Joel Jabiles – Coordinador de Proyectos, Representante de CHS Alternativo en la Conferencia contra el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
Entre el 6 y 10 de octubre se llevó a cabo la séptima Conferencia de las Partes de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, realizada en Viena – Austria, ¿cuál fue la participación de las organizaciones de la sociedad civil que fueron invitadas?
Se llevaron a cabo diversos espacios de trabajo con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial involucradas en la lucha contra el crimen organizado, en los cuales se abordó la necesidad de promover e incrementar la intervención de las organizaciones en el monitoreo y vigilancia de la implementación de las acciones normadas en las Convenciones por parte de los Estados partes. Tanto la Convención contra la Corrupción como la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional promueven la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y los delitos del crimen organizado, monitoreando activamente al Estado y generando acciones de sensibilización y visibilización de los delitos en la población general. En ese sentido, las dos Convenciones y sus mecanismos de revisión constituyen instrumentos importantes en manos de la sociedad civil de manera que proveen los estándares base para que los gobiernos den cuenta de sus compromisos y acciones para luchar contra los diversos delitos.
¿Cuál es la situación del Perú en relación a las Convenciones mencionadas?
El Perú ha ratificado estas dos Convenciones y ha adoptado en gran medida las normas y acciones indicadas en los documentos, cosa que es importante valorar y resaltar. Ha sido también sujeto de la revisión de la implementación de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Sin embargo, encontramos que todavía existe una brecha entre la legislación y la normativa adoptada y la correcta ejecución e implementación de los mismos. Por ejemplo, en el caso de la lucha contra la trata de personas, el Perú cuenta con un marco normativo importante, incluyendo la Ley contra la trata de personas, así como el Plan Nacional y Planes Regionales de Acción contra la trata de personas. Sin embargo, se evidencia una pobre ejecución de las acciones establecidas principalmente por falta de recursos presupuestales, lo que se puede interpretar como una falta de voluntad política por parte de las autoridades para luchar contra este delito. En ese sentido podemos decir que nos encontramos en una situación donde los políticamente correcto triunfa por sobre la verdadera necesidad de acción por parte del Estado, cumplimos con estándares internacionales y damos una imagen de progreso, pero miles de personas, especialmente niñas y mujeres continúan siendo explotadas a nivel nacional, bajo la vista y paciencia de las autoridades. Y aquellas que sí logran ser rescatadas no cuentan con la asistencia y protección adecuada para su recuperación y reinserción.
¿Cuáles son los factores que han favorecido la expansión de los diversos delitos del crimen organizado en el Perú?
Existen diversos factores que influyen en el incremento del crimen organizado, entre ellos podemos mencionar la poca presencia y fragilidad de las instituciones del Estado en las diversas regiones del país, las deficiencias en el proceso de regionalización principalmente relacionadas al incremento de los presupuestos asignados a los gobiernos regionales y locales sin haber generado los mecanismos de fiscalización adecuados, y que en muchos casos carecen de las estructura burocrática y administrativa para gestionar tales presupuestos. En este sentido, enfrentamos una situación compleja en la cual ciertas actividades criminales se vienen incrementando de manera sustancial; encontramos que delitos como la trata de personas se han expandido y potenciado en diversas regiones del Perú, principalmente donde existe una demanda por servicios de explotación sexual y laboral en contextos como la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, entre otros. Este incremento no puede ser posible sin la complicidad de funcionarios corruptos quienes facilitan la captación, el traslado y la explotación final de las víctimas, algunas veces haciéndose de la vista gorda a cambio de un soborno, beneficio o favor sexual, y en otros casos siendo ellos mismos miembros o hasta cabezas de organizaciones criminales. En los últimos años la estructura del crimen organizado se ha sofisticado pasando a funcionar bajo una lógica de pequeñas y medianas organizaciones criminales diseminadas en todo el país, en un circuito de redes interconectadas donde existen diversas cabezas con roles intercambiables. Esta estructura representa un serio desafío para las instituciones del Estado dedicadas a combatir la corrupción y las economías ilegales en el Perú, ya que una vez que el crimen organizado se ha diseminado en todas la regiones y está en manos de diversos actores civiles y estatales a mayor y menor escala, la corrupción se convierte en algo sistémico y difícil de erradicar.
¿Cómo influye la corrupción en el favorecimiento de las actividades de las organizaciones criminales?
Las diversas actividades ilícitas en las que están involucradas las organizaciones criminales requieren de un alto grado de cooperación por parte de las autoridades locales y nacionales. Las organizaciones criminales obtienen beneficio de la precariedad y debilidad de las instituciones estatales a fin de tener vía libre para llevar a cabo sus actividades y maximizar sus utilidades a un menor costo. Ellos se insertan en las instituciones del Estado, y a través del soborno, el tráfico de influencias, la malversación de fondos, la obstrucción de la justicia, entre otros actos de corrupción, funcionan como puente y sostén para las economías ilegales. La corrupción en este sentido se constituye como un caldo de cultivo para las actividades ilegales como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el terrorismo, favoreciendo y promoviendo el accionar de las organizaciones criminales.
En el caso del Perú, encontramos que existe un vínculo importante entre las condiciones de informalidad, la pobreza, y el desarrollo de diversas economías ilegales, las cuales se han visto potenciadas por las deficiencias en el proceso de regionalización. La descentralización ha generado una situación en la cual muchas regiones cuentan con presupuestos altos sin tener la capacidad de gestión adecuada para ejecutarlos de manera eficiente, lo que ha atraído la atención e inserción de organizaciones criminales en las instituciones estatales, que ven en esta situación una posibilidad para incrementar el control y utilidades de sus actividades.
¿Cuáles serían los resultados más importantes de este evento?
Los resultados más importantes de los foros y mesas de trabajo resaltan la necesidad de incrementar la participación de las organizaciones de la sociedad de civil en procesos de fiscalización y monitoreo de las acciones del Estado dirigidas a combatir los delitos del crimen organizado, así como interviniendo directamente para asistir a las víctimas y en la prevención junto a la población en general. Por partes de las acciones pendientes de los Estados es necesario implementar políticas integrales para combatir los diversos delitos del crimen organizado y la corrupción. Se ha evidenciado en los estudios presentados y en las experiencias de las diversas organizaciones de la sociedad civil participantes la alta correlación entre la corrupción y delitos como la trata de personas, crímenes medio ambientales como la minería ilegal y la tala ilegal, el tráfico de armas, entro otros, lo que resalta la necesidad de generar políticas integrales y multisectoriales tomando en cuenta las condiciones nacionales y locales donde convergen estos delitos. En el caso de la trata de personas, a pesar del evidente vínculo con la corrupción, no existe ningún caso de trata personas en el Perú en el que se haya procesado por actos corrupción. Esto evidencia un grave deficiencia en el sistema de justicia, ya que no existe la trata de personas sin corrupción; es así que es necesario articular en las estrategias para combatir este delito, las acciones vinculadas a la lucha contra la corrupción, ya que esta última constituye un elemento esencial en las diversas etapas del delito, disminuyendo la capacidad de las instituciones del Estado para sancionar a los tratantes y garantizar el acceso a la justicia y protección de las víctimas.
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