Actualmente coordinadora de proyecto de CHS Alternativo-Iquitos, abogada y becaria de la Fundación Carolina, Erika Valera Seijas ha trabajado en el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, en la Oficina de Control de la Magistratura de Lima.
Desde allí, CHS Alternativo no solo organiza talleres de capacitación sobre explotación sexual y laboral y monitorea la labor de las autoridades como la Policía Nacional del Perú, sino que también ofrece asesoría técnica para la Mesa Regional Contra la Trata de Personas que se estará instalando en breve. Esta es su perspectiva de lo que estaría ocurriendo en la región Loreto.
¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas en la región Loreto?
Es de vulnerabilidad. Lo que ocurre es que las comunidades indígenas están más preocupadas en la reivindicación de su territorio antes que en delitos como la trata de personas. De hecho, ni siquiera lo reconocen como delito, lo cual los convierte en potenciales víctimas.
¿Algún ejemplo de esa situación vulnerable?
Los padrinazgos, por ejemplo, una práctica común en las provincias del país. Es ese sistema en el que los padres, por mejorar la vida de sus hijos, los entregan a terceros -a veces familiares como tíos, a veces desconocidos-, sin percatarse de que los pueden estar exponiendo a situaciones de explotación sexual o laboral.
¿Y qué se hace por estas comunidades?
La Defensoría del Pueblo está tratando de ofrecer charlas ya no solo en Iquitos, sino también en las riberas, donde hay población que debería saber más sobre el tema.
¿Pero hay muchos casos de trata con esta población indígena?
No hay denuncias formales porque los nativos desconocen lo que es el delito en sí. En Iquitos, en cambio, existen más denuncias de desapariciones de menores de edad a tiempo. Si existen denuncias es porque ya saben de las posibilidades del crimen.
¿Qué es lo que más ocurre? ¿Explotación sexual o laboral?
La más común es la explotación sexual. Pero también hay casos de explotación laboral por la tala de árboles, una actividad ilegal en la que se suele captar a los más jóvenes con sueldos ínfimos y condiciones deplorables.
¿La tala informal en Loreto viene a ser el equivalente de la minería informal de Madre de Dios?
Así es, podría ser un equivalente porque el delito de trata de personas suele aparecer vinculado a actividades informales. La tala es un trabajo que se realiza selva adentro, en zonas muy alejadas de la ciudad y muy difícil de fiscalizar.
¿Qué rutas de trata existen dentro de la región?
Hay dos puertos muy recurrentes para las redes de trata: la de Masusa que lleva hacia Yurimaguas -que a su vez es una ruta hacia Chiclayo-, y la de puerto Henry que se dirige hacia Pucallpa -y que sirve para llegar a Piura-. Los tratantes utilizan esas rutas porque desde allí pueden acceder a las carreteras y trasladar a sus víctimas a cualquier punto del país. Recordemos que desde Iquitos solo se puede salir por avión o río.
¿Y no hay mucho control en los puertos?
Se hacen operativos en los puertos pero hay un problema: no existe un control de pasajeros a la hora de zarpar, pues las naves van recogiendo personas y carga en su camino: no tienen rutas directas. Es igual a lo que ocurre con los ómnibus interprovinciales informales en las carreteras. Y estamos hablando de pasajeros que muchas veces son menores de edad o no tienen documentación.
¿Hay personas de otras partes del país que son explotadas en Iquitos?
No, la mayoría son casos de personas trasladadas desde aquí hacia otras regiones.
¿Y qué se está haciendo ahora para frenar esa situación?
Se está sensibilizando en los colegios, se está capacitando a los operadores de justicia y a la población general con talleres. Todo eso está contribuyendo a que en Iquitos se sepa más del tema.
¿Hay alguna novedad en la región a partir de la aprobación del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (PNAT)?
Aparte de los operativos policiales constantes, se acaba de conformar una Mesa Regional para la Prevención y Atención de Casos de Trata de Personas donde participa la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones, el cual se exige dentro del PNAT para realizar labores de monitoreo. Además se ha elaborado una matriz de actividades como Plan de Trabajo: allí se han incorporado temas de prevención, atención y protección a víctimas, considerando que en octubre de este año entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
¿Y qué se espera lograr con ese cambio en el Código Penal?
Se eliminarán varias formalidades que antes obstaculizaban la demostración del delito. Ahora el proceso será más ágil y demorará menos tiempo. Además considera que la víctima no solo reciba protección, sino también una reparación económica y moral.
Finalmente, ¿qué está haciendo CHS Alternativo en Iquitos?
La organización trabaja en la zona desde el 2004 y somos ya un referente de temas de trata de personas y trabajo infantil para muchas instituciones públicas. Asimismo, contamos con un Centro de Atención Legal y Psicológica (CALP) en el que, durante el 2011, se atendieron doce casos, la mayoría por explotación sexual. Aparte también estamos trabajando en un proyecto de fortalecimiento de los sistemas de protección a las víctimas a través de asistencia técnica brindada a la Gerencia de Desarrollo Social.
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