El 1 de febrero se conmemoró el “Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso”. Según el último reporte de la OIT, en el 2020 el mercado laboral de América latina retrocedió al menos 10 años como consecuencia de la crisis generada por el COVID-19. Asimismo, se estima que 30 millones de personas están desocupadas en la región y que la tasa de desempleo aumentó de 8,1% a 10,6%. Los grupos más afectados fueron las mujeres y los jóvenes hasta los 24 años con un desempleo de 12,1%.
En el Perú, INEI ha estimado que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8% en el II Trimestre del 2020. Mientras que en el mismo periodo en Lima la población ocupada se redujo en 40% y cerca de dos millones de personas dejaron de laborar. Asimismo, el subempleo creció, llegando en Lima a la cifra de 1.55 millones de personas bajo esta situación.
Los desempleados o subempleados (formales o informales) han sido el primer grupo en sufrir las consecuencias económicas de la pandemia. Al existir muy pocas oportunidades en el mercado están de expuestos a propuestas laborales donde aprovechándose de las necesidad deben evaluar trabajar por menores salarios y menores condiciones laborales a las que normalmente se brindan en el mercado laboral. Este 2021, con las últimas restricciones dictadas por el Estado Peruano, no podemos avizorar una realidad diferente, el confinamiento continúa, la reactivación económica aún no es posible. Por el contrario, millones de personas ven en peligro su estabilidad laboral y se colocan en una situación laboral que empleadores buscan aprovechar para mantener sus negocios, en especial cuando éstos son informales.
Es en este contexto, sumamente necesario prestar especial atención a la prevención del delito del trabajo forzoso en especial en la identificación de casos y en la generación de información que ponga en evidencia el impacto de la pandemia. Mientras esperamos que el Estado pueda desarrollar la primera encuesta nacional en la materia, CHS Alternativo ha unido esfuerzos con un grupo multipartidario de parlamentarios, gracia a la iniciativa del Congresista Gino Costa, quienes se encuentran promoviendo la aprobación de dos proyectos de ley: primero, aquella que busca que los órganos del Estado con competencia en la materia cree módulos de registro de casos y un observatorio; el segundo, vinculado al Plan Nacional para la lucha contra el trabajo forzoso.
La creación del Observatorio Nacional contra el Trabajo Forzoso busca generar información confiable, oportuna y de calidad sobre esta conducta delictiva, y sobre las acciones públicas para prevenirlo y combatirlo. Por otro lado, garantizar la asignación de recursos presupuestales para la implementación del III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso contribuirá a erradicar este delito. Ambas medidas, previstas en el Plan Nacional, pueden favorecer una mayor visibilidad del impacto de este delito. Esperamos que el Ministerio de Trabajo y otros actores públicos, brinden opinión favorable frente a estos proyectos, o faciliten propuestas viables.
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