Este 30 de julio, en el Día Internacional contra la Trata de Personas, el Perú llega con una deuda alarmante en materia de prevención, atención y justicia para las víctimas. A pesar de contar con una Política Nacional que establece metas concretas al 2030 y leyes pertinentes para procesar el delito, las cifras oficiales muestran un escenario marcado por la descoordinación, la precariedad institucional y la indiferencia política.
Según datos del Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público, solo en los primeros seis meses de 2025 se han registrado 1067 casos de trata, lo que se suma a las 7,175 denuncias acumuladas desde 2022, con un promedio de 2,050 casos anuales, 171 al mes y seis al día. Sin embargo, esta realidad contrasta con la información del Ministerio del Interior, que para todo el 2024 solo reconoció 583 víctimas, mientras que en el mismo periodo el Ministerio Público reportó 2284 casos.
Esta discrepancia en las cifras no es nueva. Desde hace años, CHS Alternativo ha advertido sobre la necesidad urgente de homologar los datos oficiales, pues sin información confiable y unificada es imposible diseñar políticas públicas eficaces, asignar recursos o implementar protocolos adecuados. Esta situación no solo refleja descoordinación, sino una alarmante falta de voluntad política para abordar un problema de dimensiones nacionales y transnacionales.
El contexto de este delito se agrava con la expansión de las redes criminales que no solo se dedican a la trata de personas, sino que también operan en otras economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y la extorsión. Bandas como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, Los Pulpos o Los Tiguerones han extendido su influencia en el país, aprovechando el débil control estatal, la pobreza estructural, la informalidad generalizada y la corrupción. En una economía donde predomina la informalidad, el costo operativo para los tratantes es mínimo y las ganancias muy elevadas, mientras que el riesgo de ser procesados y sancionados es casi inexistente.
Y es que la judicialización del delito enfrenta serios obstáculos: la corrupción institucional, la intimidación criminal y la precariedad del sistema de justicia hacen el resultado sea un sistema que desalienta la denuncia y protege, en los hechos, a los explotadores. De hecho, en los últimos meses, el Congreso ha aprobado normas que debilitan aún más el sistema penal y favorecen las economías criminales vinculadas a la trata. Entre ellas destacan la Ley 32108, que reduce las condiciones para investigar delitos de crimen organizado; la Ley 31989, que beneficia la minería ilegal; y la Ley 31973, que hace lo propio con la tala ilegal. Estas normas consolidan un entorno de impunidad y fortalecen a las mafias que lucran con la vida y dignidad de miles de peruanos.
A pesar de este panorama, el Congreso de la República, en lugar de legislar a favor de la ciudadanía, ha optado por reducir el nivel de fiscalización del delito. El 19 de noviembre de 2024, se promulgó la Ley 32165, que encasilla la rendición de cuentas en solo dos comisiones parlamentarias (Justicia y Mujer), excluyendo la posibilidad de un debate más amplio en el Pleno. Esta norma, observada por el Ejecutivo, pero aprobada por insistencia del Legislativo, ignora la naturaleza multidimensional del delito, que involucra a sectores como Salud, Educación, Trabajo, Producción, Defensa, Interior, Transportes y más.
Las consecuencias de esta decisión son graves. Para que el Estado pueda asignar un presupuesto significativo a la lucha contra la trata de personas, se requiere un debate amplio y multisectorial en el Congreso. Al restringir esta discusión a comisiones ordinarias, se obstruye la aprobación de recursos y se debilita el enfoque integral que requiere la implementación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas. Como evidencia de este abandono, el presupuesto específico para enfrentar este crimen se ha estancado en apenas el 0.003% del presupuesto nacional, lo que en 2023 significó solo 18 céntimos de sol por persona para prevenir, sancionar y atender la trata y sus consecuencias.
En este contexto, hacemos un llamado urgente al Estado y a sus autoridades a cumplir con su deber y asumir un compromiso real y sostenido frente a este delito. La lucha contra la trata requiere coordinación, presupuesto, transparencia y decisión política. No basta con conmemorar fechas: se necesitan acciones concretas.
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