Berenice Romero es Fiscal Superior y actual Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delito de Trata de Personas del Ministerio Público. En esta entrevista, aborda los principales desafíos que enfrenta una de las instituciones clave en la lucha contra la explotación humana, el impacto de las nuevas tecnologías en la captación de víctimas y cómo las limitaciones presupuestarias condicionan seriamente la protección efectiva de quienes sobreviven a este delito.
¿Cuáles son las principales líneas de acción y estrategias que realiza actualmente su despacho para combatir la trata de personas y sus delitos conexos?
Le hemos dado mucha importancia a la capacitación de los fiscales para que puedan realizar sus investigaciones y tengan mayor conocimiento en el abordaje de casos y víctimas, así como el intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. También realizamos coordinaciones con las unidades policiales de la Dirección de Ciberdelincuencia, que es con quienes investigamos casos de posesión y fabricación de material de abuso sexual de niños y niñas adolescentes.
Respecto a los datos. ¿Cuántas son las denuncias y las víctimas de trata de personas registradas por el Ministerio Público durante el último año?
El año 2024 tuvimos 2058 denuncias. En lo que va de este año, hasta el 30 de junio, tenemos 942 denuncias. Respecto a las presuntas víctimas, en el 2023, teníamos 3203; en 2024, hubo 2809 y, en lo que va de este año, tenemos 1229 víctimas. Son presuntas hasta que se obtengan las sentencias condenatorias que las definen así. Sin embargo, ni bien tenemos el conocimiento del caso, se les da la atención y la protección que corresponde.
Las más afectadas por este delito históricamente han sido mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¿El panorama ha cambiado?
En el Perú, al igual que otros países del mundo, se sigue considerando que la mayor cantidad de casos de trata de personas se dan con fines de explotación sexual, y la mayor cantidad de agraviadas son del género femenino. Además, factores como la migración han incrementado este fenómeno y se está visibilizando a partir de las organizaciones criminales. Precisamente se han incrementado las víctimas de nacionalidad extranjera respecto a las víctimas de nacionalidad peruana. Ahora bien, no debemos dejar de lado que desde el 2015 teníamos la migración colombiana y ecuatoriana, y a partir del 2018 se incrementó la migración venezolana.
¿Se ha identificado las organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas?
Sí. Específicamente tenemos el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, Los Gallegos, Puros Hermanos Sicarios y la Dinastía Alayón, que son organizaciones integradas por personas de nacionalidad venezolana. También tenemos a Los Tiguerones, integrada por ecuatorianos. Es importante mencionar que en Perú la trata no se da solo a través de organizaciones criminales. Puede ser individual, cometida por una o dos personas, como también a nivel de organizaciones criminales. Esto último posee otra estructura.
¿Estas organizaciones operan solo en Lima o se han trasladado a otras regiones?
La trata de personas tiene una ruta transnacional. La ruta de captación empieza en Venezuela o Colombia, luego las transportan hacia Ecuador y, luego, ingresan a Perú. Se pueden establecer en el norte del país, como Tumbes, Piura, La Libertad o Lambayeque y luego seguir su camino hacia Lima Norte, que es donde hay mayor incidencia de víctimas. Luego hacia Lima Sur (San Juan de Miraflores) o Lima Este (específicamente San Juan de Lurigancho), y continuar la salida del país por Tacna o por Puno. En el primer caso salen por Arica hacia Chile, y en el caso de Puno salen hacia Desaguadero o Bolivia.
¿Cómo se está abordando la trata de personas que ahora es facilitada por las tecnologías digitales?
Desde el año 2020, a consecuencia de la pandemia, se masificó el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si bien es cierto, eso nos ha facilitado el trabajo, también se está usando para la captación con fines de trata de personas y explotación de menores de edad. (En los últimos años) también se incrementó el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y, por ello, la Dirección de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional está realizando más patrullajes virtuales. Otro fenómeno que se incrementó es la captación por uso de medios tecnológicos como el Facebook o juegos, como el Free Fire o Roblox.
Las plataformas digitales en donde ocurre esta captación cuentan con protocolos y con políticas para evitar que éstas se den. Sin embargo, estas organizaciones usan palabras en código. ¿Estos patrullajes consideran estos códigos?
Sí, sabemos los códigos que utilizan. Por ejemplo, las niñas y adolescentes deben decir que “quieren jugar vóley” o que “tienen una amiga para jugar vóley” y el explotador ya sabe en qué contexto se está hablando, es decir que es para un tema de explotación sexual.
¿Cuáles son los principales logros del Ministerio Público en la lucha contra este delito?
Nuestras sentencias. Desde el año 2020 a la fecha tenemos 498 sentencias. En los años anteriores, entre 2017 y 2019, eran un promedio de 300 sentencias. El 80% de las sentencias son condenatorias. Pueden decir que son muy pocas, pero la trata personas es un delito complejo en la estructura penal. También estamos logrando que se visibilice más el delito. Precisamente, uno de nuestros principales objetivos es fomentar la cultura de la denuncia.
¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan?
Principalmente el incrementar el número de investigaciones proactivas, porque en su mayoría son reactivas. Coordinamos con la Policía para realizar más acciones de inteligencia buscando datos, haciendo seguimiento a la información que aparece en los anuncios que se utilizan para captar a las víctimas o haciendo patrullaje cibernético, incluso más operativos. Otro desafío es que se restituyan los derechos de las víctimas. Esto implica un compromiso de diversos organismos de la sociedad civil, cooperantes, así como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que provee los abogados de Defensa Pública. Además, tenemos la Ley 31146 que establece que los bienes incautados a los explotadores serán rematados y ese dinero servirá para las reparaciones civiles, y esto es algo que debe garantizarse.
¿Qué mejoras se han logrado en la atención a las víctimas de trata de personas desde la intervención fiscal?
Hemos uniformizado criterios. Cuando tenemos el conocimiento de la existencia de una víctima se dictan las medidas de protección para reservar su identidad; si está en una situación de riesgo, se coordina con la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, para brindarle las medidas de protección y seguridad policial. También podemos asignarle un lugar de albergue.
Para un mejor trabajo se necesitan recursos. ¿El presupuesto asignado actualmente a las fiscalías especializadas de trata de personas es suficiente para cumplir estas funciones de manera efectiva?
Para las medidas de protección no se requiere mayor presupuesto. Para la seguridad policial, se coordina con el Poder Judicial, a fin de que se le asigne custodia policial y son efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, he tomado conocimiento que UDAVIT no tiene presupuesto. Por ello es que felicitamos la iniciativa de la fiscal de la Nación, que está celebrando convenios con ONG y la cooperación para cubrir las necesidades básicas de las víctimas, como la alimentación, vestido, hospedaje, costos de pasaje en las repatriaciones o el pago del personal especializado en terapias psicológicas. Actualmente nos están apoyando mucho porque el presupuesto no alcanza y son muchas las necesidades que tenemos. Por ejemplo, si requerimos tomar la declaración de una víctima en un ambiente adecuado, no contamos con las cámaras Gesell o las salas de entrevista únicas suficientes en los 34 distritos fiscales del país.
¿Existen obstáculos legales o normativos que dificultan el trabajo fiscal?
Afortunadamente nuestras normas nos permiten trabajar muy bien. Tenemos una ley de trata de personas, tenemos la reubicación de los tipos penales en un capítulo específico de bien jurídico protegido de dignidad humana, tenemos la política nacional, el protocolo de actuación intersectorial. Normas tenemos un montón, pero se trata más de que las personas que trabajan en las instituciones involucradas estén debidamente sensibilizadas y comprometidas con su función para poder coadyuvar con la investigación y con la administración de justicia o el acompañamiento en la atención y protección a víctimas.
¿Qué medidas urgentes cree que deberían impulsarse desde el Ejecutivo o el Legislativo para reforzar la lucha contra el delito de trata de personas?
Incrementar el presupuesto y no solo a la Fiscalía, sino a todas las instituciones. Sabemos que el Ministerio de la Mujer solo tiene seis albergues especializados en niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas a nivel nacional que no son suficientes para la cantidad de casos que manejamos. No hay albergues especializados en trata para adultas mujeres ni para niños, adolescentes y adultos varones, y ellos también son víctimas de este delito. Además, la Policía Nacional no cuenta con unidades apropiadas para realizar sus actividades o presupuesto hacer acciones de inteligencia. Los protocolos, la ley o la Política Nacional no van de la mano con el escaso presupuesto con el que contamos. Lo ideal sería tener una fiscalía especializada en cada distrito fiscal, pero actualmente solo cubrimos 16 distritos fiscales de los 34 que tenemos.
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