El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que debería convocar a las autoridades a reflexionar con seriedad sobre este delito: su magnitud, sus víctimas y las acciones concretas que el Estado está implementando para prevenirlo. Sin embargo, la fecha pasó prácticamente inadvertida. Entre el extenso discurso presidencial, un trágico accidente de tránsito y la alerta de tsunami por el terremoto en Rusia, el país volvió a olvidar otro tsunami que golpea nuestra dignidad: la explotación humana.
Según cifras oficiales del Ministerio Público, entre enero de 2023 y junio de 2025 se han registrado más de 7,200 víctimas de trata de personas, en su mayoría mujeres y menores de edad. Aunque el número de por sí es alarmante y debería estremecernos, parece que no logra romper el silencio institucional.
Salvo las entrevistas concedidas por la fiscal Berenice Romero, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas, para explicar los esfuerzos que se realiza desde ese despacho frente a este crimen, y las actividades simbólicas realizadas por el Ministerio del Interior, como parte de la campaña “Corazón Azul” –que se repiten esporádicamente cada año–, la agenda política y mediática le dio la espalda al tema. Ni la presidenta Dina Boluarte mencionó la trata en su discurso del 28 de julio, ni el ministro del Interior detalló qué está haciendo su sector ante este gravísimo delito que en nuestro país afecta la vida de miles de personas.
El otro poder del Estado, el Congreso de la República, tampoco mostró interés en la lucha contra la trata de personas: desde hace mucho no exige al Ejecutivo rendir cuentas por este delito ni manifiesta preocupación por fortalecer las acciones en esta materia. Por el contrario, parece concentrado en aprobar normas que favorecen a las organizaciones criminales y a violadores de derechos humanos. Un ejemplo preocupante es la reciente modificación a la Ley de Extinción de Dominio, que termina afectando a las propias víctimas de delitos de explotación.
Lamentablemente, el desinterés institucional no se limita solo al Gobierno Central, también se replica en regiones, como Madre de Dios, una de las más golpeadas por este delito, donde la inacción fue aún más evidente. Pese a que la Comisión Regional Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas había acordado realizar actividades conmemorativas, un día antes de la fecha central estas se cancelaron sin explicación. Ante el vacío estatal, organizaciones sociales y la Veeduría Mirada Ciudadana alzaron su voz para denunciar la indolencia y la inacción de las autoridades.
En Puno, la única actividad realizada en el marco de la fecha fue un taller virtual sobre atención y reintegración de víctimas, organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Gobierno Regional. Desde entonces, no hubo ninguna otra acción relevante. Peor aún, tanto la red provincial como la regional contra la trata de personas permanecen inactivas por falta de reuniones y coordinación, debilitando la respuesta ante la problemática.
En tanto, en Loreto, el Gobierno Regional realizó un trote y una feria informativa, mientras que la Municipalidad de Loreto Nauta desplegó una agenda más amplia: capacitaciones, difusión en medios, charlas en colegios y asentamientos humanos, ferias y operativos inopinados. En Cusco también hubo actividades coordinadas por el Ministerio Público, la Red Regional de Concertación de Lucha contra la Trata de Personas y el proyecto de Trata del Gobierno Regional. Estos son ejemplos claros de que, con voluntad, es posible articular acciones efectivas. Sin embargo, la realidad es contundente, la desorganización y la falta de articulación entre autoridades nacionales, regionales y locales evidencian un preocupante abandono del Estado frente a un delito que sigue cobrando más víctimas y destruyendo vidas.
La trata de personas no es un problema aislado; es una manifestación extrema del deterioro social, de la explotación, la violencia y la desprotección hacia la población más vulnerable. Se trata de un fenómeno que está profundamente vinculado con la inseguridad ciudadana y con el poder creciente de la delincuencia organizada. Las redes de explotación operan como parte de complejas economías criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes. Por lo tanto, es deber del Ejecutivo rendir cuentas claras sobre lo que hace para enfrentar este delito e informar sobre los resultados alcanzados y los recursos invertidos. La ciudadanía merece conocer el avance real en la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas y lo que se espera hacer hacia adelante.
Este 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata de Personas, el Ejecutivo tiene una nueva oportunidad para rendir cuentas. Pese a que el Congreso ha bajado el nivel de esta rendición, al reducir la exigencia de informar del Pleno a solo dos comisiones del Parlamento, el Gobierno no puede permitirse el silencio. Y si, como cada año, el Congreso no convoca al ministro del Interior para que responda por la lucha contra la trata de personas, el propio ministro debería solicitar presentarse. No es un acto protocolar, es una obligación moral y política, pues cada día que pasa sin una respuesta es una vida perdida frente al tsunami invisible que seguimos ignorando.
Desde la sociedad civil, exigimos que el Estado asuma su responsabilidad, reactive y fortalezca la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas y asigne, de una vez, un presupuesto digno que permita acciones sostenidas, coordinadas y efectivas. Es hora de que el Estado cumpla con su deber
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