Editorial

Cada día, 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual en el Perú. Casos como el de la pequeña Damaris, de 3 años, víctima de secuestro y violación sexual en Chiclayo, han indignado a todo el país. Historias como la de ‘Daysi’, de 13 años, víctima de trata de personas, rescatada y luego retornada con su familia, sin el seguimiento de las autoridades que debieron protegerla y cuyo cuerpo apareció sin vida con signos de violencia sexual, debe instarnos a repensar en los servicios que atienden a las sobrevivientes. Estos son solo dos casos conocidos de los cientos que quedan en la oscuridad.

El COVID-19 impuso al mundo grandes desafíos. Ante el riesgo sanitario, las medidas implementadas concentraron los esfuerzos de contención de esta enfermedad en cuarentenas estrictas, distanciamiento social y, a nivel presupuestal, el redireccionamiento de los recursos para atender la urgencia de la vacunación. Todos grandes esfuerzos con orientación a frenar el avance del virus.

En esta nueva normalidad, ya asumida por las y los adultos, son los más jóvenes los que han cambiado drásticamente la forma en la que aprenden, se entretienen y socializan. Y son también los que han visto más comprometido su desarrollo y disfrute a causa de la pandemia y el encierro.

La pandemia nos ha enfrentado a todas y todos a una nueva normalidad que jamás hubieramos imaginado. Hemos trasladado nuestras actividades laborales, académicas, sociales y de entretenimiento al espacio digital. Ello debe invitarnos a reflexionar sobre las nuevas formas de cuidado respecto a quienes protegemos, pues la violencia psicológica, física, sexual y/o económica también se vive con intensidad en los espacios digitales, y afecta de manera diferenciada a las niñas, niños y adolescentes (NNA).