Abel Chiroque es jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto. En esta entrevista advierte que la respuesta frente a la violencia enfrenta serias limitaciones en la región. La sobrecarga del Ministerio Público, la falta de unidades médico-legales y cámaras Gesell y la escasa presencia de servicios especializados en las provincias dificultan el acceso oportuno a la justicia y dejan a las víctimas en una situación de alta vulnerabilidad.
En el reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de la atención a las víctimas de violencia en Loreto se evidencian importantes brechas en servicios, personal y acceso a justicia. A partir de estos hallazgos, ¿cuál es hoy el principal problema que enfrenta Loreto para garantizar una atención oportuna y efectiva a las víctimas de violencia y trata de personas?
La situación de las entidades que atienden a víctimas de violencia y trata en la región ha desbordado. Esa es la realidad. La Defensoría del Pueblo supervisó esta situación en 2024 y este año actualizó la información, encontrando que las brechas persisten. En el Ministerio Público, por ejemplo, hay alrededor de 20 mil carpetas fiscales y solo 13 fiscales especializados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esto significa una carga de cientos de casos por fiscal, una situación que hace prácticamente imposible realizar una investigación adecuada. Hay diligencias que están siendo programadas incluso para el año 2028. También hay evaluaciones psicológicas y diligencias de cámara Gesell que deben esperar meses. Esto constituye una vulneración del derecho de las víctimas a acceder a la justicia de manera oportuna.
¿Esta situación se debe a un aumento de los casos de violencia o a una disminución de los recursos disponibles?
De acuerdo con información del Observatorio de la Criminalidad, la violencia es el segundo delito con mayor incidencia en Loreto, después de los delitos contra el patrimonio. Estamos hablando de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial y en todas sus manifestaciones. En el ámbito policial también encontramos una situación preocupante. En 2024, seis efectivos de la comisaría de Familia estaban encargados del seguimiento de las medidas de protección y cada uno tenía alrededor de 180 medidas de protección a su cargo, ósea que debía comunicarse con 180 víctimas. En 2026 la situación es todavía más crítica: solo hay cuatro efectivos para esta labor y cada uno tiene alrededor de 613 casos, lo cual es imposible de realizar. Además, la comisaría de Familia no cuenta con una movilidad asignada para realizar este seguimiento.
¿Qué ocurre con las víctimas cuando los servicios especializados no tienen capacidad para atenderlas?
Pues hay una vulneración de derechos en distintos niveles. La Unidad de Protección Especial, por ejemplo, ha incrementado su personal, pero continúa sin atención durante las noches, fines de semana y feriados. Esto quiere decir que un niño, niña o adolescente rescatado por la Policía o la Fiscalía fuera del horario de atención debe ser trasladado a esta unidad, pero no siempre existe personal disponible. La comisaría tampoco cuenta con ambientes adecuados para atender a menores de edad. En la práctica, algunas víctimas terminan en una oficina de una comisaría.
La situación también es crítica en las provincias. En toda la región Loreto solo existe una unidad médico-legal en Iquitos. Nauta, Caballococha y San Lorenzo, entre otras zonas, no cuentan con este servicio. Y en cuanto a las cámaras Gesell, existen tres en la región, pero solo dos están operativas debido a la falta de psicólogos. En 2024 había 11 psicólogos y actualmente solo hay ocho.
Todo esto significa que una víctima puede tener que esperar hasta dos meses para una evaluación psicológica o una diligencia de cámara Gesell.
¿Qué impacto tiene esta situación en las víctimas de trata de personas?
La trata es una forma de violencia y, obviamente, una víctima de trata que ingresa a este sistema de atención también enfrenta estas mismas barreras. Si los servicios no tienen capacidad para atender a las víctimas de violencia, tampoco podrán responder adecuadamente a una víctima de trata. Por eso necesitamos mirar la problemática de manera integral.
¿Qué otras brechas identificó la Defensoría en sus labores de fiscalización?
También hemos evaluado la Defensa Pública y encontramos que no hay defensores públicos en lugares como Nauta, Caballococha, San Lorenzo y El Estrecho. Lo peligrosos es que la ausencia de defensa pública puede generar impunidad. Si una persona es intervenida en flagrancia y no se cuenta oportunamente con un defensor, se pueden producir situaciones que terminan afectando la continuidad de los casos.
Además, la Unidad de Protección Especial y otros servicios tienen dificultades para responder fuera de la capital. En Putumayo, por ejemplo, las autoridades nos señalaron como una de sus principales preocupaciones la atención de la violencia. No hay médico legista y los médicos asistenciales no tienen capacidad suficiente para atender a las víctimas. Para acceder a una cámara Gesell, una víctima puede tener que desplazarse desde Putumayo hasta Iquitos. Se trata de una de las provincias más aisladas de Loreto y el traslado implica grandes dificultades. Si hay un caso de violencia, es muy difícil garantizar una atención oportuna.
En 2024 se anunció que la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en Loreto se adelantaría a julio de 2025. ¿Qué ocurrió y qué falta para que finalmente se concrete?
Efectivamente, en 2024 se anunció que la implementación del sistema se adelantaría a julio de 2025, pero esto no se concretó. La implementación requiere alrededor de 90 millones de soles y Loreto necesita esos recursos para crear y fortalecer unidades médico-legales, contratar profesionales e implementar centros de atención a víctimas en las provincias. No podemos aplicar el mismo modelo de atención de otras regiones a una región que no tiene carreteras y donde existen zonas con enormes dificultades de conectividad. Por eso, desde el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) hemos planteado reiterar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de asignar este presupuesto.
¿Qué papel deben cumplir los gobiernos regionales y locales en la prevención de la violencia?
Lo primero que deben hacer es sincerar la problemática. Hay un desborde de los servicios en todos los sectores y los gobiernos regionales y locales lo viven diariamente. No debemos esperar a que un alcalde, un gobernador o cualquier autoridad tenga un familiar o amigo que sea víctima y no pueda acceder a la justicia para reconocer esta situación. El problema ya está ahí y requiere una respuesta.
Pero, además, hay algunas medidas que pueden poner en marcha de manera inmediata, como dotar de movilidad a la comisaría de Familia, aunque lo que necesitamos son decisiones de mayor alcance y presupuesto.
Ante la gravedad de la problemática ¿cuáles son las tres medidas más urgentes que plantea la Defensoría del Pueblo en Loreto?
La primera es fortalecer las unidades de medicina legal. Deben implementarse en las provincias. Si las víctimas no pueden acceder oportunamente a una evaluación médico-legal, también se limita su posibilidad de contar con evidencias para acceder a la justicia.
La segunda es fortalecer el Ministerio Público. Un fiscal no puede tener alrededor de 300 casos y pretender investigar adecuadamente cada uno de ellos. Se necesita una carga razonable y mayores recursos para garantizar una investigación efectiva.
La tercera es que el Ministerio de la Mujer implemente un sistema de atención integral a las víctimas con presupuesto. Por ejemplo, una víctima que tiene que recorrer muchas horas desde una localidad alejada para llegar a un servicio especializado debe recibir una respuesta que considere su traslado y todas las atenciones que necesita.
No se trata solamente de tener servicios en Iquitos. Hay que garantizar que las víctimas de las provincias y comunidades alejadas puedan acceder efectivamente a ellos.
Tras la publicación del informe defensorial ¿han recibido alguna respuesta de las instituciones responsables?
Hemos recibido respaldo de la coordinadora regional en el CORESEC, que ha reconocido que los servicios están desbordados. Ha habido una coincidencia en el diagnóstico y un pedido de auxilio para atender esta situación. Ahora esperamos una respuesta concreta del Ejecutivo respecto de la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia y de las medidas urgentes que hemos planteado.
Frente a estas brechas, ¿qué debería cambiar para garantizar justicia y protección efectiva a las víctimas de violencia y de trata de personas?
Si la justicia tarda, no es justicia. Las normas nacionales y los tratados internacionales establecen el principio del interés superior del niño, la protección y la debida diligencia. Estos mandatos tienen que ponerse en práctica para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Muchos casos terminan prácticamente en la impunidad porque las víctimas dejan de acudir, no continúan con el seguimiento o no asisten a diligencias como la cámara Gesell, y finalmente, los casos pueden terminar archivándose.
Por eso necesitamos no solo atender los casos cuando ocurren, sino también fortalecer la prevención. La situación que estamos viendo debe servir para hacer visible la necesidad de actuar antes de que las vulneraciones ocurran.
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