Aissa Tejada Fernández es directora de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. En esta entrevista expone los principales avances y retos que enfrenta este portafolio como líder en la lucha contra la trata de personas, un delito que cada día se complejiza y fortalece sus vínculos con las economías criminales.
¿Cuál es el trabajo que realiza el Ministerio del Interior como ente rector en la lucha contra la trata de personas en el Perú?
El Ministerio del Interior conduce la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030. A través del sistema de monitoreo, recibe la información y hace el seguimiento para que las entidades reporten el avance en la implementación de sus servicios. También presidimos la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en la cual hemos concretado la aprobación del Protocolo Intersectorial para la prevención, persecución del delito y la protección, atención y reintegración de las víctimas.
[Desde el Ministerio] también realizamos una importante labor a través de acuerdos binacionales para ofrecer una respuesta inmediata al tomar conocimiento de un presunto caso de trata en el exterior. Asimismo, impulsamos la creación de departamentos desconcentrados a nivel nacional para potenciar el trabajo de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Distrito de Migrantes (DIRCTPTIM) y hacemos una potente labor preventiva a través de la difusión de lo que es el delito de trata de personas, los canales de denuncia y los servicios que brindan las entidades.
El Ministerio del Interior informó que en el primer semestre del año se rescató a 2,592 víctimas de trata de personas. Sin embargo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, registra 197 víctimas en el mismo periodo. ¿A qué obedecería esta importante diferencia de cifras?
Estas cifras han sido brindadas por la DIRCTPTIM, y tienen solo un ámbito, digamos, un límite y debemos considerar que el Observatorio de Seguridad Ciudadana tiene data de un periodo determinado. Sin embargo, sí existen retos importantes en unificar la información, pues la data que maneja el Ministerio Público difiere de la que tiene la Policía Nacional. Hemos advertido la necesidad de unificar la información y en ello estamos trabajando.
Sin embargo, la interoperabilidad de los sistemas todavía está en proceso. Y además, debemos considerar que existe una cifra oculta de casos que no son denunciados. Por ello, en el marco de la delegación de facultades que ha sido otorgada por el Congreso al Ejecutivo, estamos haciendo una propuesta para crear un sistema nacional.
¿Se tiene un registro de las víctimas que han sido rescatadas? ¿Se sabe si pudieron reinsertarse socialmente, si se encuentran protegidas o volvieron a caer en el círculo de explotación?
Las cifras sobre esa materia corresponden al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se encuentra a cargo del Objetivo Prioritario 3 de la Política Nacional y está referido a la protección y reintegración de las víctimas. Nosotros hemos visto que es necesario aumentar la cantidad de casas de refugio para las víctimas, que exista un proceso de reintegración, pero que llegue realmente a reintegrarlas, porque lamentablemente muchas retornan a los tratantes y para ello es necesaria una reintegración eficaz.
Estamos en el segundo año de la Política Nacional. ¿Cuáles son los principales avances y retos que ha enfrentado el Estado en su implementación?
Desde que se aprobó la Política a la fecha, existe un avance de más de 50% en la mayoría de los 35 servicios que han sido reportados. En el caso de los siete servicios restantes, no se cuenta con información en el reporte. Un aspecto sumamente vital para el cumplimiento de los servicios es el presupuesto. Y por ello, el Ministerio del Interior viene trabajando en la propuesta para diseñar y aprobar un Programa Presupuestal Orientado a Resultados (PPOR) en materia de trata de personas, aunque hay algunas dificultades por los requisitos que exige el Ministerio de Economía y Finanzas para que se llegue a aprobar este programa. También es necesario contar con un registro unificado de casos de trata para la toma de decisiones.
La trata de personas se ha complejizado, ha cambiado el patrón y tiene vínculos con la criminalidad organizada. ¿Cómo es que se articula la lucha contra este delito dentro de la problemática de seguridad ciudadana?
Considerando que la seguridad ciudadana es aquella acción integrada por las entidades del Estado y de la sociedad para vivir de manera pacífica, sin violencia y que la trata de personas afecta, vulnera los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, [este delito] es un problema de seguridad ciudadana. Por ello, el Ministerio del Interior, como rector en la materia, brinda asistencia técnica permanente como parte del Servicio 4 de la Política a nivel regional y local.
De otro lado, la Ley 29918 obliga al premier y el ministro del Interior a rendir cuentas en el Congreso sobre la lucha contra la trata de personas, pero esto no se realiza desde hace seis años. El Congreso ha anunciado que hará la citación. ¿Hay alguna fecha para la presentación?
Cuando asumimos la gestión, también recibimos ese pasivo. El año pasado, la Dirección General de Seguridad Democrática remitió el informe [sobre los avances] del año 2022 a la Presidencia del Consejo de Ministros. Entiendo que el Congreso de la República finalmente no citó a los ministros. Este año se ha mencionado en más de una oportunidad que existe el interés en saber el avance de la política y estamos atentos a la convocatoria del Congreso, conforme el mandato legal. Pero a la fecha no hemos recibido ningún oficio para hacer esta sustentación. Nosotros tenemos el informe listo y lo estamos remitiendo a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, también estamos proponiendo que este informe se realice en el mes de marzo de cada año, con lo cual vamos a tener el reporte del año fiscal, que es bajo el cual las entidades ejecutan su presupuesto anual y se condice con los indicadores de la política.
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