El Perú se encamina hacia un nuevo proceso electoral en un contexto marcado por una crisis de inseguridad sin precedentes. El crimen organizado ya no se limita al narcotráfico: hoy se expande con fuerza a través de la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el sicariato y otras economías criminales que erosionan el Estado de derecho y afectan, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables. Frente a este escenario, los planes de gobierno presentados por las agrupaciones políticas ofrecen diagnósticos y promesas diversas, que van desde discursos de “mano dura” hasta propuestas de reformas institucionales y uso intensivo de tecnología. Sin embargo, en la gestión pública hay una regla básica que no puede ignorarse: sin presupuesto, la política se queda en el terreno de la demagogia.
Desde CHS Alternativo, hemos analizado las propuestas en materia de seguridad ciudadana, derechos humanos y economías ilegales, contrastándolas con la Ley n.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. El objetivo es claro: responder si las promesas que hoy se formulan cuentan realmente con condiciones mínimas para ser ejecutadas.
El análisis de los planes de gobierno permite identificar dos grandes enfoques frente a la criminalidad. Por un lado, varias agrupaciones apuestan por una estrategia punitiva extrema: retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, restablecimiento de la pena de muerte para ciertos delitos, militarización de fronteras, jueces sin rostro y construcción masiva de megacárceles. Este enfoque, que prioriza el castigo rápido y simbólico, omite los límites jurídicos y financieros del Estado, así como los riesgos de retrocesos democráticos y vulneración de derechos fundamentales.
Por otro lado, un segundo grupo de partidos propone fortalecer la inteligencia policial y financiera, la interoperabilidad de sistemas de información, la trazabilidad del delito y la reforma institucional. Estas propuestas incluyen el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la creación de unidades especializadas contra la extorsión y el uso de tecnología para seguir el rastro del dinero ilícito. Si bien este enfoque resulta más coherente con estándares internacionales, muchas de estas iniciativas carecen de precisión operativa y de un cálculo realista de costos.
En temas como la trata de personas, la explotación humana y la violencia de género, el panorama no es más alentador. Aunque casi todos los planes incluyen el problema en su diagnóstico, la mayoría se queda en formulaciones generales: registros, programas de reinserción, casas de acogida o enfoques de “tolerancia cero”, sin detallar cómo se financiarán ni cómo se articularán entre sectores y niveles de gobierno. Algo similar ocurre con la minería ilegal; existe consenso en que el actual proceso de formalización ha fracasado, pero las soluciones propuestas —desde el cierre definitivo del REINFO hasta nuevos regímenes con trazabilidad digital— no vienen acompañadas de una asignación presupuestal acorde a la magnitud del problema.
La revisión del presupuesto público para 2026 evidencia una brecha profunda entre el discurso político y la capacidad real del Estado. En seguridad ciudadana, si bien se asignan más de S/ 6,800 millones al programa de reducción de delitos, la mayor parte de estos recursos se destina a gasto corriente, principalmente sueldos y funcionamiento básico. No existe una provisión de inversión que permita, en el corto plazo, la construcción de las megacárceles prometidas ni una reducción sustantiva del hacinamiento penitenciario.
La situación es aún más crítica en la lucha contra la minería ilegal. Mientras se promete una “guerra frontal” contra una economía criminal que mueve miles de millones de dólares, el presupuesto destinado a su reducción apenas supera los S/ 177 millones, y el programa de formalización de la pequeña minería cuenta con poco más de S/ 13 millones para todo el año. Con estos recursos resulta inviable intervenir territorios extensos, implementar tecnologías de trazabilidad o acompañar procesos de formalización reales.
En materia de derechos humanos, el contraste también es evidente. Aunque algunos planes proponen abandonar el Sistema Interamericano, el propio presupuesto 2026 contempla más de S/ 98 millones en cuotas a organismos internacionales, lo que demuestra que el Estado sigue operando bajo compromisos internacionales vigentes. Al mismo tiempo, los recursos para la atención integral de víctimas de violencia y trata se encuentran fragmentados y son claramente insuficientes, especialmente a nivel regional, donde las asignaciones apenas superan los S/ 100,000 o S/ 200,000 anuales, lo que no alcanza para sostener los servicios especializados y continuos que prometen los planes de gobierno.
Este análisis deja tres alertas claras. Primero, el desfinanciamiento de la formalización y de la lucha contra economías ilegales perpetúa el problema en lugar de resolverlo. Segundo, el populismo penal no se sostiene sin inversión pública real en infraestructura y reforma del sistema penitenciario. Y tercero, el cuestionamiento al sistema internacional de derechos humanos ignora compromisos presupuestales existentes y pone en riesgo la protección de las víctimas más graves.
Desde CHS Alternativo, hacemos un llamado a la ciudadanía a mirar más allá de los slogans y exigir a las y los candidatos respuestas concretas sobre el cómo y con qué se implementarán sus propuestas. Combatir la trata de personas, la explotación humana y el crimen organizado exige algo más que voluntad política, requiere una ingeniería presupuestal seria, coherente y orientada a cerrar brechas reales. De lo contrario, el país podría enfrentar en 2026 un cambio de autoridades, pero no un cambio efectivo en las condiciones que hoy dejan a las personas más vulnerables a la violencia y la ilegalidad.
Fuentes utilizadas: Planes de Gobierno 2026-2031 (Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, APP, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Renovación Popular, Somos Perú, entre otros) y Ley N.º 32513 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Anexos 5, 6 y 8).
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