En la lucha contra la trata de personas encontramos diversas paradojas, que pueden explicar por qué el Perú se mantiene desde hace varios años en el mismo nivel de desarrollo de su acción frente a la trata (Tier 2), según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Este fin de año resaltamos tres de ellas a modo de balance anual, con la expectativa que sean consideradas con carácter de urgencia.
La primera paradoja está relacionada con el aumento de la actividad estatal desde el Estado central; frente al estancamiento (y hasta retroceso) de la acción contra la trata a nivel regional y local. Si tomamos en cuenta las causas estructurales, los factores de riesgos, las zonas de captación y explotación, las dinámicas del negocio, y las necesidades de las víctimas sobrevivientes, podemos concluir que -como lo señaló CHS Alternativo a finales del 2014, todavía no se ha invertido la pirámide donde el presupuesto público y la acción del Estado se concentra en el gobierno central.
La segunda paradoja es que el Estado reconoce que la trata de personas es una vulneración de los derechos humanos; sin embargo, todavía predomina en la práctica una visión de combate frente a un fenómeno delictivo. Esta paradoja tiene consecuencias positivas (en los últimos meses del año ha aumentado considerablemente el número de operativos y se han desarticulado de redes o mafias). Sin embargo, también tiene consecuencias preocupantes como la negativa reiterada de algunos sectores a cumplir con sus responsabilidades implícitas. Específicamente, nos referimos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que si bien tiene la rectoría de las políticas encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales (incluidos aquellos asociados a la trata de personas), ha rechazado formar parte de la futura Comisión Multisectorial que se encargará de enfrentar la trata de personas, limitando las posibilidades de enfrentar eficazmente las causas estructurales de la trata de personas y los retos que implica la reinserción socioeconómica de las víctimas sobrevivientes.
La tercera paradoja nos dice que existe esquema de atención para los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata; sin embargo, las víctimas mayores de edad no cuentan con un esquema claro de protección y asistencia, salvo cuando aceptan participar del proceso penal. El 2015 se ha mantenido este trato diferenciado a las víctimas, que se hace más evidente cuando existen necesidades de albergue para las mayores de edad. En el mejor de los casos, podría sostenerse que existe una respuesta a través de otros servicios estatales; sin embargo, esta situación tendría las mismas consecuencias que la respuesta frente a los casos de personas menores de edad: la aplicación de servicios estructurados e implementados para otro tipo de vulnerabilidades (situación de abandono) o violencia (violencia familiar o de género), sin la preparación suficiente de estos servicios para entender el grado de afectación y daño que la trata genera en las víctimas.
Este mes se ha iniciado la elaboración del nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. En ese contexto, corresponde evidenciar este tipo de paradojas para reformular la acción del Estado. No son las únicas y muchas evidencian los retos que tiene la gestión estatal, así como la necesidad de evaluar las consecuencias que conllevan la puesta en marcha de sus acciones. Los esfuerzos deberían estar enfocados principalmente en evitar situaciones de revictimización para las personas sobrevivientes. Si no podemos asegurar la recuperación de la víctima ni una disminución en la magnitud de la trata de personas, el compromiso mínimo debe ser evitar más sufrimiento a quienes soportan los efectos más deplorables de este fenómeno.
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