La criminalidad organizada en Madre de Dios se incrementó radicalmente en los últimos años. Sobre este tema conversamos con Washington Luza, presidente de la Junta de Fiscales del distrito fiscal de Madre de Dios, quien aborda los principales desafíos que enfrenta la región en la lucha contra estos delitos.
¿Cuál es el contexto situacional de la criminalidad organizada y su vínculo con la trata de personas en Madre de Dios?
Primero debemos entender Madre de Dios. Esta región tiene dos ámbitos: uno minero y otro dedicado a la deforestación de bosques. Hay una incidencia criminal en la minería ilegal que corresponde a la zona de Mazuco, Boca Colorada y Tambopata. A eso se le añade que tenemos dos tipos de población: la primera, que no supera los 161 mil habitantes según el INEI, y la “población flotante [no registrada y principalmente dedicada a la minería]” que –entiendo– supera las 150 mil o 200 mil personas.
La actividad minera es bastante fuerte y se clasifica en tres: minería legal que no supera el 10%; minería en proceso de formalización, que data de muchos años, y una minería ilegal que se ha ido expandiendo desde La Pampa a otros lugares y donde el Estado no tiene mayor participación. Madre de Dios también es un corredor [de coca] desde el VRAEM, San Gabán y Loromayo, que nos hace un departamento “delivery” para el tráfico de drogas a Bolivia y a Brasil. Dentro de ese contexto, entendemos que existe una criminalidad organizada.
En esta “convivencia de delitos”, ¿cuál es el papel que cumple el Ministerio Público?
El Ministerio Público tiene dos frentes de trabajo: la prevención y la persecución. Pero no es una labor [exclusiva] del Ministerio Público, pues no es suficiente. Aquí tiene que haber voluntad política de parte del Estado para enfrentar la criminalidad. Esto significa que el Estado y sus instituciones deben trabajar integralmente, situación que está germinando. En tanto, el Ministerio Público hace todo lo posible dentro de los operativos que se diseñan y, aunque parece que estuviésemos actuando de manera reactiva, eso no debe ser así. Tenemos que tener una labor proactiva y anticiparnos. Hay que trabajar integralmente con las demás instituciones, con lo poco que tenemos económicamente y nuestra capacidad creativa.
La cobertura de los medios de comunicación a la situación delictiva de la región deja una sensación de impunidad y corrupción…
Esta percepción es nacional y no la estamos entendiendo. ¿Los estados de emergencia son buenos o malos? Los resultados que vemos son lesiones, crímenes, muerte. Esta percepción de impunidad es porque la población no está viendo resultados.
Hace falta un trabajo integral del Ministerio Público con la Policía y las demás instituciones para que las investigaciones sean más fuertes, de tal manera que el Poder Judicial no desestime las prisiones preventivas o las detenciones preliminares. Pero la Policía no tiene el personal suficiente ni la logística, ni siquiera tiene una camioneta nueva para perseguir el delito. El Ministerio Público de alguna manera cuenta con fiscales y una pequeña flota, pero la suma de estos dos no es nada en relación a la cantidad de delitos.
Este año hemos hecho capacitaciones de otra forma y nivel. Hubo un proyecto desde la Presidencia de la Junta fiscales para prevenir el delito desde los centros educativos. Y hemos estado viajando permanentemente para fortalecer a los niños y que se vuelvan conectores con sus familias, para prevenir la violencia familiar o la trata de personas, especialmente en las zonas vulnerables.
¿Cuáles son los desafíos en la lucha contra la criminalidad?
Para trabajar, falta una policía especializada. ¿Qué podemos hacer si tenemos 8 policías en trata de personas y una “población flotante” que supera los 100 mil habitantes? Es difícil tener esta información porque no sabemos dónde se acentúa más la delincuencia y qué tipos de labores hacen. Por ejemplo, no hemos hecho nunca un operativo en La Pampa [donde esta población está más presente], porque sería un suicidio. Estamos hablando de una población inmensa en un lugar que es como una ciudad, con todos los servicios, con personas que trabajan en esta actividad y otras que prestan servicios indirectos.
¿Cómo podrían enfrentar este contexto en La Pampa?
Las autoridades tenemos que trabajar de manera inteligente y atacar la fuente, se pueden cortar los servicios básicos porque sin estos no hay minería. Tenemos que ver los lugares por donde ingresan y para eso necesitamos robustecer a la Policía y a la Fiscalía y tener una mejor logística. Creo que por ese lado podemos menguar la criminalidad en un corto y mediano plazo. También podríamos cortar el ingreso de menores de edad hacia Madre de Dios. No olvidemos que hay una sola carretera de acceso, si ponemos puestos de control podemos mejorar.
¿Cuáles han sido los principales resultados de los operativos e intervenciones realizadas?
Este año 2023 hemos tenido 4 prisiones preventivas, 22 sentencias condenatorias y 4 absolutorias sobre trata de personas. Me parece interesante en relación a los años anteriores; 22 sentencias para una población estimada de 300 mil habitantes. Pero la pregunta también es si ¿tenemos operadores de justicia para esta población? Y la respuesta es que no los tenemos. Entonces hay que ajustar y ser estratégicos.
¿Cómo se trabaja contra la criminalidad interinstitucionalmente?
En octubre, por ejemplo, tuvimos un II Encuentro Trifronterizo entre autoridades de Brasil, Bolivia y Perú para abordar diversas problemáticas. Autoridades fiscales, judiciales, policiales y ediles de los tres países hemos acordado hacer más operativos de control. El próximo año entra en funcionamiento el Puerto de Chancay y Madre de Dios se convertirá en un lugar de tránsito muy grande. Esto implica que habrá crecimiento económico, pero también criminal. Por eso nos hemos puesto de acuerdo sobre ver qué podemos hacer con la debida anticipación.
Pero la criminalidad se ha innovado, ahora vemos que incorpora nuevas tecnologías como las redes sociales o el Internet.
Todo escenario es bueno en la medida que nos anticipemos. En el 2010 en Colombia un fiscal nos dijo: “alístense en Perú que se va a importar el crimen organizado. Pronto va a haber gota gota, sicariato y marcaje”. Entonces eso no existía en nuestro vocabulario. Y sin embargo, ¿qué se hizo desde el Estado? Nada. Los escenarios pueden ser buenos y malos. Buenos porque nos avisan, pero malos porque globalizan todo, incluso lo que no es bueno.
Pero el Ministerio Público siempre tiene las ganas de trabajar, por eso se han creado las fiscalías especializadas. Tenemos que buscar una estrategia de trabajo, y aquí el Estado tiene que tener su parte presupuestaria. Tenemos la vocación de servicio, pero la parte presupuestal es la que moviliza y mueve el personal y la logística.
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