En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, es necesario dirigir la mirada hacia uno de los eslabones menos atendidos de la respuesta estatal: los servicios de acogida residencial y los procesos de recuperación y reintegración de las niñas y adolescentes sobrevivientes de este delito.
Tras ser rescatadas de situaciones de explotación, el Estado debe garantizar la restitución de sus derechos, su protección y las condiciones necesarias para su recuperación. Sin embargo, la evidencia recogida por CHS Alternativo muestra que, en algunos casos, las dinámicas de atención en los Centros de Acogida Residencial Especializados (CARE) pueden ser vividas por las propias sobrevivientes como nuevas experiencias de aislamiento, control o restricción. Incluso, para algunas adolescentes, el ingreso a un espacio destinado a protegerlas puede sentirse como el intercambio de una forma de encierro por otra.
Esto obliga a preguntarnos: ¿los espacios destinados a proteger están generando realmente las condiciones para la recuperación y la restitución de derechos?
Las niñas y adolescentes que ingresan al sistema de protección no son “casos problemáticos”. Son sobrevivientes de graves vulneraciones de derechos y, en muchos casos, han atravesado experiencias de violencia, explotación, abuso y separación de sus vínculos familiares. Estas experiencias pueden generar ansiedad, temor, alteraciones del sueño, retraimiento, conductas de riesgo o dificultades para establecer vínculos. Por ello, su comportamiento no puede analizarse al margen de la violencia que han vivido.
Cuando el sistema de protección responde a estas conductas principalmente desde el control o el castigo, existe el riesgo de profundizar la revictimización. Testimonios recogidos por CHS Alternativo, para la investigación “Buscando Justicia”, dan cuenta de experiencias de incomunicación con sus seres queridos, restricciones y medidas disciplinarias que generan sentimientos de desprotección. “Todos dicen ahí que eso es una cárcel, peor que una cárcel; no podías ni llorar porque no te escuchaban”, relató una de las adolescentes entrevistadas.
Los CARE necesitan normas de convivencia, pero estas no pueden estar por encima de la dignidad y los derechos de las niñas y adolescentes. El reto es avanzar hacia una atención centrada en la víctima y sensible al trauma, que comprenda que determinadas conductas pueden ser respuestas a experiencias de violencia y no simplemente problemas de disciplina.
Esto también implica revisar la manera en que se atienden las crisis emocionales. La medicación puede formar parte de una atención especializada cuando corresponde, pero no debe sustituir la escucha, el acompañamiento psicológico y otras estrategias de contención. Cuando se convierte en la principal respuesta frente al sufrimiento, existe el riesgo de reducir la experiencia de la sobreviviente a un problema de conducta.
La protección debe conducir a la restitución de derechos
Transformar esta realidad requiere fortalecer los equipos que trabajan en los CARE. La falta de especialización, la rotación constante de personal y el agotamiento profesional pueden afectar la continuidad de los vínculos que las niñas y adolescentes necesitan para recuperar la confianza. El cuidado debe partir de reconocerlas como sujetas de derechos y garantizarles escucha, respeto, participación y condiciones para recuperar progresivamente su autonomía.
Los vínculos familiares también son importantes. Cuando existen condiciones de seguridad, la familia o los referentes afectivos protectores pueden constituir un soporte fundamental para la recuperación y la reintegración. La vulnerabilidad económica, por sí sola, no debería justificar la ruptura de estos vínculos. El Estado debe evaluar cada situación y, cuando corresponda, trabajar con las familias para fortalecer sus capacidades de cuidado y prevenir nuevas situaciones de violencia.
La reintegración tampoco puede reducirse al retorno al hogar. Debe considerar la salud física y mental, la educación, los vínculos familiares y comunitarios y las condiciones necesarias para construir un proyecto de vida autónomo. Sin embargo, esta dimensión continúa siendo una de las más débiles de la respuesta estatal. Según el X Informe Alternativo sobre la situación de la trata de personas en el Perú, en 2024 solo el 7,1 % de las niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección por trata contó con un Plan de Trabajo Individual con componentes de Reintegración (PTI-R): 40 planes frente a 560 casos registrados. La cifra evidencia la distancia entre las obligaciones del Estado y su capacidad efectiva para acompañar estos procesos.
Pero la brecha no es solo esa, también es presupuestal. El X Informe Alternativo señala que, de los 17 servicios previstos para la recuperación integral y reintegración de las víctimas, solo cuatro cuentan con presupuesto específico, por un monto conjunto de S/ 1,88 millones. Esto revela que la existencia de servicios en la política pública no garantiza, por sí sola, que estos puedan implementarse y responder a las necesidades de las víctimas.
La respuesta frente a la trata no termina con el rescate ni con el ingreso a un centro de acogida. El Estado debe garantizar recursos suficientes, equipos especializados y estables, atención psicológica y de salud mental adecuada, trabajo con las familias cuando corresponda y mecanismos efectivos de seguimiento de los procesos de recuperación y reintegración.
Desde CHS Alternativo reafirmamos que proteger a una niña o adolescente sobreviviente de trata no significa únicamente ponerla a salvo de sus explotadores. Significa garantizar su dignidad, escucharla, acompañarla y generar las condiciones para que pueda recuperar sus derechos y construir un proyecto de vida libre de violencia y explotación.
En ese proceso, los Centros de Acogida Residencial Especializados deben cumplir una función de protección y recuperación, no convertirse en espacios donde las sobrevivientes vuelvan a experimentar aislamiento, control o nuevas vulneraciones. La trata les arrebata derechos; la respuesta del Estado debe restituirlos.
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