Federico Arnillas es sociólogo, consultor internacional y presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). En esta entrevista analiza las brechas que persisten en la lucha contra la violencia y la explotación humana.
Desde la experiencia de la MCLCP, ¿qué tan presentes considera que están en la agenda social del país y de los candidatos temas como la violencia, la trata de personas y la explotación humana?
Son como temas permanentes. Cuando uno mira los procesos electorales, ve que hay una agenda más o menos común. Lo que no queda claro muchas veces son las medidas que se postulan y las condiciones que deben acompañarlas para tener impactos significativos en las condiciones de vida de la población. Entonces creo que ahí tenemos un reto.
Pero, además, la heterogeneidad del país también plantea el desafío de cómo responder a situaciones aparentemente iguales, pero en contextos distintos y eso exige una buena caracterización de los problemas en cada territorio.
¿Usted diría entonces que hace falta medidas concretas para aterrizar las propuestas y cambiar el panorama de la trata y explotación?
Es que una cosa es identificar el problema, otra es resolverlo, y resolverlo no coyunturalmente sino sostenidamente. Ahí tenemos restricciones y creo que todos somos conscientes que la limitación de recursos es uno de los factores que impide poder garantizar la sostenibilidad en el tiempo de las intervenciones que están dirigidas justamente a garantizar el bienestar de la población.
Los planes de gobierno suelen señalar lo que se quiere hacer, pero no necesariamente de dónde vendrán los recursos para materializar ese querer. Ahí existe una brecha entre las expectativas y los medios para garantizarlas. Esa brecha es un problema serio, porque compromete la posibilidad de generar cambios reales y sostenidos en el tiempo.
Más allá del presupuesto, ¿cuáles son las principales brechas o deficiencias que usted encuentra en las propuestas de los candidatos para abordar la violencia y la explotación humana?
Más allá del presupuesto, un aspecto clave es la debilidad en la articulación de la sociedad civil. Para enfrentar de manera efectiva la violencia y la explotación humana se requiere una ciudadanía organizada, con canales de comunicación activos y con un compromiso sostenido que permita abordar estas problemáticas desde sus causas estructurales. Esto supone una relación permanente de diálogo, vigilancia y corresponsabilidad entre la sociedad civil y el sector público.
El sector público suele señalar la falta de recursos, y es cierto que los medios no solo se reducen al financiamiento. También incluyen la capacitación adecuada, la disponibilidad de instrumentos de intervención, estrategias de comunicación eficaces y un funcionariado público capaz de brindar servicios de calidad. En este sentido, sectores clave como la seguridad, la salud y la educación resultan fundamentales para garantizar el bienestar de la población, pero aún presentan brechas importantes en cobertura, calidad y capacidad de respuesta.
La pandemia, por ejemplo, evidenció nuestra limitada capacidad de respuesta, incluso en aspectos básicos como la educación ciudadana para la prevención del contagio. Muchas situaciones podrían manejarse mejor con información adecuada y facilitación de medios. Eso demanda pensar los servicios de salud y educación de manera integral, no solo desde una lógica financiera.
¿Qué rol cumplen los gobiernos regionales y locales frente a estas brechas y limitaciones?
Un primer elemento es el perfil de responsabilidades que tienen los gobiernos locales y regionales. Allí ya se evidencian problemas en la calidad del servicio, por ejemplo, en salud. Muchas veces, cuando la población se acerca a un establecimiento de salud, se siente maltratada, y eso genera desconfianza y aleja a las personas de los servicios que deberían protegerlas. Además, existe una falta de capacidad de respuesta inmediata para proteger a las personas, proteger la unidad familiar y a la comunidad. Esto involucra tanto al Estado como a la ciudadanía.
¿De qué manera el Acuerdo de Gobernabilidad 2026-2031 ha sido de utilidad para las fuerzas políticas que se presentan en estas elecciones, teniendo en cuenta que es un documento que recoge el trabajo y propuestas que surgen desde la sociedad civil?
Ahí tenemos una especie de desencuentro entre lo que ofrece la clase política y lo que realmente necesita el país. El Perú es diverso y no existe una pastillita mágica para todos los territorios. Los servicios están debilitados en varios planos, ya no hablo solo de dinero, sino, por ejemplo, de la información básica que deben tener las personas para protegerse. Aunque tenemos una población resiliente, hay varios huecos y vacíos, pues persisten brechas en la cantidad, distribución y preparación del personal de servicios. En salud, por ejemplo, hay deficiencias desde aspectos básicos como el acceso al agua potable y al lavado de manos, hasta la resistencia a las vacunas… seguimos enfrentando problemas estructurales.
Y a veces uno percibe que algunos candidatos están más preocupados por el cargo y la compensación económica que por la calidad del servicio que deben brindar y por los territorios donde van a actuar. Eso nos reta como Estado y como sociedad a construir una ciudadanía activa, bien formada y con vocación de servicio. Yo diría que eso es medular.
Desde su perspectiva, ¿qué factores están debilitando la prevención de la violencia y la explotación en el país?
Uno de los principales factores es la alta tolerancia social a la violencia, que se expresa en creencias profundamente arraigadas como “la letra con sangre entra”. Es dramático escuchar y pensar que el maltrato físico, el maltrato emocional, son maneras de corregir, de hacer que la persona cambie. Eso no es así y constituye un punto de partida que debe ser cuestionado con claridad, porque esa normalización del maltrato termina creando condiciones que facilitan no solo la violencia, sino también distintas formas de explotación humana.
Frente a ello, se requiere un enfoque de salud que se anticipe a las situaciones de violencia y explotación. La salud no puede entenderse únicamente como la ausencia de enfermedad, sino como un bienestar físico, emocional e intelectual. En ese sentido, la familia es el primer espacio de cuidado y protección; es allí donde debe comenzar la construcción de seguridad, confianza y bienestar emocional y físico.
Pero no basta con el núcleo familiar. Es necesario compartir esas experiencias y socializarlas, construyendo comunidades de familias comprometidas, capaces de anticipar respuestas frente a situaciones de riesgo, por ejemplo, la colaboración permanente y la complementariedad intergeneracional, como los abuelos que transmiten valores, historias y prácticas culturales, o los más jóvenes que aprenden y continúan esos saberes.
¿Se refiere a la construcción de entornos protectores como una forma de prevenir las diversas formas de explotación?
Exactamente. Aquí estamos cambiando de escala. Yo me he estado moviendo deliberadamente en una escala más doméstica, porque creo que ese es el núcleo donde se empieza a construir la seguridad y la confianza. Es en el entorno familiar y cercano donde una persona, por ejemplo una joven que ha sufrido algún tipo de abuso, puede sentirse lo suficientemente segura como para denunciar, con la certeza de que esa denuncia contribuirá a proteger su bienestar y evitar que sea víctima de nuevas situaciones de violencia o explotación.
¿Y la sociedad civil qué papel debe cumplir en este proceso?
Antes de entrar en la sociedad civil organizada hace falta promover una práctica ciudadana activa, que cada persona haga ciudadanía y que se involucre en lograr el mayor bienestar, no solamente para ella, sino para el entorno. Porque si tu entorno no funciona, tú tampoco funcionas. Dependemos de la comunidad.
Es fundamental compartir los problemas, reconocerlos, informarlos y movilizar a quienes tienen la capacidad de responder. Solo así se puede atender a las personas afectadas y ayudarles a recuperar una vida digna.
En ese sentido, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía de cara a un próximo proceso electoral?
Votar responsablemente es clave. El voto expresa una voluntad y conlleva una gran responsabilidad. Hay que elegir las mejores propuestas programáticas y éticas, respaldarlas y también cuestionarlas.
La responsabilidad ciudadana no termina con el voto. Muchos se quejan después, pero no analizaron a los candidatos ni ejercieron control ciudadano. Si no participamos, tendremos malas autoridades y eso se traduce en mala calidad del agua, problemas de salud y un deterioro progresivo del bienestar. Tenemos un reto ciudadano enorme, participar activamente, informarnos, evaluar trayectorias y ejercer vigilancia social. Solo así podemos protegernos como individuos y como colectividad y prevenir la explotación.
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