EDICIÓN ESPECIAL – PARTE UNO.
Como mencionamos en nuestra nota de prensa del 19 de octubre, CHS Alternativo saluda la voluntad política del Ejecutivo por aprobar el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (PNAT), un documento que fue reelaborado constantemente en los últimos seis años al interior del Grupo Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas.
También mencionamos que, más allá de nuestra satisfacción por el nacimiento oficial del PNAT, nos preocupaba el artículo 3 del D.S. 004-2011-IN con el cual se daba vida al PNAT, pues el Plan debía financiarse solo con el presupuesto institucional de los sectores involucrados «… sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público».
Nos preocupaba y nos preocupa porque el presupuesto para el año 2012 -por 95,535 millones de nuevos soles que se aprobó en el Consejo de Ministros el 26 de agosto de este año- no podía reflejar las actividades de un Plan Nacional que terminaría por aprobarse casi dos meses después, el 19 de octubre de este año.
¿Por qué la necesidad de un Plan Nacional cuando, desde el 2007 y 2008, ya existe una Ley y un Reglamento respectivamente que establecen claramente las responsabilidades y funciones de los ministerios y los gobiernos locales y regionales? ¿Por qué la insistencia y ese esfuerzo?
Porque un Plan precisamente sirve para establecer objetivos y metas concretas a los Sectores a cargo de la ejecución de las acciones destinadas a proteger a la ciudadanía de la trata de personas; para establecer metas y objetivos concretos a los operadores de justicia y a los sectores que conducen la persecución del delito; para establecer objetivos y metas concretas a los sectores y funcionarios que deben desarrollar acciones para proteger a víctimas, testigos y peritos de este delito y, finalmente, para programar y proveer los recursos económicos y logísticos necesarios destinados a permitir la ejecución del Plan.
Un plan sin financiamiento y recursos específicos servirá tan solo para que determinados sectores o funcionarios justifiquen su limitada actividad explicándonos que «no cuentan con los recursos necesarios». Y es verdad. Así ocurre.
En CHS Alternativo sabemos perfectamente de esto y no por gusto. No solo por la experiencia en años que tenemos como organización, sino también por los testimonios que hemos ido recogiendo de las distintas regiones del país y en las que se vislumbran las limitaciones del Estado.
De hecho, la primera queja que siempre escuchamos en las Unidades Policiales es algo tan simple como que «no contamos con recursos para hacer las intervenciones que nos corresponde hacer». Ya lo hemos escuchado antes. Y lo escucharemos mañana en la misma capital del país si seguimos asignando nuevas responsabilidades sin los correspondientes recursos.
De allí la importancia de un Plan Nacional que asigne el suficiente presupuesto para lo que ha sido creado. Un PNAT que sea un pacto con la ciudadanía donde se nos diga no solo quiénes son los responsables de llevarlo a cabo, sino con qué recursos se implementará. Recursos que, obviamente, deben ser los suficientes.
Se abre una ventana de oportunidad. En estas semanas le toca a los distintos sectores del Ejecutivo fundamentar en el Congreso de la República sus pliegos presupuestales. Los exhortamos a que revisen el PNAT e incorporen las demandas para cumplir sus nuevos compromisos. De lo contrario el próximo año 2012 les tocará, en el mejor de los casos, «desvestir un santo para vestir otro», dependiendo de las prioridades que los titulares de los pliegos determinen.
En esta edición especial de Reporte Alternativo -especial porque el viceministro de Orden Interno nos ha concedido una interesante y extensa entrevista, que por su extensión la presentaremos en dos partes-, Luis Otárola Peñaranda explica su posición y asegura que no debemos preocuparnos sobre el tema de los presupuestos: que ya sabe cómo lo resolverá.
Nuestra organización, CHS Alternativo, no es nueva en estas lides. La conformamos gente con experiencia en el sector público y el privado. Desde el Grupo Multisectorial hemos contribuido a impulsar la Ley, el Reglamento, el RETA y el Plan, por mencionar sólo algunos hitos importantes. No son pocos los logros. Somos parte de la sociedad civil, y así es como queremos hacernos escuchar.
El viceministro Otárola discrepa de nuestra posición. Así es la democracia.
Nosotros, como miembros activos del Grupo Multisectorial y como representantes de la Red Mirada Ciudadana y la sociedad civil, sentimos y pensamos que es nuestro deber señalar lo que nos preocupa, precisamente para luchar contra este delito. Creemos que el Ejecutivo debe solicitar recursos adicionales ante el Congreso para el desarrollo del PNAT en el corto plazo.
No señalarlo sería mezquino. No para con el Ejecutivo. Para con las víctimas y la ciudadanía a la cual nos debemos.
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