En un país donde cada día se registran cientos de casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la responsabilidad del Estado debería ser fortalecer las políticas de protección y prevención. Sin embargo, en el Perú, no parece ser así. El Congreso ha aprobado recientemente el dictamen de un proyecto de ley que propone una nueva ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la cual elimina el enfoque de género de toda la legislación nacional y reemplaza la Educación Sexual Integral por un modelo limitado a contenidos “biológicos y éticos” condicionados a las convicciones morales de los padres. Esta decisión, lejos de ser un ajuste técnico, constituye un retroceso histórico que deja atrás décadas de esfuerzos, investigaciones, avances institucionales y compromisos internacionales.
El enfoque de género no es un adorno ni una imposición ideológica, como insisten en afirmar sectores conservadores; es una herramienta científica y metodológica que permite analizar las desigualdades que sostienen la violencia. Como lo han señalado docentes de la PUCP y especialistas en derechos humanos, eliminarlo del marco normativo limita las capacidades del Estado para identificar las diferencias reales en el acceso a derechos, medir brechas históricas y diseñar políticas públicas efectivas. La exministra de la Mujer Silvia Loli lo ha explicado de manera categórica que sustituir el enfoque de género por el concepto de “igualdad de oportunidades” expresa un intento ideológico por frenar el avance hacia la igualdad sustantiva, la única que tiene efectos reales en la vida de las mujeres; y aunque el impacto inmediato pueda ser simbólico o político, el mensaje es claro: se busca silenciar un marco conceptual que cuestiona y transforma estructuras de poder.
Este retroceso ocurre en uno de los peores momentos. Entre enero y octubre de este año, los Centros de Emergencia Mujer y Familia atendieron 119,567 casos de violencia, de los cuales el 84 % corresponde a mujeres y el 38 % a niñas, niños y adolescentes. La violencia psicológica continúa siendo la más reportada, seguida de la física y la sexual, que mantiene cifras alarmantes: más de 27,000 casos de violación. A ello se suman 119 feminicidios y 232 tentativas, casi siempre cometidos por parejas o exparejas, en un patrón que se repite año tras año sin señales de disminuir.
Pero las cifras más inquietantes provienen de la ENARES 2024, que revela que la tolerancia a la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera dramática: pasó de 58.9 % a 75.7 % en apenas cinco años, y entre los hombres alcanza el 80.8 %. Más de la mitad de ellos considera justificable la agresión sexual en determinadas circunstancias. Esto quiere decir que los valores que legitiman la violencia se están fortaleciendo, y cuando una sociedad normaliza la violencia, inevitablemente la reproduce.
La ENARES muestra que la situación de niñas, niños y adolescentes es igualmente crítica. El 34.7 % de niños de 9 a 11 años y el 32.9 % de adolescentes vive violencia en casa; mientras que más de 40% de menores de edad sufre violencia escolar. Al mismo tiempo, los riesgos en el entorno digital se intensifican. Según un estudio de CHS Alternativo, más del 53 % de niñas, niños y adolescentes ha conversado con desconocidos en internet y el 21 % ha recibido solicitudes de enviar imágenes con contenido sexual. Las redes sociales y los videojuegos en línea se han convertido en espacios donde proliferan el grooming, la extorsión sexual y la captación para fines de explotación, fenómenos muy vinculados a la trata de personas.
Y es precisamente en este terreno donde la sustitución del enfoque de género es especialmente peligrosa. La trata de personas, una de las expresiones más extremas de la violencia de género, requiere para su análisis y persecución la comprensión de las dinámicas de poder, vulnerabilidad y discriminación que afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes. De acuerdo a las cifras del Ministerio Público entre enero y junio de este año se registraron 1,229 víctimas de trata, de las cuales el 73 % fueron mujeres y el 33 % menores de edad. Eliminar el enfoque de género en este escenario no solo dificulta la capacidad del sistema de justicia para contextualizar y probar adecuadamente estos delitos, sino que también limita el diseño de políticas preventivas.
El Perú enfrenta una disyuntiva que será crucial para las nuevas generaciones. Puede elegir continuar normalizando la violencia y debilitando las herramientas que permiten comprenderla y combatirla, o puede elegir defender lo avanzado, reforzar las políticas basadas en evidencia, exigir que se respete el marco constitucional y los compromisos internacionales y apostar por un país donde la dignidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes sea realmente una prioridad. La evidencia está sobre la mesa. Es momento de avanzar.
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