A propósito que esta semana se celebró el día del trabajo, ¿qué opinión tiene de las condiciones generales del trabajador promedio en el Perú?
Agradeciendo este espacio en “Capital Humano y Social Alternativo”, reconociéndoles el abordar temas altamente sensibles y no siempre atendidos en su dimensión por el Estado, respondo a la pregunta. El altísimo nivel de proliferación de empleos informales en el país opaca cualquier celebración por esta fecha. Fíjate nomás que en el 2017, cifras oficiales del MEF, esta informalidad ascendió al 72.5% de la PEA ocupada; en tanto que existe un 46.5% de trabajadores dependientes en situación de informalidad laboral, sin beneficios sociales, protección social; ello se agrava cuando existe mayor interseccionalidad, es decir, por ejemplo, en el caso de ser una persona con alguna forma de discapacidad, mujer, indígena, entre otros. Adicionalmente, la paradoja del desarrollo nos trae una precarización de las condiciones labores de muchos trabajadores -entre ellos migrantes- quienes trabajan a través de aplicativos, muy usados por los millennials. Sin embargo, no cuentan con beneficios laborales, se ven expuestos a cubrir la demanda en el menor tiempo posible para poder tener una mejor remuneración, no cuentan con equipos básicos de seguridad que contribuyan a prevenir y mitigar una situación de riesgo y están expuestos a la discriminación ya que muchas empresas optan por reducir las
¿Qué tan frecuente y tan visible se da la explotación laboral y el trabajo forzoso en el país?
Lastimosamente es altamente frecuente y visible la explotación laboral en el Perú, bastaría con citar los casos más emblemáticos y dolorosos ocurridos un año tras otro, el de los cuatro trabajadores del Cine Larcomar de Miraflores, que murieron asfixiados y quemados en noviembre del 2016, Ana Betsabé Torres Cochachín (46), Joel Mario Condori Rejas (27), Zoledad Moreima Oliveros (42) y Sonia Graciela Repetto Chamochumbi (71), en razón de una precaria infraestructura sensible a los incendios y deficientes vías de evacuación, aunados a la cero fiscalización de las autoridades municipales del cumplimento de las normas de Defensa Civil. Y al año siguiente, en junio del 2017, el de los jóvenes Jorge Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (21) cuyo trabajo en condiciones esclavitud les llevó a la muerte calcinados dentro de un contenedor en el que habían sido encerrados con candado en la zona Las Malvinas, ambos siniestros en Lima, la propia capital del Perú, sede de los poderes públicos y entidades de fiscalización. Al 2019, nada nos garantiza que hayamos dejado de ser un país con un alto riesgo en trata de personas en la modalidad de explotación laboral o laboral, especialmente con el reciente incremento de la migración de la población venezolana expuesta a condiciones precarias de trabajo o situaciones de informalidad laboral. En el 2017, según el MININTER, se recibieron 725 denuncias, 34% más que en el 2016, en su mayoría mujeres y el 36% (262) de estas fueron en la modalidad de explotación laboral. Esta situación se agrava si tomamos en cuenta la reducción de recursos públicos para hacer frente a esta problemática, la verdad, cifras de la vergüenza. ¡Cómo es posible que se pretenda enfrentar, luchar contra la Trata de Personas en el 2019, con un presupuesto de S/ 4,7 millones, a razón de S/ 0.15 por persona al año! Parece que ese es el valor que le merece a la actual gestión esta problemática social.
¿Considera que, en general, ha habido avances en la lucha contra todo tipo de explotación laboral?
Quisiera decir que sí, pero la voluntad política de un gobierno se expresa en dotar de recursos económicos para echar a andar las políticas públicas y ya hemos visto que en materia de explotación laboral, Trata de Personas es una de sus modalidades, se ha retrocedido, si es que alguna vez se avanzó significativamente. Y aunque si bien resaltamos la creación de una Superintendencia Nacional de FIscalización Laboral (SUNAFIL) en el 2014, quinquenio de Ollanta Humala, que agrupó a todos los inspectores laborales dispersos en los gobiernos subnacionales y se creó nuevas plazas para cumplir con promover y fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales y las condiciones de trabajo de los trabajadores, aún el número de inspectores resulta infinitamente insuficiente para el alto índice de informalidad existente en el país. Es de resaltar medidas como la ejecutada por el gobierno de Martín Vizcarra a inicios de este 2019, en el mes de febrero, la llamada “Operación Mercurio 2019” para combatir y erradicar la minería ilegal en la zona “La Pampa”, región de Madre de Dios, que como sabemos es la matriz de otros delitos como la misma Trata de Personas, Tráfico de Drogas, Explotación Infantil, en suma “esclavitud”, la cual pareciera estar proscrita en pleno siglo XXI, pero la realidad nos señala que no es así. Fruto de este operativo que movilizó a 1200 policías, 300 miembros de las Fuerzas Armadas y 30 Fiscales, fueron liberadas 51 víctimas de Trata de Personas y actualmente se encuentre en su fase de “Consolidación”, según información oficial, con la finalidad de que el Estado se quede en la zona, hacemos votos porque así sea y no quede en buenas intenciones.
¿Cuál es la importancia que organizaciones de la sociedad civil trabaje coordinadamente con el Estado?
Diría que más que importante, es vital y estratégico. Por ejemplo, desde mi experiencia como ex ministra de Estado, la labor de CHS Alternativo fue muy importante para evidenciar los retos que teníamos para luchar contra la trata de personas tanto en la modalidad de explotación sexual como laboral. Recuerdo que por aquella época, el Ministro del Interior exigió la asignación de recursos para luchar contra la trata de personas, metas y acciones concretas, así se pudo impulsar la creación de centros de atención residencial especializados en este tipo de perfil de víctimas y desde la PCM, exigimos la dotación de recursos para hacer frente a este tipo de delitos con todos los ministerios. Claro está, demás está decir que desde estos sectores que atendíamos esta problemática de forma transversal, de la explotación laboral y sus consecuencias, el MEF históricamente siempre ha sido un hueso duro de roer, se ha mostrado esquivo en asignar mayor presupuesto, aún cuando muy bien pudieran aplicar el famoso PPT (presupuesto por resultados), de cara al aniversario de nuestra independencia en el 2021, en el Bicentenario, donde debiéramos llegar con un país sin informalidad, sin explotación laboral, sin atisbos de esclavitud. El trabajo de las ONGs, es estratégico en la data que proporcionan, que actualizan nuestra estadística, vital para la elaboración de las políticas públicas y son aliados en la restitución de derechos de las víctimas, que pasa por un tema de respeto a sus derechos humanos.
Respecto al caso que usted mencionó, el de los jóvenes fallecidos en Las Malvinas, los dueños del contenedor fueron sentenciados a 35 y 32 años y ahora piden que se les reduzca la sentencia. ¿Qué reflexión le genera esta noticia?
El mensaje tiene que ser claro por parte de nuestros magistrados: Cero tolerancia a todo tipo de explotación laboral, este fue un caso, como dije anteriormente, emblemático para el Perú, mantuvo en vilo a todo el país durante y después de la tragedia del incendio donde murieron estos jóvenes encerrados como animales en un contenedor en condiciones de esclavitud y cuya noticia dio la vuelta al mundo afectando la imagen del país a nivel internacional, retrotrayéndonos a épocas de barbarie que bajo ninguna circunstancia se puede pasar por alto o endulcorar, por más duras que sean las leyes y sus sanciones, Dura lex, sed lex , la ley es dura pero es la ley.
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