En las últimas semanas ha causado polémica en el Perú el debate sobre la promulgación de la Ley 32181, que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que distintos expertos han coincidido en rechazar porque debilita la lucha contra la criminalidad y “facilita la vida a los corruptos”. Aunque tras las opiniones en contra desde diversos frentes y la protesta ciudadana, el Ejecutivo parece haber retrocedido y está en camino a derogar esa norma, lo cierto es que esta es solo una cereza más de un pastel mucho más grande de leyes que han sido aprobadas este año por el Congreso, con el aval del Ejecutivo, con la finalidad clara de beneficiar ciertos intereses particulares.
Y es que este año se han aprobado normas muy cuestionadas, como la Ley 32108 y sus modificatorias, que debilita la lucha contra el crimen organizado. Esta ley, que plantea que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado involucrado y un abogado de defensa pública, ha representado un duro golpe para la labor de la Fiscalía y de la Policía, beneficiando a diversas redes criminales. Pero no solo eso, la norma también elimina de sus alcances muchos delitos que están relacionados con la corrupción y libera a los partidos políticos de la afectación de sus activos y de sus bienes en caso de que ellos estén involucrados en temas de criminalidad organizada. Las modificaciones sin duda tienen nombre propio y favorece a ciertas tiendas políticas que incluyen en sus filas a congresistas con procesos de investigación por corrupción.
Pero no es el único caso. Durante el 2024 que se termina el Legislativo ha promulgado más de 20 normas polémicas que afectan directamente la lucha contra la criminalidad y contra las economías ilegales. Están, por ejemplo, la Ley 31973, llamada «Ley Antiforestal», que ha sido cuestionada por suspender por dos años la zonificación forestal, facilitando la tala ilegal y la depredación de áreas protegidas; asimismo, la Ley 31989, que favorece la minería ilegal al derogar los controles sobre el uso de explosivos de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un registro creado en 2012 que tenía el fin de regularizar temporalmente la extracción informal de oro. En línea con este favorecimiento a la minería ilegal, el Congreso aprobó extender el plazo del REINFO por seis meses más y alista otro proyecto para ampliar dicho registro hasta por dos años adicionales. Lo peligroso es que, mientras se siga renovando el REINFO, se corre el riesgo de seguir perpetuando la minería ilegal y el crecimiento de las economías criminales.
Y hay más. Este 2024 el Legislativo también aprobó otras leyes controvertidas, como la Ley 31990, que debilita la colaboración eficaz, una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Asimismo, se promulgó la Ley 32130, que faculta a la Policía Nacional a investigar delitos de manera preliminar, pero con la presencia de abogados de oficio en allanamientos, lo que es difícil de implementar por su baja disponibilidad.
A esto se debe sumar el retroceso en el nivel de rendición de cuentas por la trata de personas. En noviembre de este año el Congreso promulgó por insistencia la Ley 32165, que cambió la práctica de que el Ejecutivo acuda al Pleno cada año para informar sobre los avances en materia de lucha contra este delito. Con la modificación, ahora solo se tendrá que rendir cuentas ante dos comisiones del Congreso: la de Justicia y Derechos Humanos y la de Mujer y Familia, con lo cual se desconoce por completo el carácter pluridimensional de la trata de personas, que el mismo Ejecutivo reconoce en la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Dicha política establece 42 servicios públicos a ser implementados por 11 ministerios y 4 organismos autónomos para combatir el crimen en todo el país, lo cual no ha sido considerado por el Congreso.
Aunque la aprobación de estas medidas se fundamenta en la supuesta lucha contra la criminalidad y en la necesidad de disminuir la sensación de inseguridad ciudadana, lo cierto es que este 2024 se han aprobado un conjunto de normas que convergen entre sí y tienen la clara intención de dar más facilidades a los investigados, mientras que se pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía. La situación es riesgosa, pues las modificaciones están elevando los niveles de impunidad, haciendo que el Perú se vuelva un lugar atractivo para las bandas criminales organizadas de trata de personas, sicariato, extorsión y corrupción, así como de tala y minería ilegal, entre otros.
De cara al 2025 y teniendo en cuenta de que se trata de un año preelectoral en el que se pondrá nuevamente en funcionamiento la bicameralidad, desde la sociedad civil seguiremos insistiendo para que el Ejecutivo y el Legislativo reflexionen sobre la importancia de poner en marcha medidas efectivas que, en lugar de estar de espaldas y dar una estocada a la ciudadanía, fortalezcan el sistema de persecución y sanción penal y doten a la Policía y a la Fiscalía de los recursos adecuados para enfrentar estos graves delitos que afectan los derechos y la dignidad humana.
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