Tania Pariona es directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en esta entrevista advierte sobre el riesgo de un mayor retroceso en los derechos fundamentales en el nuevo gobierno. Asimismo, cuestiona las leyes que favorecen la impunidad y sostiene que la organización ciudadana será clave para preservar la democracia.
A pocas semanas del inicio de un nuevo gobierno, ¿cómo evalúa la situación de la democracia y los derechos humanos en el Perú? ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que deberá enfrentar la próxima gestión?
Nosotros proyectamos un escenario en el que podría producirse un mayor agravamiento del retroceso en materia de derechos humanos. En los últimos años se han consolidado diversas medidas legislativas que representan retrocesos en derechos de las mujeres, igualdad de género, educación sexual integral y derechos territoriales, como ocurre con la Ley Forestal y las facilidades otorgadas a industrias extractivas. A ello se suma todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, con lo que distintos sectores de la ciudadanía han denominado “leyes procrimen”, además de un amplio paquete de normas de impunidad. Entre ellas están la ley que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad, la ley de amnistía y la reciente aprobación del retorno del fuero militar.
Este último aspecto resulta especialmente preocupante porque amplía las funciones de policías y militares y otorga al fuero militar la posibilidad de investigar y procesar casos que deberían ser vistos por la justicia ordinaria. Durante años se defendió que los delitos comunes cometidos por agentes del Estado fueran juzgados por el fuero civil. Por ello, esta medida apunta a una mayor impunidad. Si observamos los últimos años, encontramos múltiples casos de violaciones de derechos humanos en los que policías o militares son investigados: el 14 de noviembre de 2020, cuando murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado; las más de 50 muertes durante las protestas de 2022 y 2023; el caso Trujillo en 2025; los cinco jóvenes asesinados en la ruta Colcabamba-Huancavelica; y, recientemente, el caso de Erick Dueñas, un adolescente de 17 años hallado muerto bajo custodia policial. Estos hechos evidencian patrones de abuso policial, uso excesivo de la fuerza y posibles conductas delictivas. En el caso de Erick Dueñas estamos hablando de una posible figura de homicidio, en un contexto donde el Estado tenía la obligación de garantizar su vida y protegerlo por su condición de adolescente.
Estos temas prácticamente no han sido abordados durante la campaña electoral…
No. Y estamos hablando claramente de casos de violación de derechos humanos donde existe responsabilidad estatal. Tenemos leyes de impunidad, normas que agravan la inseguridad ciudadana, retrocesos en materia de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos territoriales de los pueblos indígenas y una creciente criminalización de la protesta social.
A ello se suma que la lideresa de Fuerza Popular ha anunciado propuestas que significarían mayores retrocesos o el desconocimiento de estos problemas. Ella ha señalado que los derechos humanos deben verse hacia el futuro, vinculándolos principalmente a infraestructura y servicios básicos. Sin embargo, el país mantiene deudas pendientes de justicia respecto a graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y el 2000. Por ello, el escenario que observamos es de mayor riesgo para que estos retrocesos se consoliden como políticas públicas que invisibilicen la situación de vulnerabilidad de distintos sectores y debiliten el enfoque de derechos.
¿Qué prioridades debería incorporar el próximo gobierno para garantizar una agenda mínima de derechos humanos y proteger a las poblaciones más vulnerables?
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos impulsamos un proceso participativo denominado Consenso por los Derechos Humanos, en el que identificamos siete ejes prioritarios para los próximos cinco años. Entre ellos está lo relacionado con reformas institucionales y políticas. Es fundamental recuperar la autonomía e independencia de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. También resulta indispensable avanzar hacia una democracia paritaria e intercultural. Se han eliminado criterios fundamentales como la alternancia y la horizontalidad, y sigue pendiente una verdadera representación indígena y afroperuana. Los pueblos indígenas han sido uno de los sectores más invisibilizados. Incluso desapareció la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos dentro de la nueva estructura bicameral, y seguimos sin contar con mecanismos efectivos de participación política indígena.
Otro eje importante es la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Hoy defender derechos territoriales, ambientales o los derechos de las mujeres implica riesgos de criminalización y estigmatización.
¿Cuál debería ser la posición del nuevo gobierno frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
El nuevo gobierno debería defender firmemente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando así el acceso a la justicia para las víctimas. Cualquier propuesta de retiro de este sistema sería extremadamente grave, pues debilitaría la protección de derechos humanos en el país.
En esa línea, es fundamental anular las leyes de amnistía y eliminar las normas que permiten la prescripción de violaciones de derechos humanos. Se debe fortalecer la memoria histórica, en un contexto en el que durante décadas ha existido una tensión entre quienes niegan los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y quienes defienden el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, en concordancia con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Respecto a las llamadas leyes «procrimen», ¿qué debería hacer el nuevo gobierno? ¿Y cómo enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana?
Es indispensable derogar las leyes que favorecen al crimen organizado. Existen por lo menos ocho leyes que modifican distintos aspectos del sistema de justicia y seguridad. Por ejemplo, algunas reducen las competencias del Ministerio Público y trasladan funciones clave de investigación preliminar a la Policía Nacional. Si existen evidencias de corrupción o infiltración criminal dentro de algunas estructuras policiales, resulta legítimo preguntarse cómo se garantizará una investigación independiente y eficaz. También se han cuestionado las modificaciones vinculadas a allanamientos, colaboración eficaz e incautación de materiales utilizados por economías ilegales como la minería ilegal. Lo que corresponde es revisar exhaustivamente cada norma, identificar sus vacíos y determinar qué debe derogarse y qué debe reformarse. Lo importante es abrir un debate serio y basado en evidencia. Hoy existe un amplio consenso entre especialistas en que estas leyes no contribuyen a combatir el crimen organizado y podrían favorecer escenarios de impunidad.
El aumento de la criminalidad también está asociado a delitos como la trata de personas y la explotación sexual. ¿Cómo evalúa la actuación del gobierno saliente en esta materia?
Es un tema muy importante. Casos como La Pampa, en Madre de Dios, evidencian niveles alarmantes de explotación sexual de niñas y adolescentes en contextos vinculados a economías ilegales. Desde el Ejecutivo, con toda esta crisis constante y cambio de autoridades permanentes, no se ha logrado consolidar una política sólida de lucha contra la trata de personas ni contra la explotación sexual de niñas y adolescentes. Incluso se han debilitado campañas y estrategias que durante años se implementaron en zonas especialmente vulnerables como la Amazonía y el VRAEM. Pero lo más preocupante es la falta de articulación institucional y de presencia efectiva del Estado en territorios donde estos delitos siguen ocurriendo.
¿Cómo evalúa la situación actual de los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ+ en el Perú?
Hay una necesidad urgente de defender la igualdad y el enfoque de género. El acceso a derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral deben fortalecerse. No es posible que un país con altos índices de violencia sexual y embarazos adolescentes elimine progresivamente la educación sexual integral de sus políticas educativas. También es necesario garantizar el acceso al aborto terapéutico y avanzar en el debate sobre la despenalización del aborto por violación. Asimismo, es importante reivindicar los derechos de la población LGTBIQ+. Las recientes normas que restringen derechos de las personas trans han generado mayores niveles de violencia, acoso y hostilidad.
Frente a los retrocesos que ha mencionado, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil a fortalecer la democracia y la participación ciudadana?
La sociedad civil ha pasado a ser vista como un obstáculo cuando, durante décadas, fue un actor fundamental para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. A pesar de ello, creo que la capacidad organizativa de la sociedad peruana sigue siendo uno de nuestros principales activos. Existen organizaciones de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, colectivos feministas, sindicatos, asociaciones de productores y muchos otros espacios que han sostenido históricamente la participación ciudadana. Esa capacidad organizativa será fundamental para seguir defendiendo derechos, generando incidencia pública y fortaleciendo la democracia desde los territorios.
En un contexto de creciente polarización política y desconfianza institucional, ¿qué rol puede asumir la ciudadanía para contribuir a reducir estas divisiones y fortalecer la democracia?
La polarización no desaparecerá de manera inmediata con un cambio de gobierno. Nos encontramos en un país profundamente dividido, con distintas visiones sobre la democracia, los derechos y la representación política. En ese escenario, la ciudadanía puede cumplir un rol clave fortaleciendo la organización social, promoviendo espacios de formación ciudadana y manteniendo vivos los debates sobre derechos humanos, memoria y dignidad en distintos ámbitos de la vida pública. Si bien los contrapesos institucionales se han debilitado, la sociedad civil puede contribuir a reconstruirlos desde la participación activa y la defensa constante de principios democráticos, ayudando así a reducir la desconfianza y sostener la convivencia democrática.
Finalmente, ¿qué compromiso debería asumir el nuevo gobierno para demostrar una verdadera voluntad de protección de los derechos humanos?
Tendría que empezar por reivindicar el Estado de derecho y los principios democráticos. Sin embargo, soy crítica respecto a esa posibilidad porque el propio plan de gobierno refleja una visión del país que cuestionamos desde el enfoque de derechos humanos. Si existe una demanda histórica de las víctimas del conflicto armado interno es el reconocimiento del daño causado y un gesto de perdón que nunca llegó. Los familiares siguen esperando verdad, justicia y reparación. Mientras esos hechos continúen siendo negados, resulta muy difícil construir confianza.
Sin embargo, creo que hoy existe una ciudadanía mucho más organizada, empoderada y consciente de sus derechos. Ya no estamos frente a una ciudadanía pasiva. Tenemos organizaciones, comunidades y movimientos sociales con experiencia, capacidad de incidencia y voluntad de participar activamente en la vida pública. Esa ciudadanía será protagonista en los próximos años.
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