En el Perú, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes continúa cobrando víctimas cada día. Solo en los primeros siete meses del año, casi 100 mil personas acudieron a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para denunciar agresiones. Esto significa que, diariamente, 192 mujeres fueron víctimas de violencia psicológica, 171 fueron golpeadas, 95 sufrieron violación sexual y, cada 48 horas, una mujer fue asesinada.
Las cifras son alarmantes y, sin embargo, no reflejan toda la dimensión del problema. La última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que, aunque la violencia sexual en la pareja bajó de 4.5%, en 2019, a 2.4%, en 2024, la tolerancia social hacia la violencia contra la mujer aumentó, en ese mismo periodo, de 58.9% a 75.7%. Hoy en día, tres de cada cuatro personas justifican o minimizan las agresiones; el 71.3% de la población adulta aprueba las actitudes sexistas, y más de la mitad de los hombres (56.5%) llega a justificar la violación sexual. La violencia no solo se ejerce, se legitima.
El impacto en niñas, niños y adolescentes es igualmente devastador. Según la misma fuente, uno de cada tres es víctima de violencia en el hogar o la escuela. En las aulas, el 43.7% de menores de 9 a 11 años de edad y el 42.5% de adolescentes de 12 a 17 años sufren agresiones, y una de cada cinco adolescentes mujeres enfrenta violencia sexual en su entorno social o comunitario. Como si eso fuera poco, en el terreno más extremo, la trata de personas persiste: entre enero y junio, el Ministerio Público reportó 1229 víctimas, en su mayoría mujeres que antes ya habían sufrido violencia.
Frente a estas cifras, denunciar es un acto de valentía. Sin embargo, en el Perú hacerlo implica atravesar un sistema que con frecuencia revictimiza, con trámites lentos, falta de pruebas suficientes, presiones familiares y amenazas que derivan en el archivo de los casos. Como advierte la fiscal de Familia Ana Cossío, las sobrevivientes enfrentan un camino costoso y desgastante, con un Estado que ofrece acompañamiento legal y psicológico insuficiente.
Lo preocupante es que, en lugar de reforzar la protección, desde el Congreso se impulsan retrocesos. La presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Milagros Aguayo, ha presentado un proyecto de ley para fusionar el Ministerio de la Mujer con el de Desarrollo e Inclusión Social en el llamado “Ministerio de la Familia”. Una iniciativa que, lejos de fortalecer la respuesta frente a la violencia, podría diluir el enfoque de género, reduciendo especialización, recursos y visibilidad en la atención a mujeres y niñas.
Casos como el del congresista José Jerí, investigado por violación sexual y aun así elegido presidente del Congreso, evidencian el desprecio de la clase política hacia la violencia que padecen las mujeres. A ello se suman escándalos como las denuncias de prostitución dentro del Parlamento, que muestran la degradación de un espacio que debería ser ejemplo de ética pública y compromiso con los derechos ciudadanos.
En este contexto, preocupa constatar que en los últimos años se ha producido un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, expresado en el aumento de la tolerancia social y en la normalización de la violencia de género. Esta tendencia no solo debilita los avances alcanzados, sino que también compromete la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
El Perú cuenta con políticas y estrategias para enfrentar la violencia de género. Además de la Estrategia Nacional de Prevención y la Política Nacional de Igualdad de Género, existe la Ley 30364, que establece instancias de concertación regionales, provinciales y distritales para coordinar la prevención y sanción de la violencia. Sin embargo, ¿cuántas de estas instancias funcionan realmente? ¿Qué municipalidades han cumplido con implementar planes de acción? ¿Quién supervisa su cumplimiento? La falta de respuestas revela un sistema frágil que no garantiza protección efectiva para las víctimas.
También hay experiencias valiosas en algunos Centros de Emergencia Mujer que desarrollan programas comunitarios de empoderamiento económico y promueven redes de apoyo entre mujeres. Aunque constituyen buenas prácticas que deberían replicarse a nivel nacional, siguen siendo limitadas y carecen del financiamiento necesario. Según información del portal estadístico del Programa Warmi Ñan, si bien el 100% de provincias del país cuentan con por lo menos un CEM, en los distritos la cobertura solo llega al 18%, lo que evidencia una cobertura insuficiente. Esta brecha deja a mujeres y niñas en mayor situación de vulnerabilidad y aumenta el riesgo de que la violencia se perpetúe.
La violencia de género es una herida abierta que desgarra al país. Cada estadística encierra un rostro, una historia, una vida truncada. Ante esa realidad, no bastan leyes ni discursos: se requieren políticas sostenidas, presupuesto suficiente, justicia ágil y atención especializada. El Estado debe llegar hasta las comunidades más alejadas, garantizar que cada denuncia reciba respuesta y que ninguna mujer, niña o adolescente quede atrapada en el silencio.
Cada día que pasa sin acción, más víctimas se suman a esta lista interminable. El Perú no puede permitirse mirar a otro lado. La tarea es impostergable.
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