Tras el cierre de un proceso electoral marcado por la fragmentación y la incertidumbre, el Perú se enfrenta a un escenario político complejo donde la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional dominan el debate. Sin embargo, los resultados y el análisis de las propuestas gubernamentales dejan una señal de alerta: la agenda de derechos de las mujeres corre el riesgo de quedar, una vez más, en el rincón de los temas «por atender».
Los datos del 2025 no permiten indiferencia. Con 133 feminicidios; 169,528 casos de violencia atendidos por los Centros de Emergencia Mujer y 2,692 víctimas de trata de personas —en su mayoría mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad— la crisis de inseguridad que vive el país tiene un rostro marcadamente femenino. Esta violencia no es un fenómeno aislado; es la manifestación de una desigualdad estructural y una cultura de estereotipos que todavía condiciona la credibilidad de las víctimas y la eficacia de la justicia.
El desafío para el nuevo periodo gubernamental y legislativo es mayúsculo por tres razones críticas:
Primero, la fragilidad del compromiso político. El X Informe Alternativo 2023-2025 advierte que el problema es estructural; existe una preocupante hostilidad normativa y un silencio institucional que debilita políticas clave como el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI). Esta omisión legislativa ignora la realidad de los 37,700 partos en adolescentes registrados el año pasado, una cifra que refleja la urgencia de defender estas herramientas preventivas frente a cualquier intento de retroceso.
Segundo, la invisibilidad en la seguridad ciudadana. Mientras el país demanda acciones contra la criminalidad, se ignora que la trata de personas y la violencia de género son formas de inseguridad extrema. No basta con un enfoque punitivo de endurecimiento de penas; se requiere una justicia con enfoque de género que no revictimice y que rompa las barreras de acceso al sistema para las mujeres.
Tercero, la deuda de la representación y el cuidado. A pesar de ligeros avances en el Congreso, la participación de las mujeres en espacios de decisión regional y municipal sigue siendo mínima (5.5%). A ello se suma la sobrecarga de tareas domésticas —donde las mujeres trabajan el doble que los hombres—, lo cual actúa como un ancla que limita su autonomía económica y política.
Como bien se señala desde la Comisión de Justicia de Género, una justicia que no reconoce la desigualdad simplemente no es justicia. El nuevo escenario político no puede ser excusa para el silencio. Urge que el Estado fortalezca el Sistema Nacional de Prevención y Sanción de la Violencia, garantice presupuestos sostenidos y asuma que la igualdad de género no es una opción ideológica, sino una obligación ética y jurídica.
En un contexto de fragmentación política y posibles retrocesos normativos, el rol de vigilancia es más crítico que nunca tras detectarse que un 56% de los planes de gobierno omiten o minimizan estas problemáticas. Entendamos que la verdadera democracia se mide por la capacidad de sus instituciones para garantizar que ninguna mujer o niña sea dejada atrás en la lucha por una vida digna y libre de violencia. La agenda está escrita; lo que falta es la voluntad de cumplirla:
- Vigilancia y fiscalización: mantener una observación activa sobre las promesas de campaña de las autoridades electas, especialmente de aquel 44% que sí incluyó metas concretas contra el feminicidio y la violencia.
- Defensa del enfoque de género: blindar el enfoque de género e interseccionalidad frente a intentos legislativos de eliminarlo de las políticas públicas y del currículo escolar.
- Reformas estructurales: para redistribuir las tareas de cuidado, eliminando la barrera principal que impide a las mujeres, su acceso a cargos de decisión y autonomía económica, empezando por diseñar políticas públicas donde la voz de niñas y adolescentes sea escuchada.
- Prevención de la explotación sexual: fortalecer acciones frente a la captación de niñas y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad.
- Fortalecimiento institucional: ampliar el alcance del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en prevención y atención.
Construir un país justo y democrático es imposible si la mitad de su población vive bajo amenaza. Debemos decidir si seguimos administrando la precariedad, o transformamos las causas que nos separan de la igualdad porque sin derechos para las mujeres, ¡no hay democracia!
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