Autoridades saludaron la presentación del VIII Informe Alternativo y manifestaron la necesidad de que se asignen recursos para combatir el delito..
Recursos, sostenibilidad y reinserción social son la clave para evitar que las víctimas de trata de personas rescatadas vuelvan a caer en la situación de sometimiento en la que estuvieron. Así lo revelaron los hallazgos y recomendaciones del VIII Informe Alternativo, un documento elaborado por CHS Alternativo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de las acciones realizadas por las instituciones públicas contra este delito durante el periodo 2020-2022.
Durante la presentación del documento, diversas autoridades resaltaron las responsabilidades que tienen las entidades públicas para garantizar la atención y protección de las víctimas de trata de personas, así como la persecución del delito. Rocío Gala, fiscal Superior y Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público, inició su intervención haciendo extensiva sus felicitaciones a la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo por la publicación del documento, puesto que las propuestas y recomendaciones fortalecen el trabajo de las entidades públicas en este tema.
En ese sentido, advirtió que, tal como lo señala el informe, la falta de investigaciones académicas sobre trata de personas y sistemas de información que estén interconectados hace que la data que existe actualmente sobre este delito sea disímil. También coincidió en que el COVID-19 redujo el presupuesto en la lucha contra este flagelo y afectó el trabajo de muchos operadores que se vieron limitado con el confinamiento y la inamovilidad social.
Gala también puntualizó que a pesar de los esfuerzos desplegados por los profesionales, aún se presentan dificultades para la atención integral y sostenida de las víctimas por la falta de recursos. “Las 14 fiscalías especializadas a nivel nacional requieren de una mayor cantidad de profesionales para atender la demanda de víctimas que se presentan. La atención debe ser ininterrumpida, pero esto es debilitado por la falta de presupuesto y la inestabilidad de contrato de los profesionales”, enfatizó.
Mario Ríos, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, también saludó el VIII Informe Alternativo. Durante su participación en la presentación del documento, expuso la situación de las niñas, niños y adolescentes que han sido acogidos por las diversas instituciones de la entidad. En ese sentido, refirió que en los últimos años los Centro de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional atendieron 293 casos de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, de los cuales el 71% fueron menores de edad. Respecto a la Unidades de Protección Especial (UPE), dijo que se reportaron 680 niñas, niños y adolescentes afectados por este delito en situación de desprotección familiar; y en lo que va de enero a julio de este año se registran al menos 88 menores en la misma situación.
Ríos indicó, igualmente que el INABIF y los Centros de Acogida Residencial (CAR) de Lima, Cusco, Madre de Dios, Loreto y Puno tienen albergados a 155 adolescentes víctimas de trata de personas. Ante este escenario, el funcionario destacó la importancia de la reinserción social. “Tenemos que ver la forma de que los menores se reinserten socialmente. La meta no es solo acogerlos, sino determinar qué capacidades les vamos a dar. Tenemos que darles alternativas económicas y de desarrollo personal y, para ello, los recursos son necesarios, para que las intervenciones tengan sostenibilidad”, manifestó.
Por su parte, Susel Paredes, congresista de la República e integrante de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, enfatizó en la importancia de la voluntad política para realizar intervenciones contra este delito, y que estas se realicen de manera adecuada, para que los casos lleven a procesos con sanciones para los tratantes. En ese contexto, indicó que ha presentado una iniciativa legislativa para prevenir situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en las plataformas virtuales.
“El proyecto de ley 00826/2021 que he presentado modifica la Ley 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de información y comunicación para niñas, niños y adolescentes. Se propone que los responsables de las cabinas de Internet, administradores, dueños e, incluso, la empresa que da el servicio y no ofrezcan filtros de seguridad para menores sean sancionados, porque es a través de esos juegos y páginas donde son captados”, dijo.
Paredes añadió que esta propuesta ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso y espera ser vista en el Pleno, por lo cual hizo un llamado para que las y los parlamentarios agenden el proyecto, ya que será un aporte en la lucha contra la trata de personas, y en este caso, la explotación sexual de menores de edad.
Finalmente, Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, reafirmó el compromiso de la institución en la atención de las víctimas y en hacer seguimiento hasta lograr que las conclusiones y recomendaciones emitidas por el VIII Informe Alternativo sean cumplidas. Además, expresó la importancia del presupuesto para hacerle frente a la trata de personas, puesto que si no hay presupuesto, las políticas no se pueden llevar a la práctica. “El presupuesto refleja el grado de atención del Estado a las políticas, sin este no hay real atención al problema”.
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