El coronavirus no conoce de nacionalidad, los derechos humanos tampoco
Desde que el estado de emergencia nacional se declaró para impedir la propagación del COVID – 19, las principales instituciones y negocios dejaron de funcionar, las fronteras cerraron y los servicios de transporte fluvial, aéreo y terrestre fueron restringidos, lo que nos lleva a enfrentar una compleja situación social y económica.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé para el Perú una caída del 13 % en su producto bruto interno, el mayor de la región con excepción de Venezuela que caería en 26 %. También estima que la pobreza de 16,5% se podría incrementar al 18,5% en un escenario bajo o, incluso, al 20,1% en un escenario alto; mientras que la pobreza extrema del 3,7 % llegaría al 5,1 % en un escenario alto.
A esto se suma que entre marzo y mayo la población ocupada en Lima Metropolitana se redujo a casi la mitad (47,6 %); siendo los jóvenes los más afectados según el Observatorio de la OIT (mayo 2020) cuatro de cada diez jóvenes trabajaban en los sectores más afectados al surgir la crisis.
Ante este panorama cabe preguntarnos, ¿En qué medida serán afectados los ciudadanos e inmigrantes en situación de vulnerabilidad frente al delito de la trata de personas?
Ante este panorama cabe preguntarnos, ¿En qué medida serán afectados los ciudadanos e inmigrantes en situación de vulnerabilidad frente al delito de la trata de personas?
La informalidad, la pobreza y el desempleo, ahora agudizados, incrementan la vulnerabilidad frente a la trata de personas. La explotación sexual, la explotación laboral y el trabajo forzoso son sus principales finalidades, y las falsas ofertas de trabajo son las formas de captación más recurrentemente usadas, —tres de cada cuatro víctimas son captadas bajo esta modalidad—.
Es importante tomar en cuenta que ya se están identificando las tendencias de la trata de personas a nivel mundial, tal como lo expresa el estudio preliminar de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el delito frente al COVID 19. Conforme a este documento, los tratantes y explotadores ven la situación actual como una oportunidad para captar y explotar a las personas con más necesidades, especialmente a mujeres niñas, niños, adolescentes, migrantes y refugiados. Esta situación es mucho más precaria, en sectores como la industria, agricultura, manufactura y trabajo doméstico.
Este 30 de julio que conmemoramos el Día Mundial de Lucha Contra la Trata de Personas debemos estar conscientes de los factores de riesgo de este fenómeno así como de sus graves consecuencias; y de la necesidad de aumentar el conocimiento y compromiso de las autoridades para lograr mayor eficacia y colaboración en la lucha contra este delito; con este último objetivo CHS Alternativo presentará el VII Informe Alternativo 2018-2019: “Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú”.
CHS Alternativo
Foto: El Economista
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