el traslado o custodia de menores de edad, de modo que un policía, fiscal, docente u otra autoridad pueda verificar inmediatamente su autenticidad. Esta interoperabilidad permitiría prevenir traslados ilegales y fortalecer la respuesta del Estado.
En resumen: coordinación institucional, prevención y vigilancia territorial, e información e interoperabilidad para actuar antes de que la trata ocurra.
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