En el marco de las próximas elecciones quienes aspiran a gobernar el país vienen ofreciendo un bufet de propuestas electorales, muchas de ellas, promesas inviables para el contexto nacional. Los planes de gobierno están llenos de discursos de “mano dura” o construcción de “mega infraestructura”, pero adolecen de profundidad técnica para enfrentar las causas estructurales que sostienen la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana.
Frente a una aparente estrategia orientada a debilitar la institucionalidad y el sistema de justicia mediante normas hechas a medida, urge restablecer el Estado de derecho y derogar y/o modificar aquellas disposiciones que favorecen la criminalidad y la comisión de delitos contra la dignidad humana.
En ese sentido, resulta trascendental actuar frente a la exigencia de un abogado defensor para el inicio de allanamientos e incautaciones (Ley 32138), la reducción de los plazos para la colaboración eficaz (Ley 31990), el debilitamiento del sistema de extinción de dominio (Ley 32326) y la sucesiva ampliación del REINFO (Ley 32537).
Asimismo, no deben tolerarse normas que vulneran gravemente los derechos humanos, como la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002 (Ley 32107) y el reemplazo del enfoque de género por el denominado enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley 32535).
Pese a este escenario, según un informe publicado por La República (27.02.26), solo 10 de 36 candidatos presidenciales plantean en sus planes de gobierno la eliminación o modificación de estas normas. La mayoría guarda silencio o formula propuestas generales. Esta omisión es profundamente preocupante, pues el aumento de policías o la construcción de más cárceles, si no es acompañado por una reforma normativa integral, no logrará reducir la criminalidad.
Este panorama desentona con las políticas adoptadas en el Acuerdo Nacional, concebido y suscrito por los partidos políticos y otros actores estatales como una hoja de ruta para el desarrollo sostenible y la gobernabilidad democrática. Guardar silencio frente a la criminalidad significa debilitar la democracia, pues favorece la impunidad. También afecta la competitividad al permitir la expansión de economías ilegales y socava la transparencia al reducir los mecanismos de control y fiscalización social.
Ello, además, contraviene los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), suscritos por el Estado peruano. Debilitar la lucha contra la corrupción y la impunidad es contrario al ODS 16, que promueve paz, justicia e instituciones sólidas; mantener normas que aumentan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres afecta al ODS 5 de igualdad de género; y, desatender la lucha contra la trata de personas colisiona contra el ODS 8, que promueve el crecimiento económico sostenible, el empleo pleno y el trabajo decente para todos.
En este contexto, el voto no es solo una elección política, es un acto de defensa democrática. Elegir autoridades significa evaluar con rigor sus propuestas y exigir compromisos concretos para la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional. La seguridad y los derechos humanos no son agendas opuestas; por el contrario, la historia reciente demuestra que sin respeto al Estado de derecho no hay seguridad sostenible, y sin instituciones sólidas no hay desarrollo posible.
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