El Congreso de la República está reculando en la lucha contra la trata de personas. El pasado 14 de marzo, el Pleno aprobó el proyecto de ley 05712/2023-CR, que hace modificaciones importantes a la Ley 29918 y rebaja el nivel de la rendición de cuentas sobre este delito. Ello al plantear que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no acudan a informar sobre los avances y cumplimiento de las políticas nacionales referidas a la trata de personas ante el Pleno del Congreso, sino solo ante dos comisiones: la de Justicia y Derechos Humanos y la de la Mujer y Familia, como si la trata de personas solo se circunscribiera a esas dos temáticas.
La modificación que plantea el Legislativo no es un problema menor. Significa retroceder en los mecanismos institucionales que ya existían para hacerle frente a este delito y ceder ante la explotación humana. La Ley 29918 creó un día para conmemorar la lucha contra la trata de personas en el país y obligaba al presidente del Consejo de Ministros y a los titulares del Interior y de la Mujer a acudir ante el Pleno del Congreso de la República en el mes de setiembre de cada año para informar sobre los avances en el combate al delito. Aunque durante la gestión de Pedro Cateriano, Ana Jara y Fernando Zavala se cumplió con la norma, la vorágine política de los últimos años hizo que las autoridades no pusieran en práctica su obligación legal.
Sin embargo, la rendición de cuentas es importante porque la trata de personas es una problemática que crece y se agrava en el Perú. Entre los años 2018 y 2023 el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público ha registrado más de 29,400 denuncias por este crimen y solo el año pasado se contabilizaron 9,001 denuncias por este y otros delitos conexos. La trata supone captar, secuestrar y esclavizar a personas para obtener un beneficio económico que es muy rentable para los grupos criminales. De hecho, estudios realizados por CHS Alternativo revelan que se ha convertido en la segunda economía criminal más importante del Perú y que mueve unos 1,300 millones de dólares al año.
Pero no solo eso, la trata de personas está asociada a diferentes tipos de delitos, como la explotación sexual o el trabajo forzoso, y también forma parte de las actividades de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato que, a su vez, están muy relacionados con la inseguridad ciudadana. Asimismo, se vincula a otras economías ilegales, como el tráfico de tierras y la tala y la minería ilegal. Es decir, se trata de un delito transversal, que genera una compleja respuesta del Estado.
Precisamente por ello, el Perú cuenta con una Política Nacional frente a la Trata de Personas, que involucra 42 servicios, los cuales están a cargo de 11 sectores del Estado y 4 organismos autónomos, liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Estos 42 servicios se encargan de la prevención y persecución del delito, así como de la asistencia y reintegración de las víctimas. Entonces, ¿por qué se limita la rendición de cuentas a solo dos comisiones del Congreso que ven una pequeña porción del problema?
Otro tema que debe tomarse en cuenta es que desde que se dejó de rendir cuentas por la trata de personas el presupuesto para financiar la política contra este delito se ha ido reduciendo año tras año. En 2022 el Estado peruano destinó apenas 12 centavos de sol por persona para financiar la prevención, atención, persecución y reintegración del delito. Pero, con la modificación de la Ley 29918, la rendición de cuentas en el pleno del Congreso ya no será obligatoria, y eso podría dar pie a que el presupuesto se siga reduciendo; pero además podría convertir la Política Nacional en un documento sin valor, por carecer de presupuesto. Adicionalmente, podría poner mucho más lejos el objetivo de alcanzar los resultados que el Estado se ha propuesto al 2030 para detener la creciente persistencia de la victimización producto de este delito.
Como bien lo señalan los ex legisladores que promovieron la ley 29918 vigente, como la ex congresista Karla Schaefer, promulgar el proyecto de ley 05712/2023-CR sería un “retroceso” ante un delito que ocurre frente a las autoridades y atraviesa regiones, provincias, distritos y centros poblados y maneja más recursos que el narcotráfico.
Por todo esto es importante que la presidenta Dina Boluarte observe la autógrafa de ley y que el Congreso no eluda su responsabilidad en el tema. La representación nacional debe retomar el texto anterior e insistir en que el presidente del Consejo de Ministros y los titulares del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rindan cuentas ante el Pleno para que toda la ciudadanía sepa qué se está haciendo desde el Estado para acabar con las bandas criminales y contrarrestar el delito.
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