CHS Alternativo ha constatado el creciente número de casos de acoso y violación sexual a la que son sometidas niñas y adolescentes en el país.

Pese a que la vida de una niña de 11 años corre peligro físico y mental tras quedar embarazada producto de las reiteradas violaciones sexuales de la expareja de su madre, el Ministerio de Salud no permite que la menor interrumpa el embarazo con un aborto terapéutico seguro. Ante la situación, CHS Alternativo, así como diversas organizaciones nacionales e internacionales, alza su voz para hacer un llamado al Estado peruano a fin de que se reconsidere la decisión, teniendo en cuenta la obligación que tiene de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en especial de las víctimas de violencia sexual.

En el Perú, cada día, 4 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres. 2 de cada 3 de ellas viven en zona rural y 9 de cada 10 viven en situación de pobreza. Son embarazos que se dan en un marco de vulnerabilidad, desigualdad y con frecuencia, de abuso sexual, ejercida en la mayoría de casos por personas del entorno cercano o de la propia familia.

Tras expresar y reiterar el compromiso contra toda forma de violencia y explotación humana, Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, manifestó que la institución es testigo de las difíciles circunstancias que acompañan a la niña afectada a causa de la violación sexual y cómo su vida se ha trastocado. En ese contexto, indicó que el Estado peruano tiene el deber y la oportunidad de reparar el daño que viene infringiendo a la menor y detener el proceso de revictimización a la que la viene sometiendo. “De esta manera se sentará el precedente necesario para proteger a miles de otras niñas que son víctimas de violencia sexual”, dijo.

Recordó que hace dos meses las Naciones Unidas se pronunció por un caso similar, debido a que el Estado peruano negó los derechos a una niña violada al impedir un aborto terapéutico y criminalizarla.

Aunque en el Perú no existe una regulación específica sobre este tema, sí se cuenta con una Guía de Aborto Terapéutico, la cual deja abierto el camino para proteger los derechos fundamentales y la salud integral de las personas que han sido violentadas y no están en condiciones de continuar con un embarazo no deseado.

Ante ello, Querol enfatizó que el Estado debe proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las víctimas de violencia sexual y hacer suyos el enfoque de género, enfoque centrado en la víctima y enfoque centrado en el trauma. “Es su obligación reconsiderar y revertir la decisión de la Junta Médica emitida por el Hospital Regional de Loreto que obliga a la menor a proseguir con el embarazo. Se trata de un embarazo producto de una violación sexual que no solo vulnera los derechos de la menor sino que constituye un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante en el que debe aplicarse el aborto terapéutico porque existe afectación física y psicológica que pone en riesgo grave y permanente la salud de la niña”, aseveró.