“No se tiene una casa de protección en Tumbes y las autoridades aún no cuentan con una estrategia especializada de intervención”.
Podría usted describirnos la situación real y la gravedad de la trata de personas en la zona de frontera con Ecuador.
No existe una investigación ni cifras oficiales que determinen con certeza la situación de la Trata de Personas en la región Tumbes; sin embargo, se menciona que los casos se relacionarían principalmente con la explotación laboral cuyas víctimas estarían en Ecuador, seguida de casos de explotación sexual.
Ha sido importante poner en agenda del Comité de Frontera el delito de Trata de Personas. ¿Qué se espera tener como resultado de esta importante acción y cuál es el compromiso que asume la Defensoría de Tumbes en este campo?
El Comité de Frontera El Oro – Tumbes, representa un espacio de diálogo entre representantes de ambos países, respecto a los principales problemas relacionados con la movilidad humana y siendo la Trata de personas un tema vinculado con la migración, se consideró incorporarlo en la agenda y se acordó la cooperación binacional judicial y policial contra la Trata de Personas.Desde la Oficina Defensorial de Tumbes se está promoviendo que las instituciones nacionales de la región, involucradas legalmente en la lucha contra la trata de personas, elaboren estrategias interinstitucionales articuladas.
El tema se encuentra en agenda y las autoridades de la región Tumbes como la XVIII DITERPOL de la PNP en Tumbes, la OD del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tumbes, la Gobernación Regional de Tumbes, Migraciones Tumbes, la Dirección Regional de Educación en Tumbes, particularmente están diseñando estrategias conjuntas para hacer frente a la trata de personas.
Sabemos que en la zona de frontera la trata de personas tiene vinculaciones con el tráfico ilícito de migrantes, como el caso de ciudadanos chinos y de otras nacionalidades. ¿Cómo están respondiendo las entidades públicas a esta situación?
En la región Tumbes, particularmente esta situación involucra a las siguientes instituciones: Migraciones Tumbes y/o Policía Nacional del Perú, identifican el caso y luego coordinan con el Ministerio Público, cuyo resultado de la investigación determinará si derivará el caso al Juez Penal, quien definirá si hay responsabilidad o no y aplicará la sanción penal correspondiente.
En Puno, región fronteriza con Bolivia, se han incrementado los casos de menores de edad desaparecidos. Sucede lo mismo en Tumbes e incluso en Piura. ¿Cree usted que existe una vinculación entre las personas desaparecidas y la trata de personas, sobre todo en las regiones de frontera?
Por la modalidad que emplea el tratante para captar a la víctima, particularmente menores de edad, ésta se inicia con su desaparición para alejarla de su entorno. En una reciente reunión con representantes de Fundación Quimera (Ecuador), me comentaban el caso de una menor peruana de 15 años de edad, quien estaba sometida a explotación laboral en un bar, ubicado en Machala (Ecuador), quien fue captada con engaños ofrecimiento de trabajo y buen sueldo en el Ecuador, afortunadamente logró escapar y recibió el apoyo de las autoridades ecuatorianas (DINAPEN, INFA) y del Consulado de Perú en Machala, precisándose que los padres desconocían el paradero de su hija.
La protección de víctimas es fundamental en los casos de trata de personas. ¿Están preparadas las instituciones públicas para atender esta necesidad en la región Tumbes?
Lamentablemente no se tiene una Casa de Protección en Tumbes y las autoridades aun no cuentan con una estrategia especializada de intervención al respecto.
Si tuviéramos que definir la agenda de trabajo en la lucha contra la trata de personas de la región Tumbes, ¿cuáles serían los principales puntos a tratar?
Continuar trabajando en la prevención, las autoridades en Tumbes proyectan articular sus acciones interinstitucionales en este ámbito.De otro lado, considero necesario definir una estrategia interinstitucional especializada en la lucha contra la Trata de personas para la región Tumbes, con miras a tener una respuesta coordinada e integral que considere la protección de la víctima.No obstante, hay que recordar que la Ley contra la Trata de personas y el Tráfico ilícito de migrantes, señala las entidades responsables de desarrollar acciones de prevención, persecución y sanción y protección, correspondiendo a las instituciones regionales sumarse a su cumplimiento, según sus competencias legales.
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