N° 287 ÁNGEL PÁEZ: NI LAS AUTORIDADES NI LA CIUDADANÍA ENTIENDE BIEN LAS IMPLICANCIAS Y GRAVEDAD DEL TRABAJO FORZOSO

Ángel Páez es fundador y jefe de la Unidad de Investigación del diario La República, corresponsal del diario Clarín de Argentina y de la revista Proceso de México. Actualmente es docente de periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

En esta entrevista nos comenta los principales hallazgos de una serie de investigaciones sobre trabajo forzoso, que contó con la asesoría y apoyo de CHS Alternativo.

¿Podría comentarnos acerca de la investigación y cuáles han sido los principales hallazgos?

El equipo hizo una cobertura en ciertos puntos de Loreto, Cusco y Lima. En cada una de estas regiones el trabajo forzoso tiene su propia particularidad, y con la idea de tener un contacto directo, los investigadores se infiltraron para ser testigos y parte de los hechos. En el caso de Loreto, en la frontera entre Perú y Colombia, tuvimos información de trabajo forzoso ejercido por organizaciones criminales. En este caso, las FARC o facciones de lo que fue las FARC muy vinculadas al narcotráfico, atraen a jóvenes –muchos menores de edad– ofreciéndoles una buena cantidad de dinero a cambio de desarrollar actividades de cultivo y cosecha de hoja de coca. Ahí insertamos a una investigadora que durante 15 días pudo registrar y comprobar que estas organizaciones criminales cruzaban la frontera y reclutaban, pueblo por pueblo, a personas ofreciéndoles dinero. Una vez que los reclutados estaban en el lugar, trabajaban sin poder salir y eran vigilados por grupos armados hasta concluir la jornada.

¿Qué se encontró en el caso de Lima? pues mencionaba que cada región tiene su propia particularidad.

Hemos detectado que los perpetradores de este delito se aprovechan de las vulnerabilidades de sus víctimas, especialmente en contextos donde no hay ingresos o trabajo, y aceptan cualquier labor a cambio de la cantidad que impone el empleador. En Gamarra dos reporteros se dejaron reclutar por los jaladores. Ahí encontramos que hay edificios de hasta 11 pisos, cuyas galerías están en los primeros niveles y el resto completamente cerrados con grandes puertas metálicas. En este lugar las jornadas de trabajo pueden ser de 11 horas y solo se sale para almorzar. Hay cámaras y extrema vigilancia. Se obliga (a los trabajadores) a hacer labores para las que no están preparados. Los investigadores, por ejemplo, fueron obligados a hacer planchados con máquinas muy grandes y otro tipo de actividades relacionadas al corte y confección de prendas. Tras la jornada, ellos experimentaron dolor en el cuerpo y problemas de movilidad.

Un detalle importante es que los trabajadores son obligados a permanecer parados para que desarrollen las tareas de manera más rápida. Los reporteros infiltrados pudieron comprobar que todos estaban en las mismas condiciones: trabajan las 10 u 11 horas de pie, sin sillas ni bancas y en lugares muy estrechos; ante cualquier eventualidad no podrían salir.

Otra cosa es que, pese a que el promedio del ingreso mínimo vital es de 20 soles por hora, aquí los trabajadores reciben menos de 5 soles por hora. A eso hay que agregar que aceptan cualquier condición, incluso si algo sale mal se les descuenta 50 soles. Estamos hablando de varias horas de trabajo, y esto es una suerte de práctica para que los trabajadores cumplan sus jornadas de trabajo. En estos lugares no hay control de las autoridades, no hay inspectores de ningún tipo, ni entidades de índole nacional, regional o municipal. También tuvimos el caso de un sujeto que es dueño de un taller que confecciona pantalones de jean y acosó sexualmente a uno de los investigadores, lo que quiere decir que esta práctica clandestina es propicia para este tipo de situaciones.

¿Y qué encontraron en la región Cusco?

Ahí vimos tres situaciones. Una zona donde hay numerosas ladrilleras y donde el trabajo es mal remunerado y peligroso. Ahí hay menores de edad y se les hace tener jornadas de trabajo muy largas, se les expone al calor y a cargar peso de gran volumen cuando trasladan cualquier cosa de un lugar a otro. No hay control. Se supone que estos lugares estaban clausurados pero funcionan.

Hemos visto que se abusa mucho de los jóvenes que vienen de las provincias donde no hay posibilidad de empleo. Estas personas se trasladan a la capital del Cusco y encuentran este tipo de trabajos, que también son de un ingreso mucho menor al promedio nacional.

Algo parecido sucede en una zona de lavaderos de carros donde se registró la presencia de jóvenes sometidos a abusos laborales. Ellos están expuestos a químicos e intoxicaciones por los productos que manejan, y no les dan guantes ni mascarillas.

Encontramos un tercer punto que es el paso para una investigación mayor, pues existe un lugar donde se concentran algunos comercios que ofrecen supuestos trabajos en Madre de Dios; una de nuestras investigadoras probó llamando y todos ofrecían puestos de meseras en bares, en zonas donde hay minería ilegal.

¿Estamos hablando de un punto de captación para trata de personas o reclutamiento de trabajo forzoso?

Exactamente. (Los explotadores) te pagan los pasajes, la estadía y el hotel hasta que empieces a ganar tu sueldo y luego te descuentan. Es una forma moderna de enganche. Hemos hablado con las autoridades y se trata de un reclutamiento para ejercer la prostitución. En muchos casos se producen situaciones de secuestro.

¿Cuáles han sido los retos o dificultades que han encontrado en la elaboración de estas investigaciones?

Hay tres cosas. La primera es que existe una ley que modifica el Código Penal en la parte que se especifica el delito de trabajo forzoso, pero las autoridades lo interpretan de distintas maneras. Por lo que la eficacia de los operadores de justicia es muy incipiente, es menor.

En segundo lugar, los operadores de justicia intervienen muy poco ante este problema y por lo tanto no se observa una acción concertada para enfrentar las situaciones de trabajo forzoso y no ven muy clara una política que los junte a todos en un solo plan de trabajo.

Y en tercer lugar, el trabajo forzoso se ha normalizado mucho entre las personas que tienen negocios o inversiones en determinadas áreas de la producción. Les parece común y corriente y lo mismo sucede con las personas que se someten a esta situación y no lo denuncian porque consideran que al hacerlo van a perder una fuente de trabajo. Ese aspecto de informar a la ciudadanía sobre lo que significa el trabajo forzoso, de las implicancias que tiene y la forma en cómo afecta a los ciudadanos requiere de campañas informativas muy intensas y permanentes.

Otra situación es la poca o nula evidencia de este delito. ¿Por qué consideran que este delito – a diferencia de otras formas de explotación– tiene tan poca evidencia?

Porque es un trabajo clandestino. Ocurre en situaciones de clandestinidad. Por ejemplo, en los tres talleres (en Gamarra) encontramos que los locales estaban completamente cerrados, con grandes portones de metal, con cámaras y con personas que hacían un registro de quienes estaban trabajando. En algunos casos con retención de los DNI y con gente que por dentro les vigilaba. Eso por un lado. Por el otro es que estas personas, sabiendo que estaban en condiciones de trabajo forzoso, no lo iban a denunciar nunca porque es su fuente de ingreso principal para sus familias.

De hecho cuando nuestros reporteros fueron reclutados en Gamarra. Una de las razones que convenció al reclutador es que le dijeron que estaban buscando trabajo de lo que sea. Generalmente les pagan 250 soles, pero como no tenían experiencia les rebajaban a 200 soles y así, hasta que según su entrenamiento se les subía 20 soles más cada cierto tiempo.

Entonces hay esta confluencia, esta complicidad entre estas personas que reclutan y el interés de estas persona por percibir algún tipo de remuneración. Esta complicidad hace que se invisibilice, porque no hay denunciantes.

¿Según lo encontrado, qué se debe fortalecer en el Estado para poder combatir este delito?

Eso tiene que ver con la administración de justicia. Si no vemos denunciados, sentenciados, le estas diciendo a los perpetradores del delito que no pasa nada. Y esto se debe a que no se entiende bien las implicancias, alcances y la gravedad de lo que significa el trabajo forzoso. Si no vemos que hay sentencias en agravio de personas vulnerables. Estas personas que saben que están ante un delito seguirán ofreciendo el trabajo en forma clandestina.

Las autoridades deberían hacer una concertación de esfuerzos y definir cómo entienden el trabajo forzoso. Por lo que hemos visto, el trabajo forzoso no se presenta de una manera aislada, forma parte de una cadena de delitos, especialmente en el interior del país, con el narcotráfico, el tráfico de personas, la trata de mujeres, la prostitución y otros más. Es una cadena, un circuito de la corrupción y, si no hay una actuación definida, esto va a continuar expendiéndose y normalizándose.

Puedes leer las investigaciones aquí: