Jeannette Llaja es abogada especializada en género, derechos humanos y derecho constitucional. Ha sido secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial y directora general de Igualdad de Género y No Discriminación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esta entrevista resuelve nuestras dudas sobre el vínculo entre la trata de personas y la violencia de género, y habla de los principales desafíos que enfrenta el Estado en la lucha contra ambas problemáticas.
CHS Alternativo ha iniciado una campaña de prevención de la violencia de género y la trata de personas, graves problemáticas que al retroalimentarse amplifican su impacto en poblaciones como niñas, niños, adolescentes y mujeres. En ese marco, ¿nos podría hablar del vínculo entre la violencia y la trata?
Si nos ceñimos a la parte legal, la trata de personas con fines de explotación sexual es una modalidad de violencia contra la mujer por su condición de tal. Así lo señala la Ley 30364 y su reglamento, y lo afirma el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que es una de las primeras normas que hace esta conexión con claridad. Además, la trata de personas es un delito contra la dignidad humana y tiene que ver con la cosificación de las personas, pero en el caso de las mujeres eso coincide con el tema de la violencia sexual, que es cuando se utiliza los cuerpos de las mujeres.
No podríamos decir que toda víctima de violencia va a caer en trata de personas. Sin embargo, no se puede negar que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, la hace propensa a múltiples situaciones que pueden facilitar que caigan en ese circuito.
La evidencia demuestra que una de las poblaciones más afectadas por estas problemáticas son las niñas, niños y adolescentes, los cuales son captados -cada vez con más frecuencia- a través de redes sociales y videojuegos para la producción de material de abuso sexual. ¿Qué delitos encierran estas situaciones y qué determinan las leyes peruanas?
Creo que la violencia de género se recrea en el contexto. En cualquier delito, en la medida de que tenga todo lo que se requiere para su configuración, el medio por donde se realiza pasa a ser un elemento más. Lo que tendríamos que ver es cómo integramos la tecnología a los delitos ya existentes. Por ejemplo, en el caso del chantaje sexual –que es delito desde el 2018– se hace una precisión cuando se da a través de lo digital.
Respecto a la captación [con fines de trata de personas] se ha generado un nuevo mecanismo. Ya no es solamente el cartelito que se ponía en una comunidad. Ahora, con las redes sociales, ese cartelito tiene un alcance transnacional. Hay que perfeccionar el tema tecnológico para las estrategias de investigación desde la Policía y la Fiscalía.
¿Considera que las fuerzas persecutoras del delito se están adaptando a estas ocurrencias digitales?
Tengo la impresión de que no hay la inversión que se requiere para que la Policía y la Fiscalía puedan tener el mismo nivel de avance que tiene la sociedad, el sector privado y también el crimen organizado en esta materia. Yo creo que sí existe la capacidad para detectar el delito; sin embargo, son pocas las personas que tienen acceso a esa capacidad. Los efectivos policiales y las unidades especializadas tienen limitaciones por la inversión que se desarrolla en ellas. No solo es la parte penal, en temas de tecnología y el manejo de datos el Estado anda más lento. Ese es un desafío.
¿Cree que el aumento del crimen organizado y el fenómeno migratorio han cambiado de alguna manera las formas en las que se ejerce la violencia basada en género y la trata de personas?
No creo que haya cambiado, pero sí creo que ahora tiene características diferentes. Una persona que migra de manera forzada tiene características que la hacen vulnerable en el Perú y en cualquier momento. Si una persona migra sola, sin una red familiar que le brinde soporte, eso impactará en sus vínculos. Si vemos a las víctimas de trata de personas, al menos a las que están registradas, lo que se eleva numéricamente y de manera muy importante son las de nacionalidad venezolana. Pero tengo la impresión que con esa mirada a veces se deja de visibilizar que en realidad las víctimas mayoritariamente siguen siendo peruanas.
Hablando de la atención integral de las víctimas, ¿considera que los estándares actuales de legislación y servicios pueden asegurar su reintegración?
A nivel general, en el tema de violencia de género, uno no podría negar que ha sido una política priorizada. Ahora, que haya respondido a la problemática, creo que sigue siendo un desafío. En el caso de la trata de personas, la priorización no ha ido por ahí. De hecho, hay un proceso que es importante visibilizar. La trata de personas tiene una Política Nacional que está a cargo del Ministerio del Interior, no del Ministerio de la Mujer. Además, la Política Nacional contra la Trata de Personas, según la ley, tendría que tener un programa presupuestal que en realidad no tiene. Un programa presupuestal es una decisión que no es del Ministerio del Interior ni del Ministerio de la Mujer, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar un monto de dinero específico para esa temática. Ahí tenemos serios desafíos.
Ya que menciona la Política Nacional contra la Trata de Personas, que pronto cumplirá tres años de implementación, ¿qué avances considera que ha tenido y qué desafíos enfrenta?
Mi impresión particular, para trata y violencia, y en general para la igualdad de género, es que hay un esfuerzo importante en hacer una Política Nacional, pero el problema es que al momento de elaborarla, el diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas es nulo. Entonces, lo que suele pasar con las políticas nacionales, es que, al momento de configurarla, es difícil que los sectores existentes creen nuevos servicios, porque saben que no va a haber ninguna asignación presupuestal adicional y lo que hacen es colocar como servicio lo que ya se está haciendo. El amarre es que los servicios aprueben protocolos y que haya un alineamiento de estos instrumentos de gestión de la institución con la Política. Ahí hay otro desafío.
¿Y qué servicios han implementado protocolos tanto en la política de trata como en la de igualdad de género? ¿Cuál sería el avance?
En el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género –que es más antigua que la política de trata– de los 52 servicios, tenemos más o menos el 40% de los protocolos. No tengo el dato de cuántos servicios de la Política Nacional contra la Trata de Personas ya tienen protocolos. Sin embargo, el problema con la Política Nacional de Trata es que no viene sujeta a un presupuesto y depende mucho de la gestión y de quien la lidere.
¿Factores como la inestabilidad política han influido en ello?
Claro, y en el caso del Ministerio del Interior, creo que ha sido uno de los ministerios que más golpes ha tenido, y me refiero a los cambios, no a la gestión. Incluso si hubieran sido los mejores gestores, no puedes tener tantos cambios, menos cuando no hay un Programa Presupuestal por Resultados. Un programa de presupuesto es lo que te asegura que haya cambios porque [como ministerio] tienes que rendir. Ahí tengo una mirada crítica de cómo se están gestionando las políticas públicas nacionales.
Otro problema que hemos detectado es la diferencia estadística que existe respecto al delito de trata de personas. Todos los registros son todos distintos.
A mí me cuesta identificar data estadística que realmente refleje lo que significa ese delito en el Perú. Uno identifica con claridad que la data de la Policía no es la misma que la de la Fiscalía. Ni siquiera se parecen. No hay una argumentación sólida de por qué es que son diferentes. Pero, además, cuando la data llega al Poder Judicial disminuye considerablemente, tanto así que uno de los argumentos por los cuales no existen juzgados especializados en trata de personas es porque la carga procesal no lo amerita.
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