Hace 12 años se promulgó la Ley 29918, la cual buscaba visibilizar la lucha contra la trata de personas que, ya para entonces, venía incrementándose con gran dinamismo en el país. Con dicha ley, por un lado, se declaró el 23 de septiembre como Día Nacional contra la Trata de Personas, poniendo sobre la mesa la magnitud del delito y su impacto en las víctimas; mientras que, por otro lado, se estableció que el Ejecutivo debía dar cuentas ante el Congreso sobre las acciones desplegadas frente a este delito, con lo cual se posicionaba el tema en la agenda política.
En cumplimiento de esta ley, los primeros ministros Pedro Cateriano, Ana Jara y Fernando Zavala acudieron consecutivamente al Pleno del Congreso para presentar los avances de la implementación de la política de trata de personas y someterse al respectivo control por parte del Legislativo. Posteriormente, el entonces ministro del interior Carlos Basombrío hizo lo propio, rindiendo cuentas sobre la materia en 2017. Lamentablemente, fue el último.
Desde entonces, han pasado 06 presidentes, 14 primeros ministros y 22 ministros del interior hasta ahora, pero el Congreso no ha convocado a una sesión plenaria para tratar la problemática, ni el Ejecutivo ha propiciado la rendición de cuentas. Con este accionar ambos poderes del Estado están incumpliendo a todas luces con la obligación establecida por la Ley 29918, evidenciando el desinterés y la falta de transparencia de los últimos gobiernos.
Por si ello no fuera suficiente para sepultar el tema en el olvido político, el 19 de noviembre de 2024, el Congreso promulgó la Ley 32165, que baja de nivel y encasilla la rendición de cuentas del Ejecutivo en únicamente dos comisiones del Congreso (Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia), ignorando así la práctica de acudir al Pleno para tal fin. Cabe señalar que dicha norma fue observada por el Ejecutivo, pero terminó siendo aprobada por insistencia en el Legislativo.
Esta medida desconoce por completo el carácter pluridimensional de la trata de personas y colisiona directamente con la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030, que establece 42 servicios públicos a ser implementados por 11 ministerios y 4 organismos autónomos en todo el territorio nacional. A través de la política se vinculan temas como la criminalidad organizada, minería ilegal, prevención en educación, accesibilidad de servicios de salud, control y fiscalización de empresas de transporte y de empleo, entre muchos otros temas, que serían de competencia de otras comisiones del Congreso, como Defensa, Producción, Salud, Educación, Trabajo, entre otras.
Además, la Ley 32165 promueve el desabastecimiento de recursos para la lucha frente a la trata de personas, ya que para la asignación presupuestal se requiere sustentar una propuesta e impulsar un debate en el Pleno del Congreso y no en comisiones ordinarias. En efecto, desde la última vez que se rindió cuentas, el presupuesto específico para abordar el fenómeno de la trata se ha estancado en apenas el 0.003% del presupuesto nacional, lo que significó la irrisoria cifra de 18 céntimos de sol por ciudadano en 2023 para la prevención, persecución y sanción de la trata, así como la atención y reintegración de la víctima.
Lo peor es que, mientras el gobierno subvalora la trata de personas, el delito aumenta sostenida e irremediablemente. Entre los años 2018 y 2023, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público registró 29,400 denuncias por trata de personas a nivel nacional, y solo en 2023, se contabilizaron 9001 denuncias por este y otros delitos de explotación humana. Asimismo, la trata se ha consolidado como la segunda economía ilícita en el país, vinculándose con otras economías ilegales, como la minería y tala ilegal, el narcotráfico, el contrabando, entre otras.
En esa misma línea, en el transcurso de estos últimos meses, el Congreso ha aprobado una serie de normas que debilitan el sistema de persecución y sanción penal, afectando también la lucha contra la trata de personas. Entre estas normas resalta la Ley 32108, que establece una pena mínima como requisito para considerar delitos graves bajo el marco de crimen organizado y modifica los requisitos para la realización del allanamiento; la Ley 31989, que favorece la minería ilegal; y, la Ley 31973, que favorece la tala ilegal.
Frente a esta situación, desde la sociedad civil, preocupados por la política pública frente a la trata de personas, hacemos un llamado al Congreso y, en especial a los integrantes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia, que cumplan con su deber y aseguren la convocatoria y participación del Ejecutivo ante el Parlamento para rendir cuentas sobre sus acciones frente a este delito. Es necesario no solo esperar las presentaciones formales de las autoridades, sino hacer seguimiento y que se implementen procesos de fiscalización y control político, a fin de que se explique ¿cuál es la estrategia frente al avance del crimen organizado en este delito?, ¿por qué el presupuesto para luchar contra la trata de personas sigue estancado? o ¿qué se está haciendo para garantizar la prevención o atención de las víctimas?, entre otros.
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